En 1995, Brasil fue uno de los primeros países que reconoció oficialmente la existencia del trabajo forzoso en su territorio ante la comunidad internacional. Desde entonces, cerca de 57.000 personas sometidas a formas de esclavitud moderna fueron rescatadas por los equipos estatales de fiscalización.
Las políticas públicas contra el trabajo esclavo implementadas por los diferentes Gobiernos con el fin de erradicar esta violación de los Derechos Humanos convirtieron a Brasil en una referencia mundial en el combate de esta lacra, un reconocimiento que vino de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A finales de 2020, en medio de la pandemia del coronavirus, el rescate de una empleada doméstica en la ciudad de Patos de Minas, en el Estado de Minas Gerais, conmocionó a la sociedad brasileña. Madalena Gordiano pasó 38 años al servicio de dos familias sin recibir un salario, ni un solo día de vacaciones. Fueron 24 años con una profesora blanca, que prometió adoptarla, aunque nunca lo hizo, y otros 14 años con su hijo, un profesor universitario de veterinaria, Dalton Milagres Rigueira. Ahora este docente enfrenta un juicio que podría culminar con una pena de dos a ocho años de cárcel, según establece el Código Penal brasileño.
Madalena, que hoy tiene 47 años, comenzó a trabajar como doméstica a los ocho años. Su madre tuvo nueve hijos y se vio obligada a ponerla al servicio de una familia, que le arrebató la libertad. La sacaron de la escuela y nunca le permitieron retomar sus estudios. Además, los Milagres Rigueira la obligaron a casarse con un familiar anciano y enfermo cuando Madalena tenía unos 20 años. Era un militar de 78 años que había combatido en la Segunda Guerra Mundial. La finalidad de esta boda de conveniencia era heredar una pensión de viudez de 8.000 reales por mes (equivalente a 1.400 dólares), una de las más altas en Brasil. Madalena nunca llegó a percibir este dinero. Sus patrones lo usaron para costear los estudios universitarios de sus hijos.
El rescate de Madalena ocurrió gracias a la ayuda de los vecinos, que recibían billetes en los que Madalena pedía donación de comida y artículos de higiene personal. Una denuncia anónima fue el detonante de la operación del Ministerio de Trabajo. Previamente, se llevó a cabo una investigación para demostrar si realmente se trataba de un caso de trabajo forzoso. “Es una cuestión muy delicada, porque las personas como Madalena pasaron toda su vida al servicio de la misma familia. Erradicarla de su entorno sin una razón comprobada podría causarle un trauma innecesario y dejarla en una situación de desamparo, sin hogar y sin sustento”, explica Humberto Camasmie, el inspector del Ministerio del Trabajo que lideró la operación.
Hoy un vínculo de amistad une a Humberto y Madalena. Esta mujer está aprendiendo a llevar su vida después de 38 años de cautiverio. Los tribunales condenaron a sus patrones a pagarle una indemnización por todos los años en los que trabajó sin recibir un sueldo. Alegando falta de liquidez, Dalton Milagres Rigueira entregó a Madalena el piso donde ella vivió durante 14 años en un cuarto minúsculo y sin ventana, trabajando de sol a sol. “Yo me levantaba a las 2 de la mañana y trabaja hasta las 8 de la noche, de pie. Mi columna no aguantaba más. Dentro de mi cabeza sabía que no era correcto. Pero me decía a mí misma: ‘No voy a hablar, voy a quedarme calladita’. Sufría en silencio”, revela Madalena.
En los primeros días después del rescate, Humberto le ofreció amparo en su casa, donde reside con su esposa y sus hijas. Fue una excepción en su larga trayectoria, en la que rescató a casi 900 trabajadores esclavizados. “Ella estaba muy fragilizada y, al mismo tiempo, habíamos creado un vínculo de confianza. Me pareció una buena idea traerla a mi casa para darle este cariño, este calor humano que necesitaba en aquel momento. Eso le ayudó a ver nuevas perspectivas fuera de la casa donde vivía”, recuerda este inspector.
Madalena intenta ahora vender el piso donde trabajó en condiciones de esclavitud. Su intención es comprar una casa en Uberaba, la ciudad en la que vive actualmente junto a Taís Teófilo, su asistente social, quien le dio cobijo durante este periodo de transición. Esta empleada doméstica se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la esclavitud contemporánea. Su historia incluso ha impulsado nuevas denuncias en un área laboral que no era fiscalizada. El primer rescate de una doméstica fue realizado tan solo en 2017. Desde entonces, 27 personas fueron liberadas.
Toda la historia de Brasil está ligada al tráfico de esclavos. A lo largo de 350 años, entre cinco y seis millones de africanos fueron traídos a la fuerza a Brasil, que fue el último país del mundo occidental en abolir la esclavitud. No hubo ningún tipo de reparación: millones de afrodescendientes fueron dejados a su suerte, sin tierras ni educación. “Este foso de desigualdad no fue superado después del 13 de mayo de 1888. Por lo contrario, se profundizó. Sin posibilidad de conseguir un empleo, ¿cómo integrar a esta población en la sociedad? Para los negros y los mestizos, solo sobró una ciudadanía de segunda o de tercera clase”, señala Carla Machado López, historiadora del Archivo Nacional de Brasil.
Este legado se arrastra hasta hoy. El trabajo esclavo contemporáneo en Brasil tiene un color definido. El año pasado, el 77% de los rescatados eran negros. “Las domésticas en Brasil, desde la Asamblea Constituyente de 1987, siempre simbolizaron el trabajo esclavo y la violencia contra las mujeres. Era que lo descendía directamente de la esclavitud y del azote”, afirma Benedita da Silva, quien fue la primera senadora y la primera gobernadora negra de Brasil.
Esta diputada federal compareció en 2014 en el Congreso ataviada en un uniforme de doméstica, el mismo que usó durante muchos años, antes de llegar a la política. Nacida en una favela de Río de Janeiro, Benedita da Silva quiso manifestar su apoyo a la llamada ‘PEC de las domésticas’, una reforma constitucional que otorgó por primera vez derechos laborales a estas profesionales.
La esclavitud moderna suele ser mucho más común en las áreas rurales. La pandemia del coronavirus afectó a la fiscalización del trabajo. En 2020, los inspectores tuvieron que interrumpir las operaciones de rescate durante unos meses, ante el alto riesgo de contagio. En total, fueron rescatados 936 trabajadores. En los primeros nueve meses de 2021, en cambio, fueron liberadas 1.015 personas, lo que demuestra una retomada de las operaciones de inspección.
La pandemia no ha sido el único desafío para la fiscalización del trabajo forzoso. La aprobación de una reforma laboral en 2017, durante el Gobierno de Michel Temer, aumentó la precariedad de los trabajadores. En 2003, Brasil creó la llamada ‘Lista Suja’, un registro de empresarios flagrados por este crimen. En 2020, una asociación del ramo inmobiliario intentó tumbar este mecanismo, pero la Corte Suprema lo impidió. Todo esto motivó a la OIT a alertar al Gobierno brasileño sobre importancia de seguir esta lucha contra esta violación de los derechos humanos.
Cabe destacar que los últimos dos Gobiernos redujeron los fondos públicos destinados a las operaciones de fiscalización del trabajo forzoso. “La categoría de inspector del trabajo ha sufrido una corrosión por una mezcla de falta de recursos y, por otro lado, por una política clara de no recomposición de estos cuadros para indirectamente perjudicar la labor de fiscalización. El Gobierno de Michel Temer y el Gobierno actual de Jair Bolsonaro son muy críticos con la fiscalización del trabajo, porque garantiza derechos laborales”, afirma Leonardo Sakamoto, periodista y director de la ONG Repórter Brasil, una organización que lucha activamente contra el trabajo forzoso en Brasil.
“Muchas personas creen que el trabajo esclavo acontece en los momentos de grave crisis económica. En realidad, la esclavitud moderna se da con mucha frecuencia durante los ciclos de crecimiento económico, cuando se necesita mano de obra lo más barata posible para poder concurrir en el mercado. En estos momentos, los empresarios niegan a los trabajadores sus derechos básicos, tan básicos que acaban cayendo debajo de la línea de dignidad del trabajo esclavo”, añade Sakamoto, quien fue relator especial de las Naciones Unidas sobre cuestiones de esclavitud moderna.
Hay que tener en cuenta otro factor: todo el esfuerzo de fiscalización del Estado no es suficiente para erradicar el trabajo forzoso. Muchos obreros recaen en las redes de explotación por falta de alternativas laborales. “Yo mismo acabé rescatando al mismo trabajador en varias ocasiones. Esto ocurre con una cierta frecuencia por causa de una deficiencia del Estado a la hora de ofrecer mejores condiciones y la falta de reinserción de estos trabajadores en el mercado de trabajo”, explica el inspector Humberto Camasmie.
Además, la impunidad es muy grande. Normalmente los casos son resueltos en tribunales civiles con el pago de indemnizaciones. “Durante mucho tiempo vimos que los procesos criminales demoraban mucho o prescribían, y no había realmente una condena final. Pero en los últimos años, se ha producido una modificación en este escenario. El año pasado hubo varias condenas, incluso con la pena máxima, es decir, ocho años de reclusión. Estamos constatando que los empleadores están cada vez con más miedo de ir a la cárcel”, afirma Fabrício Borela Pena, Procurador del Ministerio Público de Trabajo.
Por Valeria Saccone- France24