El exintendente de Trelew y actual presidente del partido Chubut Somos Todos (ChuSoTo), Máximo Pérez Catán, participó en el programa “Invencibles” donde se refirió a la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante y la aplicación del aumento en la tarifa de la Cooperativa Eléctrica. El dirigente consideró que el debate será inevitablemente polémico debido a la sensibilidad del tema y su impacto directo en la economía de los ciudadanos.
“Siempre que hay discusiones sobre tarifas, ya sea de la cooperativa eléctrica o del transporte público, son polémicas porque afectan el bolsillo de la gente y ponen en discusión la calidad del servicio”, sostuvo Pérez Catán. Además, recordó que durante la gestión de Adrián Maderna se implementó una ordenanza que permitía aumentos automáticos sin debate previo en el Concejo.
Uno de los puntos clave que se discuten actualmente es la resolución del Ejecutivo Municipal, que durante el receso del Concejo Deliberante dispuso el aumento tarifario mediante una ordenanza a referéndum. “Cuando la decisión del intendente se somete a discusión en el Concejo, ya sea en esta sesión extraordinaria o en la ordinaria dentro de 15 días, va a generar polémica”, afirmó.
En este contexto, Pérez Catán hizo memoria sobre un caso previo donde la Cooperativa Eléctrica aplicó un aumento de manera retroactiva, lo que derivó en una demanda judicial y la posterior devolución del monto a los usuarios. “Fue durante la gestión de Gómez Lozano, y el juez determinó que el aumento solo puede aplicarse a partir de la próxima medición, no sobre consumos ya realizados”, explicó.
Sobre el mecanismo de implementación del incremento, el referente del ChuSoTo detalló que la tarifa debería aplicarse en la próxima facturación, que se realiza de manera bimestral. “El aumento debería haber sido aplicado en marzo y el segundo tramo en abril, pero depende de cuál sea la próxima medición”, señaló, generando interrogantes sobre la corrección del procedimiento.
Finalmente, el exintendente hizo una reflexión sobre la intervención de la Cooperativa y el rol del juez federal Hugo Sastre. “El interventor no necesita permiso del juez para fijar tarifas, contratar o despedir empleados. Su tarea es administrar correctamente la entidad y presentar informes para que el INAES determine su viabilidad financiera”, concluyó Pérez Catán.