La Marcha Universitaria y la sesión caída en Diputados muestran una paradoja: la protesta social frena políticas en la calle, pero aún no logra construir una alternativa de poder. Oposición fragmentada mediante, Javier Milei gana tiempo y conserva la iniciativa.
Hay un libro de Miguel Bonasso que permite pensar una de las grandes tensiones de la política argentina: El palacio y la calle, la crónica de la crisis de diciembre de 2001. Es interesante cómo el título del libro remite a la combinación de dinámicas entre ambos espacios, el del reclamo popular y el de la toma de decisiones. El contraste con aquel momento es claro. Milei mismo representó un “que se vayan todos” electoral, sintetizado en su consigna contra la casta. Sin embargo, sus políticas de ajuste se parecen a las que generaron el estallido del 2001.
Es como un “gemelo invertido” del 2001. Entonces, la conflictividad social convivía con una dirigencia política en crisis terminal y una economía bajo presión. La Argentina de Milei no es la de Fernando de la Rúa, ni la protesta universitaria, que viene siendo vanguardia de la oposición callejera al Gobierno, anuncia por sí misma una crisis terminal. Lo que sí podemos observar es una combinación paradójica de desgaste social, fragilidad institucional y dificultades de la oposición para construir una alternativa. En ese escenario, Milei parece beneficiarse tanto de la fragmentación de sus adversarios como de una cuota de suerte política. Ni el palacio ni la calle todavía lo desbordan.
Cuando las circunstancias podrían empezar a volverse en su contra, algo ocurre —una mejora relativa del humor social, una coyuntura internacional favorable, una oposición que no logra coordinarse— que le permite ganar tiempo y evitar que los conflictos converjan en una crisis general. La pregunta es cuánto puede durar esa suerte y qué sucederá cuando el palacio y la calle vuelvan a acercarse.
La quinta Marcha Federal Universitaria y el fracaso de la sesión en Diputados para tratar la derogación del DNU 70/2023 sobre tierras dejaron una fotografía de la política argentina que conviene observar sin exageraciones. Por un lado, una movilización multitudinaria, capaz de reunir a estudiantes, docentes, rectores, sindicatos y sectores sociales que tienen motivos distintos para cuestionar al Gobierno. Por el otro, una oposición parlamentaria que no consiguió reunir los 129 diputados necesarios para abrir el debate sobre un decreto que quería derogar. Entre ambas escenas aparece una paradoja: hay descontento, hay desgaste y hay conflictos que se acumulan, pero todavía no se configura una fuerza política capaz de transformar esa disconformidad en una amenaza para la continuidad del proyecto de Javier Milei. La calle muestra que existen límites sociales a sus políticas; el Congreso, que esos límites todavía no se convierten en una mayoría alternativa.
La movilización universitaria tuvo una dimensión que excede largamente la discusión presupuestaria. La defensa de la educación pública funcionó como un punto de encuentro para reclamos vinculados con la discapacidad, las jubilaciones, el endeudamiento de los hogares, la ciencia, la salud y la soberanía nacional. Esa capacidad de reunir demandas diferentes es políticamente relevante: demuestra que el malestar no está encapsulado en un único sector ni depende exclusivamente de las organizaciones partidarias.
Veamos algunas imágenes de la movilización.
La experiencia francesa ofrece un antecedente interesante para pensar el papel que pueden desempeñar los estudiantes en una etapa de descontento social. En Francia, las movilizaciones estudiantiles han funcionado históricamente como catalizadoras de protestas más amplias, capaces de conectar los reclamos educativos y generacionales con el rechazo a las reformas económicas y las políticas de los gobiernos. Su fuerza no reside solamente en la cantidad de jóvenes que salen a la calle, sino en su capacidad para activar a otros sectores, renovar las formas de protesta y convertir un conflicto particular en una discusión sobre el rumbo general del país. En ese sentido, los estudiantes pueden actuar como una chispa que enciende un malestar preexistente, aunque eso no garantice por sí mismo que la movilización se sostenga ni que consiga modificar las relaciones de poder.
El conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas puede leerse no solamente en términos económicos o ideológicos, sino también como un conflicto epistémico: una disputa por quién tiene autoridad para producir conocimiento, establecer criterios de verdad y determinar qué saberes merecen reconocimiento social. La universidad representa una institución que legitima su autoridad mediante la formación académica, la investigación, la evaluación entre pares y la acumulación de conocimientos. Frente a ella, Milei asegura estar librando una “batalla cultural” contra instituciones que considera difusoras del marxismo. Además, se considera un profeta designado por Dios y asistido por las fuerzas del cielo, algo que lo hace entrar en conflicto con todas las disciplinas generadoras de sentido, como los periodistas, artistas y científicos.
Cuando el Gobierno cuestiona sus resultados, sus autoridades o sus mecanismos de funcionamiento, también pone en discusión quién tiene derecho a definir qué significa saber y qué valor tiene ese saber para la sociedad.
A esa disputa institucional podría sumarse una dimensión subjetiva: resentimiento frente a una institución que representa una forma de reconocimiento intelectual y académico, algo que Milei no pudo obtener hasta que llegó a la presidencia.
Escuchemos lo que decía ayer el decano de la Facultad de Exactas en este mismo programa: “Quieren vengarse de lo que no pudieron ser”
Pero una marcha multitudinaria no equivale, por sí misma, a una mayoría electoral ni a un movimiento dispuesto a disputar el poder en el corto plazo. Para que eso suceda hace falta algo más que una causa legítima y una convocatoria numerosa: se necesita una interpretación compartida de la crisis, una alternativa reconocible y una perspectiva sobre cómo reemplazar las políticas cuestionadas.
La represión policial agregó una dimensión institucional al conflicto. Las fuerzas de seguridad utilizaron carros hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma durante una movilización mayoritariamente pacífica, empañada por grupos violentos que dejaron como saldo que los medios de comunicación terminaran dándole más espacio a la espectacularidad visual de esa violencia, reduciendo el mensaje cívico de las primeras marchas de abril y octubre de 2024, la de septiembre de 2025 y la de mayo pasado sin episodios de violencia comparables a esta quinta.
El fracaso parlamentario fue la otra mitad de la misma fotografía. La oposición reunió 121 diputados, ocho menos de los necesarios, y la sesión especial se cayó antes de que pudiera discutirse la derogación del DNU 70/2023. Las ausencias de legisladores vinculados con gobernadores como Osvaldo Jaldo, Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir fueron decisivas para el resultado. No se trató simplemente de una victoria de La Libertad Avanza en una votación: ni siquiera hubo votación. El oficialismo consiguió que el Congreso no pudiera discutir el tema, apoyado en una red de alianzas y conveniencias provinciales que sigue funcionando a pesar de las diferencias con la Casa Rosada. La oposición exhibió su capacidad de convocatoria, pero también sus límites para convertirla en una mayoría parlamentaria.
El fracaso de la sesión profundizó las tensiones internas en Unión por la Patria, donde varios diputados cuestionan a Germán Martínez por no haber logrado reunir a toda la bancada y consideran poco convincentes las explicaciones de las ausencias de Estela Neder (Santiago del Estero) y Agustín Tita (Tierra del Fuego). Aunque algunos reconocen que no había alternativas a convocar la sesión tras los recientes movimientos judiciales, otros critican una conducción que consideran demasiado condicionada por Máximo Kirchner y La Cámpora. El malestar también refleja la disputa por el liderazgo del peronismo de cara a 2027: un grupo de 12 diputados ya manifestó su apoyo a Axel Kicillof, mientras sectores del interior reclaman mayor autonomía y cuestionan la falta de una estrategia común. Sin embargo, Martínez continúa al frente del bloque porque reemplazarlo podría agravar la interna entre el kirchnerismo y el gobernador bonaerense, en un contexto en el que el peronismo no logra coordinar una respuesta parlamentaria eficaz frente al Gobierno de Milei.
Hay sectores que quieren confrontar con Milei, otros que prefieren negociar y otros que, aun cuestionando decisiones del Ejecutivo, temen las consecuencias de una derrota parlamentaria que precipite una crisis económica. Derogar el DNU 70/2023 no era un gesto simbólico menor: el decreto reúne un conjunto de reformas centrales para el programa libertario y su anulación habría abierto una nueva disputa institucional y económica. La posibilidad de un impacto cambiario, de un aumento del riesgo país o de una reacción de los mercados forma parte de los cálculos que hacen los legisladores y los gobernadores, aunque no permita afirmar que esos efectos necesariamente se habrían producido. La pregunta que condiciona la estrategia opositora es cuánto cuesta frenar a Milei y quién se hace responsable de las consecuencias.
Ahí aparece el rasgo más llamativo de la coyuntura: el Gobierno parece tener una capacidad para avanzar que no se corresponde del todo con la fragilidad de sus apoyos. Milei confronta, incumple decisiones judiciales según las denuncias de los sectores afectados, desafía al Congreso y obliga a sus adversarios a reaccionar. En el caso universitario, la ley de financiamiento fue aprobada y existen decisiones judiciales que ordenan aplicar disposiciones vinculadas con salarios y becas, pero el Ejecutivo mantiene su negativa a girar el presupuesto.
Esa puede ser una de las paradojas del liderazgo libertario: su debilidad y su disposición a confrontar terminan alimentándose mutuamente. Cuando no hay una alternativa de poder consolidada, cada provocación presidencial obliga a sus adversarios a evaluar los costos de enfrentarlo. El Gobierno no necesita demostrar que tiene una mayoría social indiscutible; le alcanza, en determinadas circunstancias, con que quienes lo cuestionan no consigan coordinar una respuesta.
Si la oposición amenaza con derogar un decreto, aparece el temor a una crisis económica. Si reclama el cumplimiento de una ley universitaria, el conflicto se desplaza hacia la discusión fiscal. Si moviliza en la calle, la respuesta oficial puede convertir la protesta en una disputa por el orden público. De esa manera, una discusión sobre derechos, recursos o legalidad termina convertida en una discusión sobre la continuidad del modelo. Y es precisamente allí donde la falta de una alternativa clara se vuelve un problema político.
Pero tampoco sería correcto concluir que el Gobierno está ganando porque la sociedad le haya otorgado un nuevo mandato de confianza. La encuesta de QSocial Big Data, realizada en septiembre, registra una mejora moderada del humor social después de varios meses de deterioro. La evaluación negativa de la situación del país bajó del 55 al 47% y la aprobación de Milei se estabilizó alrededor del 35%.
Al mismo tiempo, el 56% considera que la economía está estancada o en retroceso y el 36% declara tener deudas que no puede pagar a tiempo. Son datos que describen un alivio relativo, no una recuperación consolidada. El malestar pierde intensidad en algunos indicadores, pero continúa siendo amplio, y la estabilización presidencial no debe confundirse con un crecimiento de su base de apoyo.
La misma encuesta ofrece otra clave: el 66% desaprueba el comportamiento de la oposición y el 64% considera que no está preparada para gobernar en 2027.
El dato ayuda a entender por qué el desgaste oficialista no se transforma automáticamente en una alternativa electoral. Una parte de la sociedad puede estar disconforme con el Gobierno y, al mismo tiempo, no encontrar en sus adversarios una opción convincente.
En los escenarios hipotéticos de segunda vuelta relevados por QSocial, Milei obtiene un 42% frente al 41% de Axel Kicillof y la indecisión trepa al 51%. Esos resultados no predicen lo que ocurrirá en 2027, pero sugieren que la polarización con el peronismo sigue siendo un componente importante del voto libertario y que, fuera de esa confrontación, muchos electores todavía no encuentran un destino definido.
Milei también se beneficia de una coyuntura internacional que, por ahora, le sonríe. En Brasil, el desempeño de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta y su posicionamiento de cara al balotaje refuerzan las expectativas de los sectores regionales alineados con el bolsonarismo, aunque la elección todavía no esté definida y Lula ha repuntado mucho en los últimos días en las encuestas que reflejan un empate técnico.
A la vez, la enfermedad y la operación del Papa León XIV introducen incertidumbre en una agenda de viajes y relaciones internacionales que también tiene relevancia para América Latina.
La Iglesia católica viene ocupando un lugar de oposición moral y política frente a distintos aspectos del avance de la ultraderecha mundial, desde las políticas migratorias y el debilitamiento de la solidaridad social hasta la defensa del multilateralismo y de los sectores más vulnerables. También ha intervenido en el debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial, reclamando marcos éticos y regulaciones que eviten que el desarrollo tecnológico quede subordinado exclusivamente a los intereses económicos o al poder de las grandes empresas.
En ese escenario, el papado de León XIV puede convertirse en una voz relevante frente a una corriente política que cuestiona los consensos internacionales y privilegia la soberanía nacional entendida en términos de confrontación.
Ninguno de estos acontecimientos determina el futuro argentino, pero ambos forman parte de un contexto en el que el Gobierno puede encontrar motivos para sostener su orientación y postergar definiciones.
La Argentina atraviesa una suerte de impasse en el que los actores políticos miden sus fuerzas, observan la evolución de la economía y empiezan a ordenar sus estrategias en función de las elecciones de 2027. Los gobernadores negocian con la Nación para preservar recursos y margen de maniobra; los bloques legislativos calculan cuándo confrontar y cuándo evitar una derrota; los partidos opositores intentan diferenciarse sin quedar asociados a una eventual desestabilización económica. En la calle, en cambio, las organizaciones sociales y universitarias expresan demandas que no siempre esperan los tiempos de la competencia electoral. La marcha demuestra que la sociedad conserva capacidad de movilización, pero la caída de la sesión muestra que esa energía no tiene todavía una traducción institucional equivalente. No son dos fenómenos contradictorios: son dos velocidades distintas de la política.
La pregunta, entonces, no es solamente por qué Milei puede sostenerse pese al descontento, sino qué tendría que ocurrir para que ese descontento se convierta en una alternativa.
La defensa de la universidad pública tiene una ventaja política: se apoya en una institución con arraigo social, presencia federal y una historia que trasciende a los partidos, que representa un baluarte de la identidad de la sociedad argentina. Puede reunir a quienes rechazan el ajuste sin exigirles que compartan una misma identidad política. Pero una coalición social capaz de movilizarse no constituye automáticamente un programa de gobierno.
La frase del revolucionario ruso Vladimir Lenin, “fuera del poder todo es ilusión”, permite introducir una distinción central entre expresar el descontento y construir una alternativa capaz de transformar la sociedad. La función de los partidos políticos, incluidos los de izquierda, no puede agotarse en acompañar las luchas, denunciar las injusticias o convocar movilizaciones: también consiste en elaborar un programa de gobierno, construir una fuerza social que lo sostenga y desarrollar una estrategia para conquistar el poder y ejercerlo. De lo contrario, la protesta corre el riesgo de convertirse en una resistencia permanente que puede poner límites a determinadas políticas, pero no modificar las relaciones de poder que las producen.
El desafío para quienes se oponen a Milei no es solamente demostrar que existe otra sociedad posible, sino explicar cómo construirla, con qué alianzas, mediante qué instrumentos y bajo qué dirección política. Si la universidad pública representa un espacio de producción de conocimiento y de formación crítica, la disputa también consiste en convertir esa capacidad de pensar alternativas en una capacidad efectiva para gobernar.
Para transformar la protesta en una opción de poder hacen falta acuerdos sobre la economía, el funcionamiento del Estado, la política social y la relación con los mercados; también hace falta definir quién conduciría ese proceso y con qué legitimidad. Mientras esas respuestas permanezcan abiertas, el Gobierno puede presentar cada conflicto como una elección entre su programa y el riesgo de una incertidumbre mayor.
Por eso, la jornada del 15 de octubre no anuncia necesariamente una rebelión inminente contra Milei, pero tampoco puede leerse como una demostración de fortaleza social del oficialismo. La marcha universitaria exhibió un malestar capaz de trascender las fronteras sectoriales y partidarias; la sesión caída mostró que ese malestar todavía no encuentra una mayoría parlamentaria capaz de imponer límites al Ejecutivo. Entre ambas escenas se abre un espacio político en el que el Presidente conserva iniciativa, aunque no haya resuelto los problemas que alimentan la protesta. Puede seguir avanzando mientras sus adversarios no construyan una estrategia común, pero también puede acumular conflictos que reaparezcan con más fuerza si la mejora económica no se consolida o si los costos sociales vuelven a aumentar. La estabilidad actual es una descripción del momento, no una garantía sobre su continuidad.
En definitiva, Milei no necesita hoy convencer a todo el país: necesita que sus adversarios no consigan ponerse de acuerdo sobre cómo reemplazarlo, cómo limitarlo o cómo obligarlo a cumplir aquello que el Congreso sanciona y la Justicia ordena.
Esa es la ventaja que le ofrece una oposición fragmentada y una sociedad que, aunque disconforme, todavía no comparte una salida política. Por ahora, la protesta marca un límite y el Congreso evidencia otro: Milei sigue teniendo margen para gobernar en medio del conflicto, mientras la alternativa todavía busca la forma de convertirse en alternativa al experimento libertario.
Producción de texto e imágenes: Facundo Maceira
Por Jorge Fontevecchia-Perfil
