Chubut Para Todos

Macri, Moyano y el resto del mundo Por Jorge Raventos

Si el Gobierno se proponía aislar al dirigente sindical, en esta ocasión lo ha conseguido con ayuda del propio camionero, que empujó hacia afuera a sus compañeros peronistas.

Un sector del oficialismo y de sus alrededores festeja el creciente enfrentamiento entre el gobierno y los gremios. Ciertos comentaristas celebran que la Casa Rosada “”ya no puede dar marcha atrás”” y estaría forzada, según ellos, a continuar hasta el final una ofensiva cuyo blanco central parece ser Hugo Moyano. Hasta el final querría decir -se supone- hasta aislarlo, neutralizarlo, ponerlo en situación análoga a la del Caballo Suárez, debilitar el peso del sindicato de Camioneros en el campo gremial y, de paso, relativizar la influencia de los sindicatos en la economía y en la política.

Para una porción del país (no tan grande, pero sin duda influyente), el obstáculo que impide a la Argentina ser un país moderno, del primer mundo, es la herencia peronista. Algunos lo expresan sin pelos en la lengua (“Es el peronismo, estúpido”), otros, más contenidos, apelan a los eufemismos o demuestran su amplitud ufanándose de tener algún amigo peronista.

Esa porción intensa del electorado de Cambiemos determina en parte la atmósfera que respira el Gobierno, pero su pensamiento no es exactamente el mismo que guía al centro del macrismo. En la Casa Rosada no prevalece un ánimo excluyente ni un proyecto de regreso al pasado, aunque sí una disposición a pelear por el predominio y el disciplinamiento si éstos son resistidos. Basándose en sus triunfos electorales, el gobierno considera legítimo su derecho a administrar sin interferencias.

LEGITIMIDADES

La legitimidad es indudable, aunque esas victorias no fueron tan concluyentes (Macri es presidente vía balotaje -su electorado propio sumó un tercio de los votantes-, sus bloques parlamentarios no le alcanzan para garantizar leyes en soledad y eso lo tienta a firmar decretos) y su gestión, aunque ha conseguido algunos logros destacables, no acierta a contener firmemente la inflación ni ha conseguido atraer la ola de inversiones que pronosticaba.

Es precisamente en estas falencias donde abreva la legitimidad de los reclamos sindicales: los trabajadores no quieren que sus ingresos pierdan frente al costo de vida ni que los puestos de trabajo se recorten. Esa legitimidad también cuenta.

La pulseada entre los gremios y el gobierno tendrá un round imperdible el próximo miércoles, cuando pararán y se movilizarán los camioneros de Moyano y sus aliados.

La jornada había sido convocada por la CGT, aunque desde el inicio tomaron distancia los sindicatos que se expresan en el triunvirato cegetista a través de Rodolfo Daer. Con el transcurrir de los días, otro de los triunviros, Carlos Acuña también quitó su respaldo al acto de Moyano y finalmente se distanció Luis Barrionuevo, referente de la llamada CGT Azul y Blanca.

Si el Gobierno se proponía aislar a Hugo Moyano, en esta ocasión lo ha conseguido con ayuda del propio dirigente camionero. Fue él quien, tratando de extender la influencia de su movilización, buscó el apoyo del kirchnerismo y de la izquierda. Al hacerlo, empujó hacia afuera a colegas peronistas que en muchos casos sufren en sus organizaciones el hostigamiento de las corrientes sindicales inspiradas por el trotskismo y que no quieren ya cargar en sus espaldas la pesada mochila kirchnerista. 

DEBATE PERONISTA

Este último punto es, por lo demás, el eje actual del debate en el seno del peronismo. Un sector -notoriamente motorizado por una corriente transversal de intendentes del conurbano- propone una estrategia de unidad ante todo, que si bien preferiría que el kirchnerismo (y, sobre todo, su jefa y sus caras más gastadas) mantengan un perfil bajo, no excluyen de esa convocatoria al ala K. Para ellos es imprescindible contar con los votos que respaldaron a CFK en octubre cuando, en 2019, pongan en juego sus propios poderes locales.

Otro sector, en el que podría anotarse a los principales gobernadores justicialistas (con excepción de Alberto Rodríguez Saa), al peronismo federal legislativo con Miguel Pichetto a la cabeza, y los sectores sindicales que tomaron distancia del acto de Moyano ( también algunos que lo apoyarán el miércoles 21), pone un límite a la estrategia de unidad: nada con Cristina Kirchner y los suyos. Desde este sector reclaman, también, un debate interno amplio, destinado a actualizar la doctrina y formular una alternativa inteligente a la coalición gobernante.

Hay temas que exigen y exigirán en breve tomas de posición de parte del peronismo. Uno de ellos es el que atañe a la seguridad y la defensa. Los ministros de esas áreas, Patricia Bullrich y Oscar Aguad han visitado en estos días Estados Unidos (“Fueron los dos a Miami a decirles a los yanquis que hicieron los deberes”, fustigó Hebe de Bonafini) y prometen novedades. Bullrich anticipó un cambio de doctrina en materia de seguridad que, hasta el momento, no mereció ningún comentario de voces peronistas.

DEFENSA Y CONSENSO

El gobierno ha hecho trascender, por otra parte, que se propone constituir un Consejo de Seguridad Nacional que, al parecer integrará representantes de distintas fuerzas políticas, procurando dotar de consensos amplios a las políticas de seguridad, defensa e inteligencia. Es una iniciativa oportuna. Hay mucho para actualizar, mucho para corregir, mucho para proyectar.

A partir de la derrota de Malvinas, último capítulo del período iniciado con el derrocamiento de María Estela Martínez y el establecimiento de un gobierno dictatorial signado por el enfrentamiento con las organizaciones terroristas, el ineludible repliegue de los militares a los cuarteles y el juzgamiento de los máximos responsables de la dictadura y de aquellos que cometieron delitos a su amparo (“Quienes dieron las órdenes y quienes se excedieron en el cumplimiento de las órdenes”, había dicho Raúl Alfonsín) no resultaron satisfactorios ni para sectores de la militancia política ni para un amplio fragmento de la opinión pública, que íntimamente requería (aunque no se animara a formulárselo plenamente) la minimización extrema de las fuerzas, quizás su evaporación.

Al iniciarse el siglo XXI, cuando parecía que aquellos sentimientos negativos habían perdido intensidad, el gobierno kirchnerista volvió a fogonearlos, en una mezcla de ideologismo y búsqueda pragmática de un enemigo que alimentara la polarización y fortaleciera así a su corriente, que había accedido a la Casa Rosada con un 22 por ciento de los votos.

Ese consenso, soldado por el kirchnerismo ya estaba resquebrajado en el crepúsculo del gobierno anterior. Hebe de Bonafini, emblema devaluado pero vigente de aquel antimilitarismo, así como los jóvenes cristinistas de La Cámpora, ensalzaba la figura del entonces jefe de Estado Mayor del Ejército (y dueño de su aparato de inteligencia) y aplaudía la presencia de efectivos de la fuerza en las villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y localidades del interior.

El Ejército ya actuaba, asimismo, en operaciones de control del narcotráfico, en el marco del operativo Escudo Norte y esta situación (“que fuerza los límites de las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior”, según protestaba el kirchnerista ex jefe del CELS, Horacio Verbitsky) ya era avalada tanto por Daniel Scioli como por Mauricio Macri.

Que aquel consenso realimentado por el kirchnerismo se encontrara ya entonces en disolución no implica que la dirigencia o la sociedad hayan acordado hasta ahora uno nuevo. La realidad va imponiendo su agenda y la demanda de pensar y proyectar una estrategia en este campo sigue vigente.

La presencia militar en el combate a las redes del narcotráfico, por ejemplo, es descripta en términos de la década del 70, como secuela de acontecimientos de entonces. Se la cuestiona alegando que las Fuerzas Armadas no deben actuar en cuestiones de seguridad interna.

Hoy en toda la región se observa la participación militar en cuestiones de seguridad interior: es que la globalización disuelve los conceptos de afuera y adentro: las organizaciones del delito transnacional no son ejércitos que se congregan en las fronteras para lanzar desde allí alguna ofensiva: actúan en redes transnacionales para las que las fronteras son un leve obstáculo; se filtran a través de ellas como la peste.

Algunos intelectuales marxistas dedicaron páginas y páginas en la década del 60 para describir al imperialismo como factor interno. Se trata de aplicar la misma mirada al crimen transnacional. La gran muralla entre asuntos interiores y asuntos externos que concibió el consenso de los años 80 se ha vuelto irrelevante. Defensa y seguridad se entrelazan.

En Brasil, Colombia, Perú, México (pero también en Venezuela) -para citar los ejemplos más notorios- los militares están claramente involucrados en tareas de seguridad interior, tropas de elite de Nicaragua combaten el narcotráfico. Y en Paraguay se desplegó fuerza armada para reprimir la guerrilla del EPP.

Como en otras materias, Argentina (sus instituciones, sus partidos, sus fuerzas sociales) debe responder las preguntas que plantea el presente y su proyección a mediano y largo plazo. En este caso: ¿qué fuerzas armadas y de seguridad necesita, con qué tareas, en el marco de qué Estado, con cuál papel en la región y en el mundo?