Por las dudas marche preso: usos y abusos de la prisión preventiva Por Horacio Verbitsky
Con una regularidad que cuesta atribuir al azar, las malas noticias para el gobierno nacional son pronto compensadas por el procesamiento o la detención de personas vinculadas con el anterior. El último ejemplo tiene pocas horas: el jueves el jefe de gabinete Marcos Peña Braun, sus colaboradores Nicolás Dujovne y Luis Caputo y el presunto presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, anunciaron el fracaso de su programa económico, lo cual provocó un brinco del dólar y augura un salto proporcional de la inflación, como informan en esta edición Sebastián Soler y Pedro Biscay. El viernes, el Ministerio de Seguridad denunció a nueve diputados de Unión Ciudadana y dos del Frente de Izquierda de haber intentado interrumpir la sesión del 14 de diciembre, en combinación con quienes protestaban en la calle, impedido detenciones que realizaba la Gendarmería y empujado a algunos efectivos. Tiene pocas chanches de prosperar, porque el sorteo asignó la denuncia a la jueza federal María Servini, que no suele prestarse a estos juegos. Al mismo tiempo, su colega Sebastián Casanello resistió la presión oficial para procesar a la ex presidente CFK como presunta beneficiaria de los negocios ilícitos de Lázaro Báez. Imputar “sin sustento probatorio” y salir “a buscar la prueba que permita sustentarlo en un juicio es hacer las cosas al revés”, escribió Casanello. Pero ambos son excepciones a una regla brutal.
Algunos ejemplos no exhaustivos:
- En diciembre de 2015 el presidente Maurizio Macrì designó por decreto a dos jueces de la Corte Suprema en comisión, un escándalo fuera y dentro de la Alianza Cambiemos.
- En enero de 2016 fue detenida Milagro Sala, en una señal de disciplinamiento que dura hasta hoy.
- El 8 de marzo de 2016, el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación consultó al gobierno argentino sobre varias empresas del presidente ocultas en guaridas fiscales. El 1º de abril, la Pontificia Universidad Católica (PUCA) sostuvo que con Macrì los pobres pasaron del 29 al 32,6 % de la población.
- El 2 de abril fue detenido el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y el 5 el empresario Lázaro Báez, con vistoso casco y chaleco antibalas.
- El 1º de febrero de 2017 la tarifa eléctrica aumentó hasta el 148% por ciento. El amigo presidencial Gustavo Arribas fue denunciado por cobrar 600 mil dólares de Odebrecht. La fiscal Gabriela Boquín dictaminó contra el ruinoso acuerdo entre el Gobierno y el Grupo Macrì por la deuda del Correo Argentino y se abrió una investigación penal contra Macrì y el ministro de Comunicación, Oscar Aguad. El 15 los trabajadores bancarios iniciaron un paro por 72 horas en defensa de su acuerdo paritario.
- El 17, el juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena detuvo al ex jefe del Ejército César Milani, por dos secuestros ocurridos en marzo de 1977, sin que hubiera pruebas nuevas.
- El 3 de mayo la Corte Suprema benefició con el 2×1 a represores detenidos. Una gigantesca manifestación de repudio hizo retroceder al gobierno y el Congreso sancionó una ley interpretativa según la cual no puede aplicarse a crímenes de lesa humanidad. El 1º de agosto, durante una irrupción sin orden judicial de tropas de la Gendarmería en una comunidad mapuche de Chubut, desapareció Santiago Maldonado. Dos semanas después, la ex presidente CFK se impuso en las elecciones primarias de la provincia de Buenos Aires. El 1º de septiembre, luego de otra movilización en la Plaza de Mayo por la aparición de Maldonado, la policía detuvo a decenas de manifestantes que no habían participado en ningún desmán.
- El 4 de octubre comenzó el juicio oral contra el ex vicepresidente Amado Boudou por la causa Ciccone, de 2012. El 9, el juez Claudio Glock citó a indagatoria por la firma del Memorando con Irán a CFK, Héctor Timerman y Carlos Zannini, entre otros.
- El 24 de octubre, aumentaron otro 12% los combustibles.
- El 25, Julio De Vido fue desaforado y detenido a disposición de los jueces Glock y Luis Rodríguez.
- El 31 de octubre, Macrì sostuvo que el sistema jubilatorio no es sustentable y pidió ajuste a los gobernadores, los sindicatos y las universidades públicas.
- El 3 de noviembre el juez Ariel Lijo ordenó la detención y exhibición del ex vicepresidente Amado Boudou, descalzo, esposado y en piyama.
- En noviembre volvieron a aumentar las naftas. Desapareció el submarino San Juan con 44 tripulantes. La Prefectura mató por la espalda al joven mapuche desarmado Rafael Nahuel. En la causa por las coimas pagadas por Odebrecht para asegurar que las empresas del Grupo Macrì obtuvieran las obras del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, se solicitó un embargo por 54 millones de pesos contra el primo presidencial Angelo Testaferra. Las dos CTA y sectores significativos de la CGT y los movimientos sociales anunciaron una marcha al Congreso en rechazo al proyecto de reforma laboral.
- El 7 de diciembre Glock ordenó la detención de CFK (previo desafuero) y de sus ministros Héctor Timerman y Carlos Zannini, entre otros, por traición a la Patria.
- El 13, 14 y 18 de diciembre centenares de miles de personas protestaron en el Congreso por la reforma previsional. Fueron reprimidos por gendarmes y policías.
- El 28 de diciembre el juez Julián Ercolini ordenó la detención de Cristóbal López.
El champagne de la vendetta
Aunque la diputada macrista Elisa Carrió brindó con champagne por la detención de Julio De Vido, ni el presidente ni sus ministros celebraron en público esa perversa forma de gobernabilidad. A un tercio de siglo de concluida la última dictadura es ostensible que la lenidaddel Estado Libre Asociado de Comodoro Py en el apogeo del poder se transmuta en inquina en la contrariedad o el ocaso. Y ningún gobierno tuvo tantos y tan buenos motivos como el actual para temer el cambio en la dirección del viento.
Hay además, una inquietante pugna entre sectores de la justicia. Preside la República Autónoma del Cuarto Piso Ricardo Lorenzetti, hijo de una maestra y un empleado de comercio, que hizo fortuna en el pago chico de Rafaela atendiendo a sindicatos y pequeñas empresas. Por eso tiene afinidad con buena parte de los jueces federales que, como él, provienen de una clase media baja con aspiraciones. En su ascenso tiende a acomodarse a las coyunturas políticas y al mismo tiempo adhiere a la constelación de valores de las clases dominantes. No hay más que ver cómo cambiaron la gestualidad, los trajes, las corbatas, el bigote, la esposa y los destinos aéreos de Lorenzetti desde que llegó a la Corte Suprema.
Durante sus años como hombre de negocios dudosos con el Estado, Macrì contó con la asistencia legal, entre otros, del estudio Allende & Brea, uno de los principales del Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires, que reúne a los lawyers de las grandes empresas transnacionales, cuyos líderes integran el gabinete nacional. Lorenzetti comprendió que había allí una alianza de clase, que en la Corte representa Carlos Rosenkrantz. Para defender su espacio de poder impulsó la creación de una Asociación de Jueces Federales, que preside Ariel Lijo, el juez que debería investigar la defraudación al Estado del Correo Argentino, propiedad de las Sociedades Macrì (SOCMA). El Poder Ejecutivo encomendó al Colegio de Abogados de la City, sin explicar las razones de este empoderamiento, una auditoría sobre los juzgados federales. La condujo su presidente, Guillermo Lipera, quien entregó un dictamen crítico de dos juzgados que preocupaban al gobierno: el de Daniel Rafecas y el de Lijo, a quien al mismo tiempo demolió La Nación con sucesivas notas sobre la súbita riqueza familiar, donde hay más fuentes de las que se pueden mencionar. Rafecas, a quien justicialistas y radicales detestan por su investigación sobre las coimas en el Senado para aprobar la ley Banelco de precarización laboral, y el macrismo por haber considerado que la firma del memorando con Irán no constituía delito, fue citado por el Consejo de la Magistratura. Su defensa impecable, junto con el apoyo explícito de numerosas organizaciones de la sociedad civil, paralizaron la mano del verdugo. Antes de ver la sombra de la guadaña, Lijo ordenó la detención preventiva de Boudou y adormeció la causa del Correo. El conflicto entre los cogotudos del Colegio y los plebeyos de Comodoro Py se resuelve con la detención de algún ex caído en desgracia. El más duro gana. Este juego de poder es tan florentino, que el Colegio de la City cuestionó el uso de la prisión preventiva como pena anticipada y citó los tratados internacionales de Derechos Humanos, nada menos. La realidad no se puede leer on the record.
Sin fundamentos
Al dictar las prisiones preventivas por el memorando con Irán, el juez Glock comenzó con una solidez doctrinaria y jurisprudencial que se le escurrió como arena entre los dedos al analizar los hechos y situaciones de cada imputado. Al carecer de una imputación razonable, no pudo fundamentar el probable rol de los imputados. Luego de una buena cita de Alberto Bovino sobre la excepcionalidad de la prisión preventiva, que la gravedad de la pena posible no alcanza a justificar, la contradijo con dos informes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de 1996 y 1997, que el propio Bovino desdeña en su blog como “absolutamente desactualizados. No cita ningún informe posterior de la Comisión y ningún fallo de la Corte IDH”. Glock eligió el parágrafo del informe 2/97 que pondera “los valores morales demostrados por la persona”, lo cual lo acerca al derecho penal de autor y no al de acto, que es el que se deriva del artículo 18 de nuestra Constitución. Las tropelías interpretativas se multiplican en los casos de Cristina, Timerman y Zannini. ¿Qué tendrá que ver la “complejidad que reviste la maniobra ilícita” que les atribuye, con los riesgos procesales de fuga u obstrucción de la investigación, por los vínculos que podrían existir? El condicional es inadmisible: si hay riesgos el juez debe probarlos, no conjeturarlos sin pruebas. Luego invoca que restan por analizar más de 250.000 mails de la Cancillería y de la Procuración del Tesoro, además de las conversaciones telefónicas de 207 líneas intervenidas. Así confiesa que detuvo para investigar y no por las pruebas de una investigación previa. Según el ritmo que lleve Su Señoría, en caso de que no se retire mañana, ya que obtuvo la jubilación al 1° de enero, todos podrían morir en detención preventiva, antes de que la conclusión del trabajo demuestre que no cometieron delito alguno. Esa es una ilegal inversión de la carga de la prueba.
El remate es propio de Dadá: “Puede sostenerse, fundadamente, que poseían determinadas capacidades que incrementan su potencial (contactos, información privilegiada, medios económicos y capacidad de acción) tanto para evadirse, como para dificultar la producción de pruebas”. ¿Fundadamente? Al menos no en este festival de potenciales y especulaciones. ¿Se acuerdan de Groucho Marx?: “He pasado una noche extraordinaria, pero no ha sido esta”.