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Ésta es la jueza que ordenó reprimir a los trabajadores de Pepsico

Andrea Rodriguez Mentasty tiene a su cargo el Juzgado de Garantías 3 de San Isidro. Su pliego de designación tuvo tratamiento exprés en el Senado bonaerense. Fue esposa de un diputado oficialista.

La jueza que ordenó el desalojo de la planta que tiene Pepsico en Vicente López -que cerró el pasado 20 de junio tras echar a 691 personas- y terminó en represión, detenidos y heridos se llama Andrea Rodríguez Mentasty, una magistrada con fuertes vínculos con el PRO.

La mujer es titular del Juzgado N° 3 de Garantías de San Isidro y fue la que tomó la decisión de vaciar la fábrica de Pepsico en Vicente López, donde esta mañana se desató un fuerte conflicto.

Mentasty es la ex esposa del diputado provincial de Cambiemos Walter Carusso. Ambos se separaron en 2006. Sin embargo siguen relacionados.

Hace cuatro meses, Carusso hizo público en su Twitter una foto de ambos juntos. “Felicitaciones a los magistrados del departamento judicial de San Isidro Dra Andrea Rodríguez Mentasty y el Dr Hernan García Lázaro”, escribió el 8 de marzo.

Mentasty fue designada por el Senado de la Provincia de Buenos Aires en noviembre de 2016. Tiene menos de un año en su cargo.

El intendente de la zona donde Mentasty es la titular de su juzgado es Gustavo Posse, alcalde de San Isidro.

Posse pertenece al radicalismo PRO al igual que el ex esposo de la magistrada. Ambos pertenecen al mismo espacio, con el gen de la UCR.

 

En esa misma foto que tuiteó en marzo Carusso se lo ve junto al intendente Posse y la jueza que ordenó esta semana el desalojo.

“Hoy la justicia federal tomó medidas para investigar el lock out de PepsiCo, pero la justicia PROvincial avanza en el desalojo que ahora es ilegal”, denunció hace dos días la referente del Frente de Izquierda Myriam Bregman, hoy presente en la fábrica y que sufrió en carne propia la represión de la policía.

Mentasty dio esta orden sin tener en cuenta que la empresa está denunciada penalmente en el juzgado de San Isidro a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado por imponerle a los trabajadores un lock out para obligarlos a retiros voluntarios.