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Una parábola: los nuevos factores de inestabilidad

Replegada ya por décadas la sombra de los golpes militares en América Latina, no resulta sin embargo evidente lo que podría haber sido una consecuencia de  aquel retroceso: la garantía de estabilidad de los gobiernos surgidos de las urnas. Aunque no se produzcan cuartelazos, muchos presidentes dejan sus cargos anticipadamente “por motivos ajenos a su voluntad”, como alguien resumió.

En un estudio ya clásico para los cientistas políticos publicado en 2011, Kathryn Hochstetler y David Samuels apuntaron que entre 1978 y 2010 la cuarta parte de los presidentes electos (y en algunos casos  también sus sucesores institucionalmente designados, como ocurrió en Argentina con Adolfo Rodríguez Saa y Eduardo Duhalde) vieron abruptamente interrumpidos sus gobiernos.

El reciente apartamiento de Dilma Roussef en Brasil (más el delicado equilibrio en el que sobrevive su sucesor, Michel Temer) constituye un nuevo ejemplo del fenómeno, de apariencias paradójicas: caen gobiernos pero el régimen político subsiste.

Algunos podrían tomar el dato como una señal  de fortalecimiento institucional. La interpretación es adecuada si sólo se toma en cuenta el hecho de que el antiguo desborde militar periódico sobre el poder parece controlado, pero las instituciones distan de verse vigorosas: una Justicia cuestionada, partidos políticos endebles y desarticulados, normas transgredidas con naturalidad o dictadas en función de casos particulares, una porción enorme de la realidad laboral y productiva sumida en la extralegalidad, multiplicación de casos de corrupción  son tantas otras señales de  que no hay demasiados motivos para la  autoindulgencia en ese campo.

Los especialistas tienden más bien a considerar que “se ha creado un nuevo patrón de inestabilidad presidencial” y destacan que, aunque es cierto que los militares ya no intervienen, han emergido  otros factores de poder y grupos de  presión que intervienen decisivamente en el ruedo político y, en ocasiones, llegan a desestabilizar a los gobiernos. Uno de ellos, apuntan, “los medios de comunicación (…) que asumen  el papel de guardianes de la moralidad pública”; otro, la calle, pues  las protestas populares muchas veces se convierten en arietes que conmueven la estabilidad de los gobiernos. La Justicia (o, si se quiere, algunas de sus fragmentos constitutivos) juega un papel en “el nuevo patrón de inestabilidad”, alimentada por las demandas de la calle y/o por la atmósfera de opinión pública a la que contribuyen los medios. Otras fuerzas políticas y el propio Poder Legislativo pueden participar decisivamente. Como escribe María Matilde Ollier (La institucionalización democrática en el callejón. América Latina), «a veces decide la destitución del presidente presionado por las protestas y otras usándolas como excusa».

Para no incursionar en teorías conspirativas, es preciso situar ese “nuevo patrón de inestabilidad” en el marco más amplio de la crisis contemporánea en la que modelos económicos y formas institucionales gestadas en otro contexto y respondiendo a otra realidad  deben adaptarse (o convivir conflictivamente) a las condiciones de  una economía y una sociedad en muchos sentidos mundializadas, donde se cruzan hechos e influencias que afectan a las naciones pero están fuera del control de sus poderes.

Por momentos algunos fragmentos del “nuevo patrón de inestabilidad” adquieren más protagonismo que otros. El ejemplo del Brasil actual, por caso, evidencia el papel central que está jugando la Justicia (en rigor, el sector de jóvenes magistrados y fiscales que tienen como figura central al juez Sergio Moro), en un eje virtual con un sector importante de los medios y una parte de la opinión pública. Moro no sólo está trabajando sobre la (frágil) presidencia actual de Michel Temer, sino que está actuando asimismo sobre quien, según las encuestas, aparece como el candidato más fuerte a la presidencia en las elecciones de 2019.

En los hechos, si una Cámara de segunda instancia ratifica la condena que Moro le impuso, Lula quedaría legalmente inhabilitado para ser candidato. La Justicia intervendría, así, no sólo sobre la estabilidad de un gobierno en funciones, sino también sobre el diseño del siguiente.

¿Pero “la calle”, ese otro fragmento del “nuevo patrón” que detectan los especialistas, acataría aquel diseño o podría producirse una reacción y más fragmentaciones?

Como se ve, haber superado la era de los golpes militares es apenas haber aprobado una materia. El título de la fortaleza institucional tiene muchas asignaturas pendientes que tienen que ver con la realidad. Argentina puede aprender de su propia experiencia y también de la ajena.

Por Jorge Raventos