Tras el sorteo, el Juzgado Federal N°2 de Morón quedó a cargo de la investigación por los asesinatos de Brenda, Morena y Lara, ocurridos el 19 de septiembre pasado. La hipótesis principal apunta a una venganza y delitos vinculados al narcotráfico.
El juez de Garantías Fernando Pinos Guevara aceptó el pedido de prisión preventiva para los primeros detenidos en el triple crimen de Brenda Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las jóvenes asesinadas hace 40 días en la localidad bonaerense de Florencio Varela. Además, este jueves se aceptó que el expediente continúe desarrollándose en el fuero federal.
Pinos Guevara dio luz verde a la solicitud que había realizado el fiscal de la UFI de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, que consideró que la causa pase a la Justicia Federal por estar vinculados los asesinatos de las jóvenes al narcotráfico. De esta manera, la Justicia Federal de Morón aceptó la competencia y realizó el sorteo pertinente.
Según confirmaron fuentes judiciales a este medio, la causa quedó en manos del Juzgado Federal en los Criminal y Correccional Nº2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez.
En su planteo, el funcionario judicial expresó que la intervención de este fuero sería “la mejor solución para asegurar una mayor eficacia de la investigación y cumplir con los fines de la Ley N° 23.737”, que establece sanciones para los delitos vinculados al narcotráfico, en la que participan bandas criminales con influencia en múltiples territorios.
De acuerdo al fallo de Garantías, quienes continuarán bajo arresto de forma preventiva son Daniela Iara Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Víctor Lázaro Sotacuro(41), Matías Ozorio (28), Iván Giménez (28) y Florencia Ibáñez (30).
Por su parte, el traficante peruano Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, continúa detenido en su país de origen a la espera de ser extraditado.
Todos los hombres fueron procesados por “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa”.
A las tres mujeres, en tanto, se las imputó por los mismos delitos pero se les quitó el agravante por violencia de género.
Actualmente la causa cuenta con once detenidos. Los últimos capturados fueron Mónica Débora Mujica (37), esposa de Sotacuro -sobre quien se cree que estaba al tanto de la planificación del triple femicidio y habría ordenado borrar información del celular de su pareja-, y el líder narco Joseph Freyser Zabaleta Cubas, alias “Señor Jota“, que ya estaba detenido en el marco de otro caso por tráfico de estupefacientes.
La hipótesis oficial apunta a que se trató de un ajuste de cuentas ordenado por la organización a la que pertenecería “Pequeño J”, en el marco de una “venganza” por el robo de una partida de cocaína. Incluso, diversos testimonios sostienen que los asesinatos de Brenda, Lara y Morena habrían sido transmitidos en vivo por una red social para cómplices del grupo vinculado a bandas de Perú y con base operativa en el sur de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.
Triple crimen: detenidos y prófugos
Cubas Zavaleta, de 31 años, estaba alojado en una dependencia de la Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires a la espera de ser trasladado a Perú por otro expediente. Tras ser mencionado por González Guerrero y otra mujer que habló bajo “identidad reservada”, esta situación quedó en pausa por solicitud del fiscal Arribas.
“Señor J” fue señalado como el encargado de ordenar los asesinatos de las tres chicas desde prisión, a través de un celular. También se apunta contra él como supuesto dueño de la partida que fue robada, algo que rechazó durante la indagatoria. “No conozco ni la villa 1-11-14 ni Zavaleta, y también a mí me dicen ‘J´ (Jota), por la primera letra de mi nombre. No guardo ninguna relación con los detenidos de un hecho de una causa que desconozco”, dijo frente al fiscal, al mismo tiempo que aseguró que en Perú era efectivo policial.
Los primeros en ser capturados fueron Parra e Ibarra, descubiertos limpiando con lavandina las manchas de sangre halladas en la vivienda del horror, ubicada en las calles Jáchal y Chañar. Muy cerca fueron detectados y arrestados Villanueva Silva y González Guerrero, la mujer que alquilaba la casa y que recientemente pidió ser considerada como “arrepentida” en la causa.
Más tarde cayó Sotacuro en Bolivia, acusado de ser el conductor de uno de los autos que acompañó a la camioneta que trasladó desde La Matanza hasta Florencio Varela a las víctimas, y su sobrina, Florencia Ibáñez, que lo acompañó en el vehículo junto a otro hombre: Alex Ydone Castillo. A los pocos días detuvieron a Giménez, presuntamente contratado para cavar el pozo donde se intentó ocultar los cuerpos. El martes 30 de septiembre, “Pequeño J” y su ladero, Ozorio, fueron arrestados en la ciudad de Lima.
Por otro lado, en la causa hay tres ciudadanos peruanos prófugos que tienen en su contra circulares rojas de Interpol: el ya mencionado Castillo, que sería amigo de Sotacuro y amante de Ibáñez; y David Gustavo Huamani (alias “El Loco” David) y Manuel Valverde Rodríguez (tío de “Pequeño J”), a quienes algunos testimonios los ubican dentro de la casa de Varela.
Por Federico Perez Vecchio-Perfil