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Macri empecinado con el tarifazo mete miedo a la sociedad

Todo el mundo está de acuerdo con el aumento de las tarifas de agua, luz, gas, pero en estos dos últimos, si bien el sinceramiento no está discutido, no está claro qué criterio se utilizó para concretarlo. En efecto, en bastantes casos salieron con una suba del 1000 a 1500% pero luego se retrocedió y se fijó un límite del 400%. Pero de la discusión surge la duda sobre si los precios de boca de pozo del petróleo y el gas son iguales al precio internacional o bien se aplica el precio subsidiado al petróleo de U$S 67 el barril y el U$S 7,50 al gas nuevo que, por la falta de control, es el que se paga en los 2/3 que se producen localmente y así pasaríamos de tarifas ridículas a precios de tarifas internacionales, muy por arriba de los demás países.

Ésa es la clave de lo que se está discutiendo porque, sin aclarar ese punto, el presidente está empecinado en que ese aumento salga como está y lo califica como “la madre de todas las batallas”, quizás exageradamente, ya que lo considera como un acto de autoridad que debe imponer para demostrar gobernabilidad. De ahí que Aranguren y Prat Gay advirtieran a la Corte Suprema que, si no permiten ese aumento, el gobierno tendrá que emitir 80.000 millones de pesos que generarán más inflación y no habrá plan de obras públicas, es decir, más desempleo. Pero esa advertencia que se hace en público también se extiende a toda la población, diciendo inclusive que el país se puede quedar sin energía.

La Corte no es fácil de ser atemorizada con argumentos monetaristas pero hay jurisprudencia sobre que el poder ejecutivo es el único que puede fijar tarifas y que la justicia no puede trabarlo. Pero el asunto está en si los aumentos son abusivos -que éste es el caso. Hasta ahora, las diferentes instancias judiciales sólo hicieron hincapié en la falta de audiencia pública, aunque el gobierno dice que no es necesaria. Pero todo indica que la Corte exigirá la audiencia, porque es poco probable que se haga cargo de un aumento abusivo que el gobierno niega que lo sea.

Así las cosas, el gobierno y la oposición tienen una discrepancia clave. Como dijimos, para el gobierno el sinceramiento es justo; para la oposición es exagerado e impagable, en tanto que la justicia no entra en esta discusión. Si la Corte Suprema autoriza el aumento y luego la sociedad lo resiste, para el gobierno sería un triunfo a lo pirro.

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