La dirigencia y el desdoblamiento se volvió moneda de cambio en la Casa Rosada: apoyo en el Congreso por no interferir en las provincias.
Producto de requerimientos constitucionales y, sobre todo, de sus necesidades político-electorales, en la inmensa mayoría de las provincias argentinas la renovación de autoridades locales se votará antes que la presidencial, que será en doce meses. Cómo puede repercutir eso en el escenario nacional es el interrogante clave hacia 2027, junto al impacto que pueda tener la situación económica.
La novedad, aunque previsible, se reactualizó esta semana a partir de que el frentista radical Maximiliano Pullaro anunció que Santa Fe tendrá sus primarias en abril próximo, los comicios provinciales en junio y las candidaturas deberán presentarse como máximo en cuatro meses.
La lógica de Pullaro de desdoblar será seguida por al menos otros 17 distritos de los 24 que tiene el país. Dos anticiparon que coincidirán con las nacionales (Catamarca y La Rioja), dos mantienen la indefinición (CABA y Buenos Aires) y las dos restantes fueron a las urnas provinciales el año pasado (Corrientes y Santiago del Estero).
La cuestión se ha transformado además en una problemática cotidiana en la ardua negociación que el Gobierno viene encarando con buena parte de los gobernadores, con el fin de despejar nubarrones legislativos y alumbrar un tránsito soleado hacia el principal propósito actual de la gestión libertaria: la reelección de Javier Milei.
En este toma y daca entre la Nación y las provincias se detectan intereses políticos y económicos tanto complementarios como contrapuestos.
La Casa Rosada, por caso, requiere del apoyo de los representantes de los gobernadores en el Congreso para aprobar el Presupuesto y, especialmente, la reforma política que evite que haya PASO el año próximo. Con su fallo del viernes, la Corte Suprema apagó el riesgo de incendio ante la convocatoria opositora a una sesión especial para derogar el DNU 70/2023. Algunos mandatarios habían recibido el llamado de alerta para impedir el quórum.
A pesar de que el triunfo en las elecciones de medio término mejoró la cantidad de bancas violetas, LLA necesita todavía del auxilio de otras fuerzas para conseguir mayoría en el Senado y en Diputados.
Ese respaldo lo obtuvo sin mayores problemas durante el verano, por ejemplo para obtener luz verde a su proyecto de Reforma Laboral. Pero a partir del escándalo por el patrimonio de Manuel Adorni, que incluyó una desvergonzada desmentida del exjefe de Gabinete en la Cámara baja, el camino legislativo se tornó más pedregoso. También la relación con los gobernadores, que se sentían poco escuchados.
Tras la eyección de Adorni y el Mundial, los aliados de Milei mostraron los dientes. Voltearon dos capítulos centrales del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, como el de tierras y el de manejo del fuego.
El cachetazo obligó al Gobierno a un nuevo giro pragmático. La hermanísima Karina ordenó cancelar cualquier proyecto polémico que no fuera impulsado por el Ministerio de Economía de Luis ‘Toto’ Caputo (como las iniciativas desreguladoras de Federico Sturzenegger), para concentrarse en las leyes centrales, y reanudar el vínculo con los gobernadores dialoguistas.
Casi no hay día en que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, deje de recibir o visitar a algún mandatario provincial. Hasta convencieron al Presidente de llevar a 13 de ellos –y conversar con ellos, en vez de ignorarlos– a la reciente Argentina Week en París, para mostrar que la seducción de inversiones extranjeras es una política de Estado, más allá de los colores partidarios.
Efectivamente, gracias al RIGI, ese es uno de los anzuelos que comparte la administración mileísta hasta con gestiones peronistas, como la del catamarqueño Jalil o la del salteño Sáenz, por el despegue y la potencialidad de la actividad minera.
Una parte sustancial de la discusión Nación-Provincias es económica. Es decir, el reparto de fondos. El Gobierno les endilga que soslayan su propio ajuste fiscal y cobran impuestos abusivos (como Ingresos Brutos). Los gobernadores, que la caída de la actividad les redujo sus ingresos y que el poder central retiene los envíos coparticipables, además de retirarse de la obra pública y reducir al mínimo las transferencias no automáticas.
Sin embargo, el nudo que adquirió mayor protagonismo en las últimas semanas es político. A cambio de avalar al oficialismo en el Congreso, los mandatarios piden garantías de que LLA facilitará o no combatirá las reelecciones o sucesiones en las provincias.
Anticipar los comicios es uno de los mecanismos para facilitar ese intercambio. Para Milei, se “limpia” su opción de reelección sin la interferencia del voto provincial. Para los gobernadores, se corren de una polarización nacional que puede arrastrarlos a un cara o ceca imprevisible.
Pero las demandas electorales de las provincias chocan con el plan expansionista de la hermanísima. Karina Milei había imaginado que 2027 no sólo iba a ser el año de la reelección de su hermano, sino también el del impulso violeta a gobernar provincias con candidatos propios.
Fuentes oficiales dejan entrever que ha morigerado sus expectativas, a fuerza de asumir la realidad y las dificultades reeleccionistas del Presidente. Incluso potenciales candidatas a jefaturas distritales muy cercanas a Karina, como la porteña Pilar Ramírez o la santafesina Romina Diez, recibieron pedidos de mesura hacia las gestiones de esos territorios.
La complejidad en la negociación con las provincias se multiplica, además, porque es prácticamente individual: depende de cada gobernador, ante la inexistencia de algún bloque en común, ni siquiera entre mandatarios del mismo partido. El fenómeno de la balcanización es horizontal y abarca tanto al peronismo como al PRO y la UCR.
El último atisbo de agruparse duró una exhalación. En 2025, el radical Pullaro, el cordobesista Llaryora y el chubutense amarillo Torres impulsaron Provincias Unidas, como una suerte de vía alternativa a libertarios y kirchneristas. Su representación legislativa es dispersa, testimonial y nadie agita su resurrección.
Federales ante el poder central pero unitarios entre ellos, que cada gobernador atienda su propio juego pareciera resultar funcional a la estrategia mileísta. El Presidente y su hermana lo saben. Lo estimulan. Y lo aprovechan.
Por Javier Calvo-Perfil