El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, pidió retirar la inmunidad a la fiscal general y a un juez tras su decisión de allanar un centro electoral y abrir cajas con las papeletas de votación de las elecciones de junio.
A raíz del allanamiento, Arévalo anunció también que suspendía el proceso de transición hacia su investidura, prevista en enero de 2024 para reemplazar al presidente saliente, el derechista Alejandro Giammattei.
Las solicitudes para levantar los fueros a la fiscal general Consuelo Porras y al juez Fredy Orellana fueron presentadas la noche del martes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la capital guatemalteca, según el recurso legal.
Arévalo presentó además una denuncia penal contra los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la unidad que emprendió una cruzada contra los resultados de las elecciones generales.
Exige la renuncia de los cuatro funcionarios, a los que acusa de orquestar un plan de golpe de Estado para bloquear su llegada al poder.
El exdiputado socialdemócrata resultó ganador en la segunda vuelta del 20 de agosto, tras dar la sorpresa en la primera vuelta pues no figuraba como favorito entre una veintena de candidatos.
La denuncia pide retirar la inmunidad a la fiscal general y al juez para que sean investigados por seis presuntos delitos, entre ellos violación de la Constitución, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad con propósito electoral y prevaricato.
Curruchiche sostiene que el allanamiento es legal pues solo buscan verificar la denuncia de un ciudadano, y rechazó que cause desestabilización en este país centroamericano.
“Nosotros no podemos validar o invalidar una elección que el pueblo de Guatemala ya hizo. Únicamente es proceso de verificación, que es totalmente distinto a contar papeleta por papeleta”, aseguró a una canal de televisión local.
Más acciones contra fiscalía
El Tribunal Electoral presentó el martes una acción de amparo ante la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad para dejar sin efecto los allanamientos de la fiscalía.
La oenegé Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, siguió sus pasos e hizo lo mismo este miércoles.
El amparo rechaza “las acciones realizadas por el Ministerio Público y el juez Orellana, especialmente haber vulnerado el sufragio de los guatemaltecos”, dijo el vocero de Acción Ciudadana, Néstor Páez. “Este golpe electoral se debe detener”, afirmó.
El coordinador general de asuntos jurídicos del TSE, Abraham Álvarez, calificó de ilegal la apertura de cajas electorales pues lo hicieron “sabiendo que es una facultad exclusiva de las juntas receptoras de votos” y el tribunal electoral.
Las cajas incautadas contenían los votos emitidos, nulos, en blanco, papeletas sin uso y otros objetos utilizados por cada mesa electoral.
La presidenta del TSE, Irma Palencia, denunció la apertura de las cajas como “inédita y preocupante”.
Pese a la incertidumbre provocada, aclaró que los resultados electorales ya fueron oficializados, “y eso no puede cambiarse”.
El allanamiento generó una oleada de críticas y rechazo por parte de actores nacionales e internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, el Consejo Nacional Empresarial, organizaciones indígenas, de derechos humanos y otros.
“Fue un ataque al proceso democrático y al Estado de derecho. Estados Unidos seguirá apoyando la democracia guatemalteca y castigará a los actores corruptos que pretendan quebrantarla”, afirmó Phil Gordon, asistente del presidente Joe Biden y consejero de Seguridad Nacional de la vicepresidenta Kamala Harris, en la red social X, antes Twitter.
Estados Unidos ha incluido a la fiscal Porras, al juez Orellana y a los fiscales Curruchiche y Monterroso en una lista de personajes “corruptos” en Guatemala.