El Gobierno escribe con la mano y borra con el codo, detona alianzas y se enreda solo con una pelota de internas y cortocircuitos. Alarmas por desgaste precoz.
El año nuevo arrancó y se parece bastante al viejo. La pandemia no da tregua, los casos vuelven a ascender sin haber retrocedido nunca hasta cero y el Gobierno ingresa otra vez en un desfiladero en el que debe optar entre conformar a las empresas que reclaman aumentos de precios o frenar las subas por segundo año consecutivo para cuidar al electorado del Frente de Todos. La contradicción no se expresa sólo en un choque con la oposición, sino que vuelve a quedar expuesta dentro del propio gabinete. Claro como nunca, se vio con la resolución -publicada en el Boletín Oficial- que firmó Ginés González García el 31 de diciembre para autorizar el aumento del 7% que venían reclamando las prepagas y fue desmentida unas horas después “por expresa decisión del Presidente”. Los cortocircuitos entre el ministro de Salud y el profesor de Derecho Penal se volvieron habituales durante la pandemia, pero en este caso se refieren al aumento de la medicina prepaga que, según las empresas, el Gobierno se había comprometido a ejecutar. No solo Ginés sino, también, Santiago Cafiero, que ya había ordenado anular una suba del 15% en diciembre y reemplazarla por un incremento del 10 %.
Desgastados
Lo particular de las nuevas idas y vueltas es que se dan en relación a sectores que están en diálogo con el Gobierno y provocan un desgaste que aun en la Casa Rosada se considera innecesario. Un daño autoinfligido. Alberto Fernández tuvo que recibir a Claudio Belocopitt para explicarle que no está pensando en una estatización y pedirle que entiendan la imposibilidad de dar aumentos. Después, dijo en Radio Con Vos que las prepagas necesitan algún tipo de control del Estado porque captan ahorro público. El dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud privadas (UAS) no es sólo un empresario dedicado al negocio de la medicina prepaga: además, es un aliado del peronismo, que dispone de espacio abierto en la pantalla de América para hacer oír sus reclamos y tiene vínculo permanente con parte de la comandancia del Frente de Todos. Belocopitt se reunió también con Cafiero, el jefe de Gabinete recibió más tarde a la Federación Argentina de Prestadores de Salud y ahora buscan un mecanismo para compensar a las prepagas antes de febrero. Puede ser la extensión del ATP, que fue dado de bajo el 31 de diciembre.
¿Por qué el gobierno dio marcha atrás con lo que había autorizado unas horas antes? En la Rosada, no encuentran justificaciones públicas, pero en el entorno de Cristina Fernández de Kirchner sostienen que el aumento a las prepagas conspiraba con la meta que la vicepresidenta anunció en La Plata para el año electoral: alinear tarifas y precios con salarios y jubilaciones. Desde el oficialismo, afirman que fue la propia CFK la encargada de alertar sobre un incremento inviable. Después, el Presidente salió a explicar su decisión, en un movimiento que no hizo más que evidenciar las contradicciones dentro del propio gobierno.
Alinear o no alinear
El torniquete sobre los precios regulados es una política que ya se había iniciado con el freno al aumento de tarifas que había anunciado el cristinista Darío Martínez y esperaba con ansias Martín Guzmán para comenzar a reducir subsidios energéticos y achicar el déficit. Solo YPF cuenta con aval oficial para aumentar las naftas y el resto es parte de un tira y afloje que se va a extender durante todo el año.
La vicepresidenta ya había refutado la partitura de Balcarce 50 a principios de diciembre cuando dieron de baja el artículo 6 de la reforma previsional que había enviado el Ejecutivo. Los senadores del Frente de Todos decidieron que el aumento del 5% que había decidido el Gobierno para diciembre no sería a cuenta de marzo y que los incrementos no serían semestrales sino trimestrales. Le tocó a Cafiero una vez más hacer un pase de magia para negar la contradicción al más alto nivel y fingir que se trataba de una modificación que mejoraba la nueva fórmula.
O la consigna de Cristina para alinear precios con jubilaciones no es compartida o no se entiende o no hay margen para aplicarla, pero lo que queda claro -sobre todo, puertas adentro- es que el permanente marcha atrás debilita al Gobierno y confunde a la sociedad.
Agrorreunionismo
Las prepagas no son el único sector que entró en tensión con la coalición oficialista en las últimas semanas. También lo hizo el mundo del agronegocio que estaba sentado a la mesa del Gobierno con las 57 entidades que integran el Consejo Agroindustrial. El campo y el Gobierno trabajan en un proyecto de ley para impulsar las exportaciones a cambio de una ley de beneficios impositivos. Sin embargo, la resolución que frenó las exportaciones de maíz con el objetivo de abastecer el mercado interno no sólo activó un paro de los viudos de la Mesa de Enlace, sino que generó cruces dentro del propio Consejo que aparece como aliado del Gobierno.
Tres dirigentes que posaron sonrientes en la visita que le hicieron a Cristina en el Senado en julio pasado quedaron parados en veredas distintas. Mientras Roberto Domenech, de la Cámara Avícola, fue el principal promotor de las restricciones para abastecer con maíz a polleros, productores de cerdos y tambos, José Martins, de la Bolsa de Cereales, y Gustavo Idígoras, de CIARA-CEC, salieron a cuestionar la medida, dijeron que el Gobierno se equivocó y pidieron retrotraer la resolución. Domenech convenció a la secretaría de Comercio, Paula Español, que visitó al ministro de Agricultura, Luis Basterra, en los días previos a la resolución oficial. Sin embargo, la infinidad de encuentros que hubo entre el Gobierno y el agronegocio no pudo impedir los cuestionamientos del Consejo. Primero se dictó la medida, después surgió el rechazo y más tarde, Basterra llamó a una reunión de emergencia con las cabezas visibles del agrupamiento agropecuario. Ahora, se habla de dar marcha atrás con la resolución.
Antipolítica comunicacional
La convocatoria al paro mostró una vez a la Mesa de Enlace como un agrupamiento que está cautivo de la oposición más dura y convoca por segunda vez a una medida que no tiene siquiera el apoyo de las cuatro entidades, pero, también, a un gobierno que toma decisiones y no sale ni a explicarlas ni a defenderlas. Mientras los voceros del agronegocio ganan la iniciativa con sus consignas, imponen rápido una lectura sobre “el cepo” y dejan al oficialismo a la defensiva, en el gabinete la confusión se reedita. Como sucede con otros funcionarios, Basterra parece tener la palabra pública vedada, en su lugar habla el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el Presidente termina, una vez más, enredado en un debate que lo excede. Lo que podría ser una discusión técnica termina en declaraciones de Fernández que alimentan el loop del conflicto entre el kirchnerismo y el ruralismo, justo lo que Alberto se proponía no repetir.
Los anuncios que generan conflictos con sectores empresarios y después el Gobierno trata de remediar como puede son un síntoma de la falta de eficacia en distintas áreas de la administración. Cerca del propio presidente, se fastidian con el desgaste de conflictos que podrían evitarse sin que el oficialismo delate en público sus dudas y diferencias. Sin embargo, no es lo único que preocupa en la Casa Rosada. En el gabinete, se lamentan por la dificultad que tiene el elenco gubernamental para poner en valor las buenas noticias en el marco de una situación por demás delicada, donde prima el malestar general. Como ejemplo, mencionan dos medidas que casi no tuvieron repercusión y no fueron difundidas por ministros ni por legisladores del Frente de Todos. En primer lugar, el Decreto 1060, del 31 de diciembre, que elimina las retenciones para productos de las economías regionales de 18 provincias: tomate, cebolla, pimiento, miel, mandioca, cítricos dulces, cítricos, té, yerba mate, alimentos en base a frutas, jugos de frutas y aceites, esencias de cítricos, papas, hongos, peras, manzanas, semillas y maíz pisingallo. Por el otro, la entrada en vigencia, el 1 de enero, del plan básico obligatorio para telefonía, Internet y TV paga con una tarifa inicial de 150 pesos, una política que apunta a beneficiar a diez millones de personas que pertenecen a los sectores de menores ingresos. El silencio del panperonismo beneficia a las empresas de telecomunicaciones, que, en la mayoría de los casos, todavía no implementaron los planes debido a “cuestiones operativas”.
Por Diego Genoud – Letra P