Las abogadas querellantes acusaron a las defensas de montar una operación mediática para salvar a los cuatro altos mandos navales imputados. Señalan que la Justicia ya validó las pruebas tres veces y exigen condenas firmes por permitir que el buque zarpara con fallas técnicas.
A nada de que la Justicia dicte la sentencia final por la tragedia del ARA San Juan, el clima en los tribunales levantó temperatura. Las abogadas que representan a las familias de los 44 tripulantes salieron con los tapones de punta a denunciar una feroz “presión mediática y política” sobre el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. El objetivo de la movida, aseguran, es plantar la duda en la sociedad para salvar a los responsables de ir a la cárcel y evitar las condenas por el hundimiento del submarino ocurrido en 2017.
Valeria Carreras y Lorena Arias, las letradas de la querella, apuntaron directo contra el bombardeo de noticias que busca instalar la idea de que la tragedia es un misterio imposible de resolver. “Distintos medios nacionales vienen replicando, nota tras nota, los argumentos de las defensas. No es casualidad. Es presión y la denunciamos“, afirmó Carreras, dejando en claro que la estrategia busca embarrar la causa con información falsa para esquivar las penas.
El enojo de la querella también expuso cómo fueron mutando las excusas de los imputados a lo largo de estos ocho años y ocho meses. Según detallaron las abogadas, los acusados arrancaron culpando a la apertura accidental de una válvula, pasaron a responsabilizar a la propia tripulación, luego le tiraron el fardo al comandante fallecido que no puede defenderse, y hasta llegaron al extremo de comparar a uno de los imputados con un héroe de la mitología griega, un “Ulises contemporáneo”.
Para Arias y Carreras, no hace falta inventar nada nuevo ni buscar excusas porque la evidencia documental sobra. Destacaron que las pruebas por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión y estrago culposo agravado ya superaron tres filtros de muchísimo peso. Esos mismos elementos sirvieron para procesar a los acusados en enero de 2020, luego la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia los ratificó, y hasta el propio Consejo de Guerra de la Armada los usó para destituir a los oficiales superiores.
El juicio penal, que arrancó en marzo de este año, tiene en la mira a cuatro mandos de la fuerza. Se trata de Luis López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval; Claudio Villamide, ex jefe de la Fuerza de Submarinos; Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor de ese comando; y Hugo Correa, ex jefe de Operaciones. La Justicia intenta probar de forma definitiva si ellos dieron luz verde para que el submarino zarpara a pesar de estar flojo de papeles y con deficiencias técnicas.
El pedido de justicia frente al peso del poder
Las querellantes marcaron un fuerte contraste entre las herramientas de presión que manejan los altos mandos y la cruda realidad que viven los familiares de las víctimas. Aclararon que ellas representan a personas del interior del país, sin padrinos políticos ni fortunas, que llevan casi nueve años pidiendo respuestas y sufriendo en carne propia las consecuencias de las malas decisiones.
En su descargo, buscaron separar los tantos y subrayaron que este proceso judicial no es un ataque contra la institución militar. Por el contrario, recalcaron que la pelea en los tribunales es un acto de justicia por los 44 hombres que integraban la fuerza y que perdieron la vida únicamente por las omisiones de sus jefes.
El cierre del mensaje fue brutalmente directo y resumió el espíritu del reclamo que llevan adelante desde aquel fatal 2017. “No nos subestimen. El mar no los hundió. Fueron los hombres. Y deben ser condenados”, sentenciaron las abogadas, pasándole toda la responsabilidad al tribunal santacruceño que ahora tiene la última palabra.
Fuente: Perfil