Chubut Para Todos

Los testimonios que revelaron el entramado de terror en Las Marías

Fueron ventilados en la primera etapa del juicio oral por la represión a trabajadores de la yerbatera. Se juzga a un intendente de facto. Malestar de familiares y testigos por el trato del tribunal.

Este martes comenzará en esta ciudad la segunda etapa del juicio oral y público que juzga la responsabilidad del ex intendente de facto Héctor María Torres Queirel en la desaparición de Marcelo Peralta, trabajador tarefero que trabajaba y vivía en los campos del imputado, desde donde fue secuestrado.

En el primer tramo del debate, nuevos testimonios ratificaron que el motivo de la represión fue la actividad sindical del trabajador.

Torres Queirel, además de sus funciones político-militares, administraba ese campo yerbatero cuya producción finalizaba en el Establecimiento Las Marías, algo que ocurría y ocurre aún con casi toda la producción de la zona.

¿Podía Torres Queirel desconocer que en su estancia se estaba llevando a cabo un operativo militar con varios autos y camiones del Ejército? ¿Que en su campo se estaba secuestrando a Peralta, a quien le habrían disparado tres veces antes de cargarlo en el camión, a la vez que amenazaban a su mujer y su beba de diez meses?

 

Las fuerzas militares hicieron una trayectoria dentro del campo que aún no está clara, golpeando y amenazando a otro trabajador que dormía en unos depósitos más cercanos al casco de la estancia. ¿Es posible que nada hubiera sido percibido desde el casco, siendo que, como recuerda uno de los testigos, había plena visibilidad desde el depósito, en una noche en la que estaba “linda la luna”?

Un nuevo testimonio, el del policía retirado Walter Ramírez, sumó una información que podría ayudar a reconstruir el circuito represivo y develar responsabilidades. Ramírez reconoció que en Villa Corina, una estancia que se encuentra frente a la administrada por Torres Queirel, tenía asiento una base operativa militar policial desde la que los agentes partían para realizar allanamientos y “chupaban a la gente”, especialmente de noche.

¿Podían las fuerzas militares actuar sin la autorización del dueño del campo e intendente de facto? ¿Cuál es la responsabilidad de Torres Queirel en esta desaparición? ¿cuál es el entramado que, aunque sea de manera indirecta, se está sacando a la luz en este juicio?

EXPLOTACIÓN, EMPRESAS Y TERRORISMO DE ESTADO. La explotación de hombres, mujeres, niños y niñas muchas veces de manera tercerizada y en condiciones de esclavitud o cercanas a ella en el corte de yerba (tarefa) en las provincias lindantes de Corrientes y Misiones no es una novedad. Muchas investigaciones y noticias sobre épocas antiguas, recientes y actuales, dan cuenta de la trama de poder que deja a miles de personas reclutadas bajo pésimas condiciones de trabajo y de vida.

Asimismo, antes como ahora, la tercerización laboral se presenta en escena para ocultar las responsabilidades económicas, legales y laborales de los verdaderos beneficiarios de la producción. En este caso, se estima que será utilizado por la defensa del imputado.

Sin embargo, el juicio, que comenzó el 2 de julio pasado, está dejando al desnudo, a partir de la palabra de víctimas y testigos, cómo ese entramado de poder patronal-militar estuvo dispuesto a secuestrar, torturar y desaparecer a quienes fueran capaces de organizarse en busca de mejoras laborales y cumplimiento de las leyes laborales.

Si bien, como viene informando el sitio Letra P, hay un solo imputado cuando debieran haber muchos más (militares y civiles), el caso de Torres Queirel expresa de manera paradigmática ese entramado, ya que está inmerso en un contexto complejo de responsabilidades políticas y militares, por un lado (como intendente de facto), y económicas/productivas y laborales, por el otro, ya que su campo producía para Las Marías con la intermediación de un contratista, Ignacio Balbuena, que, siendo empleado de ese establecimiento, reclutaba trabajadores, según pudieron atestiguar ex trabajadores.

Balbuena también era empleado estatal en la dirección municipal de Rentas y jefe de la hija de uno de los trabajadores presos, Marcelo Acuña.

Noemí Acuña relató cómo, una vez secuestrado su padre, Balbuena, ofreciéndose como “su protector”, la llevó a una reunión con Torres Queirel en la que se la intimó a  “cumplir con su trabajo”. Ella no pudo sobrevivir por mucho tiempo a esa “protección” y tuvo que emprender, como tantos otros, el camino del exilio interno.

LAS VICTIMAS HABLAN, EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL HACE CALLAR. Ramona fue la esposa de Neris Perez, quien participaba activamente como delegado tractorista y secretario adjunto de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE).

Cuenta que, en febrero de 1976, incluso antes de que comenzara la dictadura, un fuerte operativo militar allanó su casa, dieron vuelta muebles y armarios y se llevaron varios carnés de afiliados de FATRE. Al no encontrar a su esposo, que estaba trabajando en el campo, prometieron regresar en tres meses y así lo hicieron. Si bien Neris ya había sido amenazado por Pablo (Navajas Artaza) con que “se dejara de joder con ese sindicato de porquería”, nunca abandonó su militancia sindical.

El 2 de junio de 1976, a Neris le dieron un franco extraordinario por un problema con las máquinas, algo usual en otros casos de desaparición de trabajadores sindicalizados. Esa misma noche lo secuestraron de su casa. Ramona le quiso dar un abrigo y recibió una respuesta rotunda por parte de uno de los militares. “a partir de este momento, él ya no necesita nada, quédate tranquila”. Desde ese momento permanece desaparecido.

En los días siguientes, Ramona fue a hablar con “Don Adolfo” Navajas Artaza, quien le dijo que iba a averiguar, aunque se excusó: “Yo no puedo hacer nada. Él no es de mi sector. Es empleado por parte de Pablo (Navajas Artaza)”, dijo.

Tiempo después, “Don Adolfo” convocó a Ramona para darle trabajo en Las Marías y le comentó que había seguido la detención de su marido hasta Paso de los Libres, pero que no conocía su destino final.

Varios testimonios dieron cuenta de que los principales dirigentes sindicales fueron reprimidos, logrando el objetivo esgrimido explícitamente por los Navajas en varias oportunidades: el desmantelamiento de los sindicatos.

Asimismo, cuando el fiscal quiso profundizar en la presencia de fuerzas de seguridad dentro del Establecimiento Las Marías, el presidente del Tribunal, Víctor Alonso, cortó el relato, ya que, dijo, no se atenía al objeto procesal.

Durante todas las audiencias, Alonso buscó anular todas las referencias que pudieran contextualizar los delitos de lesa humanidad en el entramado de poder que los explica. Al finalizar las audiencias, familiares y víctimas se preguntaban si esta actitud tendría alguna relación con el saludo amistoso que Alonso les había dado a los familiares del imputado y con el destrato hacia ellos y ellas, quienes no sólo no saludó, sino que interrumpió en el momento de testimoniar, sometiéndolos y sometiéndolas, además, a la militarización de un espacio que debiera ser reparatorio, como un juicio por delitos de lesa humanidad.

DESPROTECCIÓN. Al finalizar las audiencias, quienes habían esperado años por el acto de justicia se fueron a sus casas con un sabor amargo. Se escuchó decir al hijo de Neris Pérez, Jorge Catalino, algo que se percibió en cada testigo: “Vengo sin odio, sin una gota de buscar venganza. Vengo a sentarme con todo el dolor de mi vida buscando ese poquito de justicia”.

Sin embargo, no sólo el comportamiento del tribunal generó malestar. También dijeron sentirse desprotegidos y olvidados por parte de quienes debían acompañar este proceso. El abogado querellante que presentó un poder el día en que comenzó el juicio, Manuel Brest Enjuanes. era un total desconocido para familiares y víctimas-testigos. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tampoco se había comunicado con ellos Pablo Barbuto como coordinador de abogados querellantes.

SEGUNDO TRAMO. Este martes continuarán las audiencias. En esta etapa procesal, la fiscalía, la querella y la defensa evaluarán si se dan por satisfechas con los testimonios o insisten con testigos que no pudieron acudir a las primeras audiencias, así como de una inspección ocular que estaba prevista y que no pudo ser realizada. Asimismo, comenzará la etapa de incorporación de pruebas, previa al cierre del debate y al inicio de la etapa de alegatos.

Posiblemente, frente a tanto descontento de quienes esperan justicia, la querella tenga que asumir una responsabilidad de la que hasta ahora se ha desentendido.

Por Alejandra Esponda – LetraP