La crisis ha revuelto al oficialismo y ha mostrado diferencias disimuladas. Por supuesto, también hay cruces fuertes con la oposición. Este contexto se da en un momento en que la necesidad de alcanzar acuerdos se hace cada vez más imperiosa.
Impulsado por los golpes de la crisis, por las encuestas de opinión pública y por las advertencias de sectores en los que busca apoyarse, el Gobierno parece tantear una nueva sintonía con la realidad. Lo hace contradictoriamente porque la crisis ha revuelto las aguas del oficialismo y ha empujado cerca de la superficie diferencias que los tiempos más tranquilos disimulaban.
Sin ir más lejos, el Jefe de Gabinete salió a desmentir a la mimada y temida Elisa Carrió. Ella aseguró que el Presidente dio luz verde al tratamiento parlamentario de la legalización del aborto “porque le habían asegurado que ganaba el no”. La diputada seguramente quería cuidar a Mauricio Macri ante la opinión de los votantes de Cambiemos que rechazan la norma que aprobó la Cámara de Diputados. Pero con ese argumento perforó el relato oficial de la neutralidad del Presidente, que Peña salió a sostener.
El Jefe de Gabinete también tuvo chisporroteos con el (super) ministro de Economía, cuando sugirió que podía aplicarse algún impuesto a los viajes al exterior para desalentar la emigración de divisas que ellos provocan. Son discusiones en el seno del gobierno.
Por supuesto, también hay cruces fuertes con la oposición. Pero, pese a la renuencia de algunos actores, comienza a visualizarse un entramado de poder que enlaza a las partes, cuyos hilos básicos son los núcleos de gobierno (nación, provincias y, un escalón más abajo, municipios). Allí hay una coincidencia objetiva: todos necesitan afirmar gobernabilidad y tienen que asociarse para sostenerla. Desde esos poderes territoriales el sistema se extiende al Congreso. Y también al movimiento obrero.
CGT-FMI: EL DIALOGO ES POSIBLE (Y NECESARIO)
Inopinadamente, el FMI, en teleconferencia con los tres dirigentes máximos de la CGT, expresó su aval a la institucionalización del diálogo social (una instancia a la que el gobierno se ha resistido). Según los líderes sindicales, los funcionarios del Fondo afirmaron que “el ajuste debe hacerse sobre los que tienen más recursos, sobre los que se beneficiaron con la devaluación”. Si bien se mira, se trata de una forma invertida de la advertencia formulada en Mar del Plata por los obispos argentinos diez días atrás: “la Iglesia no puede dejar de decir que el ajuste no lo tienen que pagar los pobres”.
El diálogo entre los directivos de la CGT y los ejecutivos del FMI (que se repetirá de cuerpo presente en septiembre, cuando una misión del Fondo visite Buenos Aires) puede leerse oblicuamente como un gesto cruzado de reconocimiento: el Fondo le ofrece cartas argumentales a la CGT pero simultáneamente ésta admite, por esa vía un acuerdo que declarativamente cuestiona. Si esos extremos se tocan, ¿por qué no imaginar otros contactos constructivos?.
En estos tiempos turbulentos las obvias diferencias de orden ideológico y político-electoral no desaparecen, por cierto, pero una ley física dictada por la severidad de la crisis obliga a subsumirlas en la lógica del acuerdo.
La gobernabilidad y hasta el propio ejercicio efectivo del poder dependen, en rigor, de un sistema político que trasciende al oficialismo y en el que este debe buscar convergencias. Aunque parezca paradójico, precisamente porque están forzados a competir pero también a coincidir en un territorio común, las partes por momentos elevan más el tono de las discrepancias. Del cruce de esos vectores, debajo de las tensiones pueden entreverse puntos de encuentro.
UNA MESA OPERATIVA
Algunos de esos encuentros ahora son públicos y repercuten en acciones en marcha. Dos semanas atrás, cuando el vendaval cambiario arreciaba, alcanzó un pedido vía whatsapp del Ministro de Interior para que un grupo importante de gobernadores peronistas saliera a respaldar las políticas de reducción del déficit fiscal. Una señal positiva para los mercados.
El sagaz columnista Ignacio Zuleta divulgó el último fin de semana un encuentro de alto nivel que reunió a cuatro representantes del oficialismo y cuatro del peronismo postkirchnerista. Con intención, Zuleta habló del “pacto de San Isidro” , autorizado por la circunstancia de que la reunión ocurrió cerca de aquel hipódromo y evocando el pacto de Olivos que cerraron en 1993 Raúl Alfonsín y Carlos Menem y que abriría la puerta a la reelección del segundo.
De los ocho congregados en San Isidro, cuatro son gobernadores (dos peronistas: Schiaretti y Urtubey; dos oficialistas: Vidal y Rodríguez Larreta). Los otros cuatro nombres son los de el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, el jefe del FR, Sergio Massa, y el jefe de los senadores peronistas, Miguel Pichetto. Había un noveno invitado, que no pudo llegar pero forma parte de esa mesa: el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.
Frigerio, Monzó, Rodríguez Larreta y Vidal vienen manifestando, con hechos o con palabras, cierta preocupación por el paulatino aislamiento del gobierno y por los errores no forzados que llevaron al oficialismo a perder pie en la opinión pública. De todos aquellos nombres, en rigor, el más revelador es el más inesperado. La presencia de Peña, quizás la figura del elenco presidencial más representativa de la resistencia a un acuerdo con el peronismo, parece indicar que la Casa Rosada se resigna al cambio impuesto por las circunstancias, que implica consolidar un sistema en el que hay que compartir poder y gobernabilidad. ¿O la función de Peña en esa mesa consiste en operar de freno? Porque, aunque todavía el oficialismo vacila entre aceptar la sociedad con el peronismo o mantener una estrategia de confrontación, lo que en esa mesa ya se discute son las condiciones del reparto de poder y responsabilidades y la distribución de electricidad y de gas (y las obras de agua corriente y cloacas a cargo de Aysa) subsidiados hasta ahora con recursos de todo el país.
ENTRE EL AJUSTE Y LOS ACUERDOS
El ministro Dujovne, que opera como bisagra con el FMI para cumplir con los acuerdos, está preocupado por cerrar la caja del estado central y en ese sentido le viene bien sacarse de encima la losa del subsidio a esos servicios. El no tiene como prioridad calcular los costos políticos. La liga de gobernadores del PRO (Larreta y Vidal), en cambio, tiene responsabilidades y compromisos territoriales que van más allá de la pertenencia partidaria. Para ellos el traspaso implica una gabela que resta recursos a otros objetivos.
Con el achicamiento del déficit en la mira, Dujovne pone también trabas al cumplimiento de ciertos compromisos adoptados por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, con los movimientos sociales, que contienen a sectores muy vulnerables. Ese es otro escenario donde la crisis debería estimular el realismo.
En momentos en que el consenso de los analistas económicos augura una inflación anual del 30% y al menos dos trimestres de recesión, parece muy razonable la intención de la ministra de reactivar el diálogo y ser receptiva a las propuestas de los movimientos sociales, que no son incendiarios como imaginan algunos analistas, sino que contribuyen a prevenir siniestros.
En estos días esos movimientos reclaman que se decrete la emergencia social y empujan la aprobación de la ley de entrega de certificados de dominio de tierras públicas (o expropiables) de más de 4000 villas y asentamientos donde habitan 810.000 familias. El último miércoles obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados (otra expresión de acuerdo político: apoyaron el oficialismo y el peronismo). Los movimientos también piden un bono urgente que compense a los más vulnerables.
La realidad (uno de cuyos factores es el activismo de los movimientos sociales y el respaldo notorio que estos reciben de la Iglesia) presiona al gobierno a escuchar y abrirse. A través de estas articulaciones se genera un nuevo equilibrio, diferente del que le pedían al oficialismo sectores de su electorado propio y que siguen imaginando algunos de sus cuadros.
El último fin de semana, el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, señalaba en una entrevista: “Si solo nos dedicamos a la exportación y a las finanzas, sobran dos tercios de la población; si solo nos dedicamos a transferir ingresos y generar empleos baratos para los pobres y nos cerramos al mundo, no crecemos. El gran desafío político hoy es juntar estas dos miradas de la Argentina”.
Dos miradas a las que, incidentalmente, Salvia les puso nombres propios: Roberto Lavagna y Carlos Melconian.
“El equipo de Roberto Lavagna, en su momento cumplió una función importantísima. Nos ofreció tranquilidad para entender la crisis y se atrevió a pensar más allá, pero no lo escucharon. Y hay gente que tiene una capacidad de diagnóstico y voluntad de cambio muy importante, aunque ideológicamente pertenezca a un grupo distinto del de Lavagna. Alguien como Carlos Melconian. Estos dos proyectos deberían juntarse; ninguno está tan alejado del otro. La Argentina que viene tiene que generar acuerdos políticos claros y debe tener los mínimos errores posibles. Hay que juntar esos equipos alrededor de un proyecto de país con fuertes políticas de Estado“, señala.
Más allá de los nombres, Salvia da una pista de la amplitud de los acuerdos en los que piensan intelectuales orgánicos de la Iglesia. Acuerdos entre diferentes y hasta entre opuestos. Esos acuerdos probablemente están en marcha a través del conflicto y los estruendos de la crisis. Como decía Yrigoyen: “todo taller de forja es como un mundo que se derrumba”.