El Gobierno toma aire con cadena de favores al Círculo Rojo. Argenzuela, un chiste. Guzmán, con la 10 en un partido chivo con los titulares. Qué más piden.
Hace apenas dos semanas, el dólar blue estaba tocando los 195 pesos, la brecha con el oficial era del 150%, Alberto Fernández aparecía débil y no encontraba forma de frenar la corrida. Reuniones en Olivos, versiones de cambios de gabinete, nuevo ultimátum del establishment a Martín Guzmán y pronósticos de una devaluación brusca forzada por el mercado como única vía de salida. La primera semana de noviembre cierra con fuerte contraste: el dólar paralelo retrocedió 38 pesos, la brecha por debajo del 100% y también el Contado con Liquidación quedó 35 pesos abajo. El Presidente recupera aire, el ministro de Economía sale de la asfixia y Cristina Fernández de Kirchner avala, a su manera, el giro de los últimos 15 días. Lejos del prime time, la pequeña victoria se respira en la Casa Rosada y Guzmán, empoderado, parece concentrar finalmente la mayor parte de las decisiones económicas. Además, el oficialismo encadenó una larga lista de gestos al establishment que marcan una hoja de ruta, en la cual el Gobierno intenta -desde la debilidad manifiesta- un pacto de sobrevida con el Círculo Rojo. Por vías separadas y sin mostrarse juntos, el Presidente y la vice promueven un acuerdo en el que abundan las concesiones del peronismo, aunque ni unos ni otros quieran reconocerlo.
LA BATALLA CONTRA EL DÓLAR. Con caída de reservas que no se detiene, el poder de fuego del Banco Central para enfrentar una corrida es escaso. Primera ofrenda del Gobierno a los poderes concentrados, la rebaja de retenciones a la soja incluyó el regreso del diferencial que beneficia a las grandes aceiteras, pero los resultados no fueron los que esperaba Fernandez. Según la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), en octubre hubo un aumento del 71% en toneladas exportadas, pero los gigantes del sector liquidaron U$S 1.715 millones, 4% abajo de septiembre y 14% menos que en el último octubre de Mauricio Macri.
Como forma de compensación, Guzmán puso en práctica una batería de medidas para frenar al paralelo que los voceros del poder económico interpretan como un claro gesto al mercado. En primer lugar, el bono atado al dólar que cubre a los especuladores ante cualquier devaluación y puede costarle caro al Estado en caso de que finalmente se produzca el salto devaluatorio que el Gobierno busca evitar. En segundo, la devolución al Central de unos $100.000 millones que le había prestado al Tesoro, lo que muestra que el Gobierno no quiere emitir más y quiere avanzar con el ajuste del gasto público de cara al acuerdo con el Fondo.
Entre el lunes y el martes, junto con llegada a Buenos Aires de la misión de los burócratas de Washington, el ministro de Economía lanzará la licitación de un nuevo bono en dólares por U$S 750 millones que parece haber sido diseñado para los fondos de inversión Pimco y Templeton, que hicieron su apuesta fuerte en pesos durante la aventura especulativa que propició el gobierno de Macri: según se dice, “quedaron atrapados” y presionaban fuerte sobre el CCL, un mercado que a Guzmán le preocupa bastante más que el blue. El bono que lanza ahora el ministro fue cuestionado por Roberto Lavagna a fines de julio, cuando consideró que trocar deuda en pesos por deuda en dólares es un “un error grave y una anormalidad”. Guzmán considera que la herramienta es el mal menor frente a la presión de los fondos sobre el CCL y el aumento todavía mayor de la brecha. Como sea, la deuda en dólares vuelve a incrementarse.
TITULARES, A LA MESA. El acercamiento con los empresarios más poderosos del país cobra cada día más importancia. Ya antes de que el blue tocara los 195 pesos, Guzmán había recibido, por separado, a Roberto Urquía, Paolo Rocca, Marcos Bulgheroni y Luis Perez Companc, pero se trataba de reuniones por temas casi siempre particulares. Aún con sus críticas y su diferenciación, la carta de Cristina del 27 de octubre parece haberle dado un impulso mayor al Presidente y a su gobierno. Como anticipó Letra P el fin de semana pasado, la vicepresidenta reconoció que el peronismo solo no puede resolver la crisis, llamó a un gran acuerdo con los titulares para darle solución al problema de la economía bimonetaria y le dio a Héctor Magnetto un lugar en la mesa.
Sin excusas para avanzar hacia el entendimiento con los grupos económicos, dos días después de la carta, Fernández y Guzmán activaron la reunión con los pesados de la AEA, el sello de los dueños que presiona por rebaja de impuestos, rechaza la ley que pide un aporte extraordinario de los ricos y, de manera periódica, hace oír fuerte las exigencias del sector privado.
Si Magnetto se sienta a la mesa, por algo es: en el corto plazo, se lleva algo o deja su lugar vacante otra vez. Aunque rige hasta el 31 de diciembre, ya en el oficialismo se habla de que el decreto que congeló las tarifas de las telcos está llegando a su fin.
La gran novedad fue la participación de Magnetto en la cumbre, que se hizo en el quinto piso del Ministerio de Economía. Aunque Rocca pidió por la devaluación bajo la coartada de la competitividad y no faltaron críticas al Gobierno, todo fue en un tono diplomático y los empresarios difundieron después la versión de que Guzmán había prometido para el año electoral un ajuste mayor al ya previsto en el Presupuesto que el Senado convertirá en ley justo cuando llega el Fondo.
Un funcionario que participó del encuentro consideró ante Letra P que sirvió para aflojar la tensión y representó un paso para el pacto que intenta reflotar intereses comunes. Poco después, se conoció el acuerdo del Gobierno con Rocca para que Tecpetrol entre al Plan Gas de subsidios a las petroleras, pese al juicio que lleva adelante contra el Estado por una deuda que dejó Macri. Producto de un acercamiento que inició Matías Kulfas antes de ser desplazado del área que ahora domina Guzmán, Techint mantiene la demanda hacia atrás, pero la levanta hacia adelante.
Si Magnetto se sienta a la mesa, por algo es: en el corto plazo, se lleva algo o deja su lugar vacante otra vez. Aunque rige hasta el 31 de diciembre, ya en el oficialismo se habla de que el decreto que congeló las tarifas de las telcos está llegando a su fin. Declaradas servicio público esencial, las compañías oligopólicas del sector no están impedidas de hacer aumentos después de esa fecha, como lo muestra el caso de las prepagas, recién autorizadas a una suba del 20% en dos cuotas a partir del mes próximo.
Tras casi un año de congelamiento, la cuestión de los precios regulados es otro de los reclamos del sector empresario que Fernández y Guzmán se aprestan a resolver. Ya hubo tres subas en los combustibles, en el Gobierno admiten que viene un incremento en las tarifas en los servicios públicos y los Precios Máximos entra en revisión, después de que -según publicó El Cronista– las empresas decidieran aumentos de manera unilateral en torno al 15%. Desde el lunes, la secretaria de Comercio, Paula Español, recibirá a los dueños de las alimenticias y se habla de ir licuando el programa de manera gradual, como contó Letra P. Lógica, inevitable y postergada según la lógica del sector privada, la temporada de aumentos no viene acompañada por una recomposición de salarios que encadenan tres años de pérdida fulminante. Tampoco la continuidad del IFE está garantizada y todo indica que se decidirá su extinción o compresión máxima.
DIÁLOGO HASTA QUE DUELA. Como parte de la escena, el Gobierno tendió en los últimos meses un puente con el agronegocio y el miércoles pasado Guzmán volvió a recibir al Consejo Agroindustrial, el sello que nuclea a más de 56 entidades del campo y le ofrece al Gobierno aumentar las exportaciones a cambio de beneficios impositivos para el sector. Al proyecto de ley que enviará el oficialismo al Congreso, se le suma el reclamo de bajar las retenciones a la carne y las economías regionales, algo que por ahora el ministro resiste.
La saga de movimientos se completa con los desalojos que cerraron la semana pasada, una de las grandes demandas del establishment. El operativo represivo que ordenó Axel Kicillof sobre los ocupantes de Guernica que hoy no tienen dónde vivir tuvo un capítulo adicional, el martes pasado, con un nuevo desalojo de 60 familias en Escobar.
Diluido en la polarización y la batalla del minuto a minuto, el sendero que empieza a mostrar el Gobierno para salir del encierro y la postura defensiva parecen elocuentes. Sin embargo, el Círculo Rojo ya empieza a demandar algo más: que Fernández archive el impuesto a la riqueza con un mea culpa más o menos explícito. Anunciado en abril y presentado en agosto, duerme el sueño de los justos en el Congreso y no muestra chances de prosperar.
Por Diego Genoud – Letra P