Alberto Fernández atravesó con éxito su primera quincena de gobierno. El sábado 21 consumó una decisiva victoria legislativa con la aprobación en el Senado de la ley de solidaridad social y reactivación productiva. La norma sancionó una situación de emergencia que afecta la realidad económica, la situación fiscal, el régimen previsional y la salud. En función de esas emergencias, el Poder Ejecutivo queda habilitado a adoptar medidas excepcionales, y acumula una cuota significativa de poder.
En su columna de La Nación, reticente pero lúcido, Joaquín Morales Solá se inclinaba el último domingo ante la manifestación de autonomía presidencial: "Es comprensible que un presidente que llegó con la mayoría de los votos prestados por otro líder (otra líder, en este caso) intente consolidar primero su poder. Lo consiguió. No quedó ningún argumento para los que decían que sería un mero títere de la ex presidenta".
Para conseguir ese triunfo presidencial que tuvo como escenario el Congreso y había empezado a edificarse en una maratónica y enredada sesión de la Cámara de Diputados, el oficialismo contó con el apoyo de bloques de la oposición (por caso, el lavagnismo, fuerzas federalistas provinciales y sectores disidentes del macrismo) pero tuvo que afrontar la fiera oposición de Juntos por el Cambio, que anunció desde el inicio su rechazo a la iniciativa y su voluntad de boicotear el debate negándose a formar quorum: "La propuesta es invotable", sentenció el interbloque de la coalición. Irónicamente, sus líderes parlamentarios se quejarían después de su derrota de que el oficialismo legislativo no negoció con ellos lo que ellos habían rechazado a priori negociar.
LA GUERRA Y LA PAZ
Como la táctica de impedir la sesión fracasó (el oficialismo admitió cambios en el texto del proyecto sugeridos por otros bloques y con esas presencias se aseguró el quorum, para el que no tiene número en soledad), Juntos para el Cambio tuvo que bajar al recinto y librar batalla allí.
En esos prolegómenos, la coalición de radicales, macristas y lilitos empezó exhibiendo grietas internas, aunque en definitiva conseguiría unificar personería. En principio, los gobernadores de la coalición (el jujeño Gerardo Morales, el correntino Rodolfo Valdés, el mendocino Rodolfo Suárez, los tres radicales, y también el macrista porteño Horacio Rodríguez Larreta) tomaron distancia de la intransigencia que insinuaban sus legisladores: ellos prefieren (y seguramente necesitan) mantener una relación cooperativa con el oficialismo nacional.
Aunque en los bloques había correas de transmisión de esa postura, no consiguieron prevalecer. Las élites de los tres partidos de la coalición -en particular la del Pro, a cuya cabeza Macri impuso a la dura Patricia Bullrich, y por cierto la de Coalición Cívica, donde siempre impera el talante de la doctora Carrió aunque ella amenace con jubilarse- creen que el activismo que acompañó a Macri en sus últimos actos de plaza (y, conjeturan, buena parte de sus votantes) espera de ellos un franco antagonismo con el gobierno de Fernández (que imaginan como un mero maquillaje de la lisa y llana restauración del que concluyó en 2015). Fue esa posición la que expuso el interbloque de Juntos por el Cambio en el Congreso: mantuvo la unidad describiendo la propuesta del gobierno como el primer paso de un proyecto de dominación hegemónica.
Con el correr de las semanas es posible que la actual prevalencia del sector más inflexible sea contestada por corrientes más moderadas, negociadoras y realistas.
PALOMAS Y HALCONES
En la provincia de Buenos Aires, por caso, aunque el Frente de Todos no tiene fuerza suficiente en el Senado, el gobierno de Axel Kicillof también consiguió que la Legislatura aprobase normas de emergencia. Pero el trámite discurrió allí por canales fluidos merced a una negociación que el mandatario mantuvo con María Eugenia Vidal y su equipo. El sector más negociador del Pro (encabezado por el disidente Emilio Monzó, que aspira a ser candidato a gobernador en 2023), empieza a pelear con Vidal por el control partidario en la provincia; irónicamente, empuja así a la ex gobernadora -y a Juntos por el Cambio- a cooperar con Kicillof.
En el Congreso nacional, los líderes de la coalición eligieron chocar con el gobierno recién asumido, cuestionaron lo que describen como una vocación de imperio del Presidente, y atacaron las temporarias medidas previsionales como una manifestación de ajuste condicionada por el Fondo Monetario Internacional.
LA REFORMA PREVISIONAL: GANAR TIEMPO
Alberto Fernández les había contado el jueves 19 a los grandes jefes de la Asociación Empresaria Argentina (la máxima expresión del establishment económico) que desde hace dos meses él y su ministro de Economía conversan con Kristalina Georgieva (conductora del Fondo desde agosto), y que han conseguido una media palabra de apoyo a la línea presidencial de "crecer para poder pagar". Traducción: ganar tiempo (dos a cuatro años) para crecer y empezar a pagar recién entonces.
Ese acuerdo con el Fondo -que tiene como trasfondo la endiablada situación económica y financiera del país- requiere, claro está, hacerse cargo de la emergencia del sistema previsional. Esta emergencia reside en la inviabilidad de su financiamiento en el estado actual, pero también en el hecho de que más de la mitad de los jubilados reciben la prestación mínima y un 70 por ciento perciben una suma que se encuentra en el límite de la línea de pobreza. Ningún jubilado -salvo que forme parte de los regímenes llamados "de privilegio"- recibe el 82 por ciento de sus mejores últimos ingresos activos, como prevé la ley.
El gobierno de Fernández ha decidido encarar una reforma. Pero se propone reformar con la gente adentro, con un criterio inclusivo. Eso supone hacer sustentable el sistema en un país sustentable. Se trata entonces de analizar la emergencia previsional en, como mínimo, dos puntos vitales: sustentabilidad e inclusión solidaria.
El gobierno pidió y consiguió, con la ley aprobada antes de Navidad, seis meses para elaborar una fórmula de movilidad jubilatoria equitativa y sustentable, que prometió pasar por el Congreso. Prometió asimismo atender en marzo por decreto a las franjas más deprimidas con un incremento que superará el que preveía la fórmula de movilidad recién abolida y que atenderá a esa misma franja mayoritaria de jubilados con bonos en diciembre y enero que equivalen a más de un tercio de una jubilación mínima.
No es cierto, como han afirmado o sugerido algunos comentaristas, que al resto de los jubilados se les congelarán los haberes: en marzo habrá también incrementos por decreto, así sean más reducidos, para los jubilados que reciben por encima de la prestación mínima. En resumen, la mayoría de los pasivos verá actualizada su jubilación, como mínimo en igual proporción que la que preveía la fórmula que acaba de anularse.
LA TACTICA DE LA TRIANGULACION
Por supuesto, se puede tener posturas distintas, inclusive muy críticas a estas propuestas que ya son ley, pero no está claro cuál sería el motivo para hacer de estas cuestiones una bandera de conflicto extremo. Que una postura de esa naturaleza tuviera como portadores a activistas de una izquierda intransigente podría mostrar alguna consistencia, pero no la tiene si la formula Cambiemos. Aunque sería ingenuo exigir coherencia discursiva a políticos que habitualmente modifican sus relatos según hablen desde el poder o desde el llano, es notorio que a Juntos por el Cambio, una coalición propensa a jactarse de principismo y de cuestionar el pragmatismo ajeno, no le sienta bien esta línea argumental. La monumental deuda con el Fondo Monetario Internacional fue contraída por el gobierno de Cambiemos, y la insistencia en que el sistema previsional debía ser reformado porque "como está es inviable" provino más bien del macrismo y sus aliados.
No parece consistente cuestionar a Fernández si éste trabaja un acuerdo con el Fondo para salir del endeudamiento y si empieza a poner orden en el desquiciado sistema previsional.
Dick Morris - el consultor que asesoraba a Bill Clinton en los años 90- bautizó como "triangulación" al procedimiento de un gobernante que, mientras afirma los objetivos de su propia fuerza política, asume lógicas y algunos modos y preocupaciones de la oposición y descoloca a ésta, poniéndola ante el dilema de respaldar a un adversario que se hace cargo de problemas que ella venía formulando o caer en la incongruencia de cuestionarlo con argumentos ajenos.
A priori el Presidente podría haber esperado más críticas desde su propia base electoral y social que de la coalición opositora, que se asentó sobre un programa de ajuste fiscal, aumento de tarifas y proyectos de reforma laboral y previsional. Pero la base del gobierno por el momento lo respalda y parece dispuesta a darle el tiempo para que pruebe si sus reformas mejoran o empeoran la situación. Entre otras cosas porque Fernández enmarca su diálogo con el Fondo y sus búsquedas previsionales en un discurso productivista y de proclamada equidad social, divisas que forman parte de la genética doctrinaria del peronismo.
La oposición no se muestra dispuesta a concederle ese tiempo. Probablemente porque teme que las reformas den resultados suficientemente buenos como para fortalecer el gobierno de Fernández. También porque piensa en su propio electorado y cree que las medidas de solidaridad distributiva que impulsa el gobierno afectan a fragmentos de esa base propia, sea porque las jubilaciones más altas serán las más erosionadas por la inflación, sea porque el impuesto al dólar turístico y al consumo en el exterior irritará a la clase media más acomodada, sea porque aspira a conectar con sectores del campo que rechazan las retenciones.
COINCIDENCIAS Y DIVERGENCIAS
Si bien se mira, el agrietado sistema político argentino tiene ciertas coincidencias básicas: tanto el gobierno de Alberto Fernández como la oposición comparten la necesidad de no aislar a la Argentina del mundo, de resolver el problema de la deuda y recuperar el crédito externo, de encarar una reforma al sistema previsional. Divergen sobre los métodos y sobre quiénes deben, en primera instancia, afrontar los costos de esa búsqueda. Fernández cree que el mayor aporte debe recaer en quienes tienen mayor capacidad contributiva.
Hace unos meses se atribuía al Presidente cierta fascinación por el llamado "modelo portugués". Lo más asombroso de ese modelo quizás haya sido que una coalición popular, basada en los sectores de la producción y el trabajo tanto como en una amplia masa de desempleados y semiempleados, adoptara como propio un programa de ajuste fiscal conjuntamente con una vocación de reforma e inclusión social.
Una reflexión de Antonio Costa, el líder del milagro portugués, seguramente está hoy en la cabeza de Fernández: "Es normal que, después de un período de esfuerzos y sufrimientos todos los sectores reclamen todo ya. Un buen gobierno tiene que combinar la satisfacción de las necesidades sociales con el cuidado de su capacidad fiscal y el desarrollo de sus prioridades políticas".
En septiembre, en esta columna en relación con los planes de Alberto Fernández nos referimos al caso de Antonio Costa, que en octubre fue reelecto: "Hoy se habla del milagro portugués, que empezó, según el prestigioso semanario The Economist, 'poniendo dinero en el bolsillo de la gente' y que, según el propio Costa, 'demostró que mantener el orden de las cuentas públicas no es incompatible con una política que defienda la cohesión social'.
La búsqueda de Alberto Fernández parece orientarse en esa dirección. No será juzgado por sus intenciones, sino por sus resultados.
Por Jorge Raventos