El presidente paraguayo confirmó su dimisión en un breve video difundido en redes sociales. De todas maneras, lo someterán a juicio político
Santiago Peña anunció su renuncia a la Presidencia de Paraguay en medio de la crisis financiera desatada por la intervención de Ueno Bank y después de que el Partido Colorado, la fuerza política que lo llevó al poder, confirmara que acompañaría el pedido de juicio político en su contra. La decisión se produjo antes de que la Cámara de Diputados comenzara a tratar formalmente la acusación, que también alcanza al vicepresidente Pedro Alliana.
En un mensaje difundido a través de su cuenta de X, Peña comunicó: "He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República". El mandatario sostuvo que su salida buscaba preservar la estabilidad, la paz social y las instituciones democráticas del país.
"Ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay", expresó, y pidió disculpas a la ciudadanía si en algún momento no estuvo a la altura de la confianza recibida.
El ahora exmandatario también hizo referencia a los ahorristas afectados por la situación de Ueno Bank. "Mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero", señaló. Además, reclamó que el Fondo de Garantía de Depósitos garantice la devolución de los recursos y la protección de los fondos públicos.
La renuncia llegó después de que Horacio Cartes, expresidente paraguayo y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), nombre oficial del Partido Colorado, anunciara que el oficialismo respaldaría el juicio político.
"Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados. Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado", escribió Cartes en X.
En el mismo mensaje confirmó: "Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República".
El pronunciamiento tuvo especial relevancia porque Cartes había impulsado la candidatura de Peña en las elecciones de 2023 y mantiene el control de la estructura partidaria. Su cambio de posición dejó al presidente sin el respaldo de uno de los principales sectores de poder dentro del oficialismo.
Diputados aprobó el juicio político contra Santiago Peña
La Cámara de Diputados aprobó este jueves el pedido de juicio político contra Peña, luego de que la bancada A del Partido Colorado anunciara que votaría a favor de la acusación. Hasta ese momento, era el único sector legislativo que no había definido públicamente su postura.
El anuncio fue difundido por el diputado Rodrigo Gamarra, integrante de la ANR. La bancada comunicó que acompañaría el procedimiento en respuesta a los reclamos ciudadanos y en ejercicio de su autonomía política. La otra agrupación oficialista, identificada como ANR B, ya había anticipado su respaldo.
En Paraguay, las bancadas A y B son agrupamientos internos de diputados del mismo Partido Colorado. No representan partidos diferentes ni son categorías establecidas por la Constitución, sino que identifican a los distintos sectores políticos dentro de la fuerza oficialista.
El pedido de juicio político había sido presentado por 35 legisladores opositores y colorados disidentes, mediante un libelo acusatorio contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana.
Entre los respaldos que se habían anunciado figuraban:
- 35 integrantes de la bancada colorada A
- 9 de la bancada B
- 5 legisladores disidentes de Añeteté
- 22 integrantes de la bancada liberal unificada
- 8 representantes de los bloques opositores del tercer espacio
Con el acompañamiento de esos sectores, la acusación consiguió los votos necesarios para avanzar en la Cámara baja. De esta manera, el expediente quedó habilitado para pasar al Senado.
Qué establece la Constitución paraguaya sobre el juicio político
El procedimiento está contemplado en el artículo 225 de la Constitución Nacional de Paraguay. La norma establece que el presidente, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los integrantes de la Corte Suprema y otras autoridades pueden ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, delitos cometidos en el ejercicio del cargo o delitos comunes.
El mecanismo tiene dos etapas. Primero, la Cámara de Diputados debe formular la acusación y aprobarla con una mayoría de dos tercios. Sobre un total de 80 integrantes, se requieren al menos 53 votos cuando participan todos los legisladores.
Si la acusación prospera, el expediente pasa al Senado, que tiene la responsabilidad de juzgar a la autoridad cuestionada en una sesión pública. Para declarar su culpabilidad y disponer su separación del cargo necesita el respaldo de dos tercios del total de sus miembros: 30 votos sobre 45.
Por lo tanto, la aprobación de la acusación en Diputados no implica automáticamente una condena. La decisión sobre la culpabilidad corresponde al Senado.
En el caso de Peña, además, la renuncia anunciada introduce una cuestión institucional: el Congreso deberá resolver si acepta la dimisión y qué efectos tiene esa decisión sobre el procedimiento que ya avanzó en la Cámara baja.
Qué debe hacer ahora el Congreso con la renuncia de Peña
La renuncia presentada por Peña no debe confundirse con una destitución mediante juicio político. La Constitución paraguaya establece, en su artículo 202, inciso 16, que corresponde al Poder Legislativo aceptar o rechazar la renuncia del presidente y del vicepresidente de la República.
Si el Congreso acepta la dimisión, se configura la vacancia definitiva de la Presidencia y debe activarse el mecanismo constitucional de sucesión.
Sin embargo, la aprobación del juicio político en Diputados plantea una cuestión adicional: si el Senado podrá continuar con el juzgamiento una vez que la renuncia sea aceptada y Peña haya dejado formalmente el cargo.
El artículo 225 establece que el efecto de la declaración de culpabilidad es la separación de la autoridad de su cargo. Por eso, la eventual continuidad del proceso después de una renuncia aceptada requerirá una definición institucional y jurídica.
En cualquier caso, la aprobación de la acusación en Diputados no equivale a una declaración de culpabilidad ni resuelve por sí sola la situación del expresidente.
Pedro Alliana asumiría la Presidencia hasta 2028
Si la renuncia de Peña es aceptada, el vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir la Presidencia y completar el período constitucional, que finaliza en agosto de 2028.
Así lo establece el artículo 234 de la Constitución paraguaya, que regula los casos de acefalía: ante una vacancia definitiva de la Presidencia, el vicepresidente electo asume el cargo y ejerce el mandato hasta su finalización.
Por lo tanto, no corresponde convocar a elecciones presidenciales anticipadas para cubrir el lugar de Peña. Alliana fue elegido en la misma fórmula presidencial y es quien debe continuar al frente del Poder Ejecutivo durante el tiempo restante del período.
La situación del vicepresidente también tiene una particularidad: el pedido de juicio político presentado por los legisladores lo alcanza por separado. Por eso, su eventual asunción presidencial no elimina automáticamente las actuaciones políticas que puedan corresponderle.
Qué pasa con la posibilidad de que Santiago Peña sea senador vitalicio
La aprobación del juicio político en Diputados también modifica el escenario sobre el futuro político de Peña después de dejar la Presidencia.
El artículo 189 de la Constitución paraguaya establece que los expresidentes elegidos democráticamente se convierten en senadores vitalicios. Esa figura les permite integrar el Senado con voz, pero sin voto y sin participar del quórum.
Sin embargo, la misma disposición contempla una excepción: quedan excluidos quienes hayan sido sometidos a juicio político y declarados culpables.
En consecuencia, la aprobación de la acusación en Diputados no alcanza por sí sola para quitarle ese derecho a Peña. Para que pierda la posibilidad de convertirse en senador vitalicio, el Senado tendría que avanzar con el juzgamiento y declararlo culpable.
La cuestión central es qué sucederá con el procedimiento después de la renuncia. Si el Congreso acepta la dimisión y el juicio político queda sin efecto, no existiría una declaración de culpabilidad que active la excepción del artículo 189. En cambio, si el Senado continúa el proceso y dicta una condena, Peña perdería el beneficio constitucional.
Por eso, la renuncia no permite afirmar automáticamente que conservará la senaduría vitalicia: la respuesta dependerá de cómo se resuelva la relación entre la dimisión y el juicio político ya aprobado en Diputados.
Ueno Bank: la intervención que desencadenó la crisis
El conflicto político se desató después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara la intervención y disolución de Ueno Bank, al detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.
La entidad tenía cerca de 2,9 millones de clientes en un país de aproximadamente 6,1 millones de habitantes. Además, administraba depósitos por unos u$s850 M correspondientes a fondos públicos, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS).
La decisión del organismo monetario provocó largas filas en las sucursales y manifestaciones en Asunción, donde los ahorristas reclamaron respuestas sobre la disponibilidad de sus depósitos.
Ante la situación, el Congreso aprobó una ley de emergencia que Peña promulgó el miércoles. La norma estableció un anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos para los afectados, de hasta 40 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 121,7 millones de guaraníes o unos u$s19.787, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde su entrada en vigor.
El esquema de cobertura general del fondo contempla un límite de 75 salarios mínimos por persona.
En paralelo, Peña designó al economista y exministro Raúl Vera Bogado como nuevo titular del Banco Central, tras la renuncia de Carlos Carvallo. Este último había dirigido Financiera Ueno antes de asumir al frente del organismo monetario en 2023. La designación de su reemplazante deberá ser ratificada por el Senado.
Las acusaciones por los vínculos con el grupo empresario
Entre los argumentos planteados por los legisladores que impulsaron el juicio político aparecen los vínculos que Peña mantuvo con Ueno Holding, el grupo empresario relacionado con la entidad financiera, del que se desvinculó en 2025.
También cuestionaron la designación de Carvallo al frente del Banco Central y decisiones vinculadas con los depósitos del Instituto de Previsión Social en Ueno Bank.
Los diputados sostienen que existieron posibles conflictos de intereses y responsabilidades políticas en el manejo de la situación financiera. Esos señalamientos forman parte de los fundamentos de la acusación y deberán ser examinados en el procedimiento institucional.
La crisis también tuvo consecuencias en el ámbito judicial. La Fiscalía paraguaya imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras relacionadas con operaciones realizadas entre 2025 y 2026.
Según la investigación, se habrían otorgado préstamos y sobregiros a empresas del mismo grupo económico bajo condiciones que no se ajustaban a los parámetros habituales de evaluación del riesgo crediticio.
Entre los investigados se encuentra Miguel Vásquez, uno de los fundadores y principal accionista de la entidad. La Fiscalía solicitó su prisión preventiva y pidió arresto domiciliario para otros siete directivos que comparecieron ante la unidad especializada en delitos económicos y anticorrupción.
La investigación penal y las actuaciones políticas avanzan en paralelo a la crisis bancaria, que dejó a millones de usuarios pendientes de la devolución de sus depósitos y abrió un conflicto dentro del propio Partido Colorado.
Por Marcelo Mussi - IP