El gobierno investiga en estas horas la relación que existe entre el caso Ducler, que puede enlazar la investigación de los fondos de Santa Cruz y el uso que dice su hijo que se hizo de ellos para comprar acciones de YPF por parte de los Kirchner con testaferros, con una mega causa por U$S 5000 millones que enfrenta el país por la estatización de las acciones de Repsol en YPF durante el anterior gobierno. Esta demanda se tramita en juzgados de Nueva York y le estalló en la cara a la nueva brigada jurídica del gobierno que encabeza en superficie el procurador Bernardo Saravia Frías.
La misteriosa muerte de Ducler estremeció además a los cuarteles de campaña, siempre atentos a las historias que pueden tener efectos electorales. Al financista lo señalaron las crónicas como inversor de los dineros de Santa Cruz cuando Néstor era gobernador. Después fue un arrepentido ante la DEA y el FBI en un caso de lavado de dinero de los narcos del cartel de Juárez. Crecerán las sospechas sobre cómo ocurrió esa muerte, justo cuando el Congreso discute el rol de los arrepentidos en el proyecto de responsabilidad penal de las empresas. También cuando Cristina de Kirchner alista una candidatura a la que no le conviene que se reabran aquellos escenarios financieros. Es una amenaza sorpresiva a su futuro electoral.
Ocurre, como se dijo, cuando el país pelea en los tribunales de Nueva York con nuevos abogados (Cravath, Swaine & Moore LLP y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom), dos demandas millonarias del fondo de inversión Burford Capital, que compró los derechos y acciones del grupo Petersen (Eskenazi) y de otros accionistas, contra la Argentina por la estatización de las acciones de Repsol en YPF.
Una de esas demandas fue acogida en primera instancia por los tribunales neoyorkinos y los estrategas jurídicos del gobierno, Saravia Frías y asesor en temas complejos y director de YPF, Fabián Rodríguez Simón, preparan en estas horas una apelación que debe presentarse en una audiencia el próximo lunes 12. La segunda demanda fue notificada al país recién este fin de semana que paso. Las dos reclaman resarcimiento a la Argentina por la caída del valor de las acciones de YPF que siguió a la estatización y que perjudicó a los accionistas.
El argumento de los querellantes es que YPF actuó de manera arbitraria y violó los acuerdos de accionistas y reglamentaciones internas de la compañía que protegen los intereses de los accionistas. La respuesta del gobierno argentino es que YPF no es figura querellable en ninguno de los dos casos porque la estatización fue una decisión soberana del Estado argentino y hubo un pago a cambio de esa medida. El país, según esta línea estratégica, tiene facultades para hacerlo, y más si paga los daños. En este punto, los abogados del Estado se aparan en la idea de la inmunidad soberana, la misma que esgrimieron gobiernos anteriores para defenderse de las demandas de los acreedores de la deuda pública. A repasar los papeles del debate que llevó adelante el gobierno de Cristina ante el juzgado de Thomas Griesa, y también en la ONU. Este organismo aprobó una resolución de conflicto con deudas soberanas en cuyo trámite trabajó mucho Susana Malcorra cuando era jefe de gabinete del secretario general del organismo, Ban ki Moon.
El nombre de Ducler le agrega morbo a esta trama de fondos argentinos, de origen petrolero, por el mundo. Según el hijo del ex banquero, Néstor Kirchner pudo comprar Repsol a través de intermediarios con el dinero de aquellas regalías petroleras, y mencionó a los Eskenazi. Horas más tarde de hacer una presentación como arrepentido ante la UIF y una denuncia contra Cristina de Kirchner apareció muerto (http://tn.com.ar/politica/ducler-habia-denuncinado-ante-la-uif-que-kirchner-compro-la-presidencia-e-ypf-con-los-fondos-de_796842 vía @todonoticias). El gobierno ve alguna trazabilidad entre esta denuncia y los dos juicios por YPF, porque la defensa se basa sobre el origen de las acciones por cuyo valor ahora se reclama. Y Ducler aportaría, horas antes de morir, algunas señales sobre esa relación.
El cambio de abogados de la Argentina se decidió después de que se perdieran los incidentes preliminares de la primera de las causas. El gobierno dice haber mejora la calidad de los estudios que la patrocinan. También que el cambio sobreviene después de asunción de Saravia, que logró unificar la información de las causas que tramitan los secretarios de legales de los ministerios. Esto viene a ocurrir después de que estos casos los llevasen el ministerio de Hacienda y la procuración de Carlos Balbín.
El caso renueva el debate sobre la figura del arrepentido, que seduce a legisladores y gobernantes y que avanza en las reformas legislativas en la Argentina, por arrastre del éxito de las pesquisas contra la corrupción en Brasil., Quienes ponen observaciones sobre ese método afirman que a la figura del arrepentido le sigue la aparición de los sicarios. Ocurrió en Italia con el auge de los pentiti, que permitió avances en la lucha contra las mafias. Pero también provocó decenas de asesinatos para acallarlos o para ejercer venganza. En el proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria que analiza el Congreso en estas horas se incluye la figura de “colaboración eficaz”, una versión local de la “delación premiada” de la legislación brasileña.
Por Ignacio Zuleta