Chubut Para Todos

Un aumentito para los amigos del intendente

El intendente electo del PRO en Pinamar, Martín Yeza, pese a denunciar que “recibió un municipio quebrado” y pocos días después de haber “recortado” viáticos y gastos de representación de su sueldo por significar un “gasto inmoral”, el joven jefe comunal “decretó aumentos” de entre el 98 y el 70 por ciento en los sueldos básicos “de la planta política de la municipalidad” y además “otorgó dos bonificaciones de 16 mil pesos”. En paralelo, agrega, “dejó de publicar los decretos en Internet”.

Según Pagina 12, además del incremento sobre el básico, el intendente sumó al sueldo de sus colaboradores dos bonificaciones de 16 mil pesos cada una en concepto de “bonificación por función” y “bonificación por disponibilidad horaria”. Diarios locales difundieron el recibo de sueldo del secretario de Salud de la municipalidad, Jorge Luis Benítez, en el que constan ambos aumentos, que completan un sueldo de 42 mil pesos en mano. Yeza explicó que la remuneración corresponde “a los funcionarios que casi no duermen y tienen una dedicación exclusiva en temporada alta”. “Había un desfasaje –agregó el intendente–. En Pinamar, cerca de 380 empleados municipales ganan arriba de 21 mil pesos, lo que hicimos fue equipararlos con los cargos jerárquicos, que pasarán a ganar lo mismo”.

Hace un mes, el propio intendente aseguró que los sueldos representaban “91 por ciento del presupuesto” y presentó su propia quita como un gesto de austeridad frente al estado crítico de las finanzas del municipio, que adjudicó a la gestión saliente. Ante la pregunta de cómo había encontrado el municipio, respondió, entre risas: “Con un café con leche y dos medialunas”. Con ese planteo, Yeza se negó durante el principio de su gestión a otorgar recategorizaciones pendientes a los empleados municipales y la actualización del 15 por ciento sobre el básico que firmaron en octubre del año pasado. Con los guardavidas intentó algo similar: sin paritarias, la Asociación de Guardavidas de Pinamar (AGP) logró que el Ministerio de Trabajo de la provincia dictara la conciliación obligatoria con el municipio, que se negaba a discutir un aumento salarial. “Se manejan con una doble vara, igual que el gobierno nacional, del mismo signo político del intendente: transfieren recursos a los que más tienen mientras recortan a los trabajadores”, sostuvo el concejal del FpV, Gregorio Estanga.

Otro de los cuestionamientos sobre los aumentos es la falta de transparencia. Mientras en el sitio web de la intendencia se muestra “la agenda pública” del intendente, con sus reuniones diarias, el decreto que instrumenta los incrementos salariales de los funcionarios al que accedió Página/12 no fue publicado en el Boletín Oficial. “A pesar de que se muestran como una gestión transparente, aún no publicaron el decreto y las planillas de los sueldos no fueron actualizadas. Sabemos que van por más de 400 decretos que aún no conocemos, pero desconocemos hasta dónde puede llegar esto”, denunció el concejal.

Mar picado

El verano tuvo mar picado con otros escándalos. Uno de ellos fue la destitución a mediados de enero del director de Seguridad en Playa, Germán Sevrain, quien denunció que la intendencia pretendía designar a dedo a seis guardavidas, eludiendo el llamado a concurso y en contradicción con la ley provincial que regula la actividad. Antes de dejar el cargo, Sevrain presentó un informe, que llegó a manos de los concejales opositores, donde pone de manifiesto los manejos de Yeza. “Al día de hoy se encuentran personas trabajando que no se han presentado a realizar el mismo, por lo tanto se está violando la ordenanza 3938/11”; “no fue respetado el compromiso político tomado en campaña sobre el estricto cumplimiento de leyes vigentes sobre el desarrollo correcto del operativo de seguridad en playas”, y “cabe aclarar y debo desmentir que los guardavidas al día de la fecha cobren 33 mil pesos como se dijo en los medios de prensa”, son algunos de los puntos que figuran en el informe que presentó el ex funcionario, nombrado y destituido por el propio Yeza en poco más de un mes.

Parte del decreto 250/16 que aumenta los sueldos.

“Me acerqué al intendente por sus promesas de campaña, pero una cosa fue lo que hablamos antes de las elecciones, que íbamos a cumplir las leyes, y otra cosa es lo que pasó después”, le dijo Sevrain a este diario. Cinco días antes de ser despedido, el ex funcionario recibió un memo oficial de la municipalidad, firmado por el secretario de Seguridad, Matías Yeannes, que le exigía “elegir 6” de un total de “10 agentes” para desempeñarse como guardavidas, sin concurso público mediante. Como se negó, recibió un ultimátum: “Eso no te lo firmo, les dije. Y me contestaron que renuncie o el propio intendente me daba el flit”, contó. Entre los diez encargos a dedo, se encontraba Marcelo De Marco, un empleado municipal procesado por agredir físicamente en 2002 a un equipo de CQC que se acercó al municipio a realizar una investigación. “Lo eché porque no trabajaba en equipo”, explicó Yeza a Página/12, al tiempo que negó que De Marco hubiera estado en la lista. En 2002, entre los despedidos tras el escándalo con CQC se encontraba el padre del intendente, Jorge Yeza.

Bandera negra para los guardavidas

Los turistas que llegaron a Pinamar se encontraron con un veraneo rodeado de conflictos gremiales. Los guardavidas hicieron punta con seis medidas de fuerza en lo que va de la temporada, que se sumaron a dos movilizaciones en febrero que realizaron los municipales ante la sede de gobierno local. “Recibimos muestras de apoyo incondicional. Lo cual es bastante curioso porque está claro que si estás de vacaciones, lo último que te querés encontrar es con que se cierren las playas y haya manifestaciones y cortes de calle. Nos ha ocurrido que nos han aplaudido al pasar con una caravana por los puestos de guardia”, relató Fernando Espinach, secretario general del Sindicato de Guardavidas.

El conflicto se inició a partir de la negativa de las nuevas autoridades de abrir la instancia de paritarias, conflicto que estaba por destrabarse al cierre de esta edición. Durante su desarrollo, Yeza llegó a declarar que “cada guardavida le cuesta al municipio 33 mil pesos”, lo que fue desmentido por Espinach, quien aseguró a este diario –con recibos de sueldo– que los salarios promedio no superan los 21 mil pesos. El conflicto subió de tono cuando tres trabajadores fueron cesanteados en el marco de la conciliación obligatoria. “Nunca vi un papelón semejante, que se admite mediante un decreto que se estaba violando una ley”, ironizó Espinach. “Fue porque se agarraron a piñas con un superior”, reconoció el intendente. “Sabíamos que podíamos esperar eso –respondió Espinach–, pero no tal nivel de torpeza e improvisación”.