Marcelo Gallo Tagle, presidente de la entidad, se refirió a la irrupción de desconocidos en las oficinas del Consejo de Magistratura justo cuando no funcionaban las cámaras de seguridad: “El daño es irreparable”
El juez Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, calificó como “grave, preocupante y escandalosa” la apertura de las declaraciones juradas de 33 jueces por parte de desconocidos que irrumpieron en las oficinas del Consejo de la Magistratura, a fines del mes de junio, justo cuando no funcionaban las cámaras de seguridad del edificio.
“El mensaje es muy particular porque se han manipulado solamente 33 declaraciones juradas, y 23 ó 24 de ellas fueron abiertas pero no se retiró nada. Sólo se accedió a verlas”, remarcó Gallo Tagle, al ser entrevistado en Radio Mitre.
“Claramente el mensaje es que se accedió a verlas. El mensaje que se pretendió dar con esta maniobra es: ‘Lo hice y quiero que se sepa que lo hice y a qué nombres estuve revisando’”, sentenció el juez, al mostrarse muy preocupado por lo ocurrido.
“Se ha manipulado información muy sensible de los magistrados y funcionarios involucrados; no solo de ellos sino también de sus familiares porque en nuestras declaraciones ingresan no solo nuestros datos financieros, bancarios y patrimoniales sino también los de nuestros familiares con identificación muy puntual de cuentas bancarias, tarjetas de crédito. No nos preocupa informar sobre nuestro patrimonio sino que avasallen el derecho de nuestros familiares”, indicó el magistrado.
Entre los 33 afectados por la irrupción en la oficina de declaraciones juradas se hallan los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Guillermo Yacobucci. Y también los jueces de Tribunal Oral Federal Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que son quienes tienen a su cargo el juicio conocido como de Obra Pública, en el que está imputada, entre otros, la vicepresidenta, Cristina Kirchner.
Además, fue abierto el sobre con la declaración jurada del juez federal Ariel Lijo, el de la jueza en lo Civil y representante de los magistrados en el Consejo de la Magistratura de la Nación, Agustina Díaz Cordero, el de la jueza en lo Civil Lucila Califano, el del juez en lo Comercial Hernán Papa, entre otros.
También los sobres con las declaraciones juradas de varios funcionarios y funcionarias, como el de una secretaria y un secretario de la Cámara Federal de Casación, el de un secretario de la Cámara Federal de La Plata, el de un secretario de un Tribunal Oral Federal de la Capital y el de una prosecretaria de la Cámara del Trabajo.Consejo de la Magistratura
Frente a lo ocurrido, el juez federal Daniel Rafecas le delegó al fiscal Ramiro González la investigación, quien solicitó que la Comisaría Vecinal 1 D de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realice un relevamiento en los alrededores del edificio de la calle Sarmiento 877 para determinar si existen cámaras de seguridad tanto públicas como privadas que pudieran haber realizado filmaciones entre el 16 y el 21 de junio pasado.
“Hubo muy rápidos reflejos del Consejo de la Magistratura y de su presidente. Se transparentó lo sucedido, se dio intervención al juez y se abrió un sumario interno”, ponderó Gallo Tagle.
Para intentar conseguir imágenes que podrían llevar a hallar a los responsables de la irrupción, González pidió que el Centro de Monitoreo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires preserve las grabaciones de todas las cámaras de seguridad obtenidas entre el 16 y el 21 de junio pasado. Todo esto no sería necesario si las cámaras de seguridad del Consejo hubieran funcionado.
Si bien todo hace suponer que se tomaron fotografías del contenido de los declaraciones juradas, para Gallo Tagle, aunque no se lo haya hecho, lo que sucedió “es escandaloso”.
“Quizás se obtuvo una fotografía o quizás no se sacó nada. Eso mucho no cambia. El daño está hecho y es irreparable. Cualquiera puede usar esa información ahora o en el momento que quiera”, deslizó el juez.
Gallo Tagle explicó que hay dos declaraciones juradas por cada juez, una pública y una privada. “En la privada, que es la que se vulneró, es donde se dan los detalles más minuciosos”, advirtió.
“El tema de la seguridad es algo por lo que venimos reclamando. Cualquiera accede a nuestra información con una facilidad enorme. Nosotros somos el poder más transparente en cuanto a la declaración de nuestros patrimonios. Eso fue una actuación calculada”, concluyó.