Si bien es un proceder que podría considerarse abusivo, lo que realmente preocupa a los acreedores es el uso potencial de este instrumento para ir haciendo reestructuraciones sucesivas que construyan mayorías artificiales. Es esto lo que se conoce como la “estrategia pac man”, es decir, la realización de canjes parciales que vayan sumando uno por uno a aquellos bonos en donde inicialmente no hubo mayoría, para arrastrarlos al acuerdo en base a su reestructuración conjunta con otros en los que sí exista conformidad.

Vale señalar que una estrategia de ese tipo no está exenta de costos. En principio, seguramente sería impugnada legalmente por los tenedores de los bonos canjeados de manera compulsiva, por lo que no evitaría un largo proceso judicial de resultado incierto. Por otra parte, aún si la reestructuración fuera avalada por los tribunales norteamericanos, sería recibida negativamente por los mercados. Argentina quiere llegar a un acuerdo para volver a tener financiamiento externo, en principio para su sector privado y eventualmente para recuperar la posibilidad de colocar deuda soberana. Un resultado que no comprima significativamente la tasa de interés que paga hoy el país no tiene mucha utilidad.

La “estrategia pac man”, entonces, había funcionado hasta aquí más como amenaza que como alternativa real. Con la posibilidad del canje parcial bloqueada, ya ni sirve para eso. Sin embargo, una vez que ha sido puesta sobre la mesa, requiere ser resuelta. Razonablemente, los tenedores de bonos Globales no están dispuestos a renovar un contrato cuya vulnerabilidad quedó en evidencia.

Por lo demás, hasta ayer la disputa legal permitía abrir la posibilidad de construir un escenario de acuerdo sin vencedores ni vencidos. Si Argentina, como parece estar dispuesta, acepta modificar las condiciones de los bonos para impedir su “reasignación” en un futuro, los acreedores podrían anotarse el triunfo simbólico de haber corrido al país de su última oferta. El Gobierno, por su parte, podría decir que respetó su palabra de no pagar un centavo más que lo ofrecido en su propuesta, tal como lo prometió.

La duda que surge a partir de esta novedad es si un acuerdo de este tipo hoy basta para colmar las expectativas de los tres grupos de acreedores que actúan en conjunto. Daría la impresión de que quienes obstaculizan el acuerdo tienen una dimensión, heterogeneidad y, ahora, fortaleza que los invita a no conformarse ya con modificaciones contractuales sino a exigir al menos una parte de los tres centavos más por dólar que pretenden. De ser este el caso, a la coalición gobernante le espera el desafío nada grato de explorar cómo concede algunas de estas demandas sin perder coherencia en su relato ni consistencia interna. Una prueba de madurez que, en definitiva, solo presagia las que todavía están por venir.