A mediados de enero, antes de finalizar una conferencia de prensa, y frente a las cámaras de televisión, dijo que si habían quedado dudas, que le mandaran un mail.
Y dio la dirección de su casilla personal. Más de 2000 mensajes recibió en los días siguientes Alberto Abad, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP): un 10% con saludos, y el resto, con reclamos y consultas. Para el funcionario, ésa fue una de las señales que, en lo que va de su gestión, le mostraron la necesidad de mejorar la relación del organismo con los contribuyentes, un objetivo que dice que se propone lograr. Y una acción en ese sentido, afirma, será “sacar de la morgue tributaria” a cientos de miles de contribuyentes a los que la gestión anterior, de Ricardo Echegaray, los inhabilitó para operar al quitarles el CUIT.
El anuncio sobre los cambios en el impuesto a las ganancias para asalariados, jubilados y autónomos lo convirtió en uno de los protagonistas de la agenda pública en los últimos días. A Abad, que con Mauricio Macri en la presidencia está en el mismo despacho que ocupó en tiempos de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner, le tocó explicar las modificaciones que, con el apuro que marcan los efectos de la inflación, las necesidades de la política y la llegada de las paritarias, el Gobierno decidió hacer por decreto.
Son retoques parciales -a la espera de un proyecto de ley- que tendrán a grandes rasgos tres efectos: liberarán del impuesto a unas 180.000 personas (aunque eso es dinámico, porque las subas salariales cambiarían la situación); aliviarán la carga para los alcanzados, y unificarán el cuadro de ingresos a partir de los cuales las personas deben tributar. Esto último elimina distorsiones generadas en los últimos años y, por tanto, provoca que algunos que habían quedado al margen del impuesto (sólo a causa del nivel de ingresos que tenían en 2013) empiecen a tributar si sus salarios superan los nuevos mínimos, de 18.880 pesos mensuales o 245.440 pesos anuales netos (asalariados sin cargas de familia), y de 25.000 pesos mensuales o 325.000 anuales (empleados con cónyuge y dos hijos a cargo).
Para Abad las correcciones en Ganancias son parte de una estrategia mucho más amplia que, según afirma, habrá que concretar por etapas para no afectar más la delicada situación fiscal. En el plan incluye adecuar el impuesto a los bienes personales, que hoy tiene una base, para empezar a tributar, de $ 305.000.
“La inflación erosionó todos los impuestos”, define el funcionario, que habla de las políticas tributarias (cuyas definiciones no dependen de él) y de los temas de su gestión uniéndolos en una suerte de juego de causas y efectos. Dice que las medidas para devolverle equilibrio al sistema necesitan ir de la mano de la lucha contra la informalidad y de una mejor relación de la AFIP con la sociedad. Sobre esto último, parece entusiasmarlo la respuesta que hubo al plan de facilidades de pago vigente desde el 10 de este mes: hay 21.383 contribuyentes inscriptos y 34.132 planes presentados para saldar deudas con el fisco por un total de $ 5821 millones.
-El debate sobre Ganancias hoy es amplio, ¿cómo definiría el impuesto y quiénes deberían pagar en un esquema ideal?
-Es un impuesto que se aplica en todos los países del mundo tanto a personas físicas como a sociedades; yo creo que las personas tienen que pagar, lo que pasa es que acá se vio totalmente desvirtuado por la inflación. En general todo el sistema impositivo, todos los parámetros están desarticulados. La deformación fue tan grande que no es fácil, con un déficit fiscal importante, reordenar todo en un mes, o en uno o dos años. Habrá una sintonía fina para adecuar los parámetros del sistema impositivo incluyendo Bienes Personales, Ganancias, etcétera.
-¿Cuál será la adecuación en Bienes Personales? ¿Habrá cambios ya para el período fiscal 2015?
-No sé, todavía no está definido.
-¿Cuál va a ser su estrategia en materia de fiscalización?
-Planteamos varias cosas. No bien llegamos empezamos un diálogo con sectores que nos parecían de interés para la formalización. Hay fiscalizaciones habituales electrónicas y otras más profundas a grandes contribuyentes, hay procesos de investigación y verificaciones, hay un herramental para distintos contribuyentes y problemas. Y hay cruces de información que estudiamos replantear, porque no se les daba el ritmo necesario.
-¿Cuáles son esos sectores de interés con alta informalidad?
-Tomamos contacto con el sector agrícola ganadero, miel, carne, leche, harina, caña de azúcar, parte del mercado de cereales y oleaginosas… Otro sector que miramos con interés es el de los profesionales, ahí hay un tema de conversación en la calle: la gente plantea que muchos profesionales no dan factura y muchos hemos vuelto a perder la costumbre de pedirla; hablo en general, pero hay muchos servicios de arquitectos, médicos, contadores, ingenieros, odontólogos, psicólogos, que prácticamente no se facturan, y recibimos una buena cantidad de denuncias anónimas en ese sentido. Estamos convocando a consejos profesionales para buscar soluciones; lo nuestro es primero el diálogo, la búsqueda de soluciones y de autocontrol, y si no, tenemos que poner mecanismos de control específico. Otra actividad sobre la que recibimos comentarios y denuncias es la de los portales de venta por Internet. Buscar la formalidad es clave, porque en un sistema con déficit fiscal alto y presión tributaria alta, que es lo que se dice, estás en el peor de los mundos. No se pueden subir impuestos ni mover las alícuotas. Hay que trabajar en formalizar para que haya una base mayor de recaudación, por eso les pedimos a los ciudadanos que pidan la factura: cada vez que alguien la pide ayuda a ordenar el proceso económico. Y por eso nuestro enemigo declarado es el pago en efectivo.
¿Se prevén incentivos para el no uso de efectivo y para que se pidan más las facturas?
-Hay un proyecto que ya se ha comunicado, para devolver el IVA cuando se paga con tarjeta de débito.
-¿Cómo resultó el plan de facilidades de pago en cuotas de deudas para contribuyentes?
-Se anotaron planes por $ 5821 millones de 21.383 CUIT diferentes: 20.622 son de una facturación inferior a $ 91 millones anuales (pymes o personas físicas) y 761 son de mayor facturación. El plan está en la lógica de legitimar y reconstruir la relación con el contribuyente. Y vamos a avanzar en una segunda etapa con incentivos: si pagaste en tiempo y forma, es muy probable que la próxima vez te mejoremos las condiciones de tasa y plazo. Queremos que el que cumplió sea reconocido y que haya castigo al que no cumplió. La AFIP no es un sistema financiero, estamos para recaudar, pero hicimos esto porque no podemos dejar en la banquina a los que no pudieron pagar. Lo que no queremos es moratoria, porque eso significa condonar intereses y multas.
-Muchos tributaristas entendían que con un nuevo gobierno puede lanzarse un blanqueo, ¿habrá o está descartado?
-Nada está descartado. Todos los temas se discuten porque estamos en un sistema democrático. Nosotros ahora estamos preocupados por la informalidad, por devolver percepciones, por mejorar servicios…
-¿Será finalmente obligatoria la factura electrónica?
-Es otro tema vinculado a la formalidad. A partir de abril la pondremos en marcha en tres tramos; para la última etapa quedarán el comercio y actividades pequeñas. Los tramos serán en abril, junio y agosto.
-¿Cuántos contribuyentes ya usan esa modalidad?
-Más de 690.000, y con la nueva medida llegaríamos a 930.000, prácticamente todos los inscriptos en el IVA. Esto es parte de un enfoque sistémico para formalizar.
-¿Habrá cambios en el sistema del monotributo?
-Estamos revisando. Para nosotros es una herramienta muy importante de introducción al sistema impositivo, es como hacer el primario para pasar al secundario, o sea, un mecanismo por el que después se va al régimen general. Queremos preservarlo, y lo que no nos parece bien es que algunas personas no declaren todos los ingresos, y en realidad tendrían que estar pagando IVA y Ganancias; es lo que se ve en cruces de datos [el organismo tiene un sistema por el que periódicamente se disponen bajas].
-Pero en lo inmediato, ¿se actualizarán las escalas del sistema?
-Todo está en estudio.
-¿Cómo encontró en general al organismo en cuanto a ejes de gestión y en cuanto a personal?
-Es un organismo con 23.000 personas; desde que nos fuimos [en marzo de 2008] no hubo grandes aumentos en la dotación. Sí tenemos diferencias en cuanto a la asignación de las personas y estamos trabajando en el enfoque de cómo actuar. Eliminamos la atribución que tenía el administrador de aprobar planes de facilidades de pago particulares. Y estamos trabajando en el tema de los CUIT inactivos: hay 412.000 y entendemos que cuando uno inactiva le elimina al contribuyente la posibilidad de operar, y así se lo manda a una morgue tributaria, no se los deja operar ni en la página de la AFIP. Eso es un exceso y estamos haciendo un procedimiento para llevarlos de la morgue a la terapia intensiva o a la terapia media, para que después ya vayan a la calle y puedan operar. Ya tenemos 124.000 casos que van a recuperar el CUIT. A algunos, si tienen algún problema, les diremos que no pueden acceder a determinados servicios, pero sí podrán seguir comprando, vendiendo…
-¿Por qué se habían inactivado esos CUIT?
-Hay muchas razones, pero no nos gusta el procedimiento que había. Lo lógico es no sacarles el “carnet de conducir”, sino decirles “vos podés ir por la vereda, vos por la calle, vos por la autopista…”. Vamos a ir poniendo marcas, pero sin sacar la posibilidad de seguir operando, vendiendo, comprando y pagando impuestos. Para que se puedan recuperar, antes el proceso era manual y nosotros ahora pusimos un proceso sistemático no discrecional. Queremos reconstruir la relación con la sociedad y la legitimación de la administración tributaria, ésa es nuestra estrategia.
-Además de las percepciones por compra de dólares, ¿encontraron otras deudas de la AFIP?
-Encontramos niveles muy importantes de falta de devolución de impuestos, de IVA por exportaciones y reintegros que no se habían hecho en tiempo y forma. Los montos son significativos y empezamos a hacer un plan ordenado de devolución.
Apuntes en la agenda de la gestión
Devolución de recargos
“Era una inequidad y nos pareció que era más que legítimo resolver el tema”, apunta Alberto Abad respecto de las solicitudes de devolución de recargos por compras de dólares o en el exterior hechas por personas no alcanzadas por Ganancias ni por Bienes Personales. El martes pasado se efectivizó un primer pago, de hasta $ 6000 por persona, y se transfirieron $ 600 millones a 153.000 solicitantes, de un total de 200.000 (el resto quedó pendiente a la espera de que se cumpla con obligaciones pendientes). “En general eran montos pequeños que afectaban a mucha gente”, puntualiza. El pago fue por las percepciones de 2012, 2013 y 2014. Para reclamar las de 2015, las presentaciones podrán hacerse cuando venzan Ganancias y Bienes Personales y la devolución será desde agosto.
Los dólares y el control
Con el levantamiento del cepo cambiario, la AFIP ya no actúa como el organismo que otorga permiso para la compra de moneda extranjera. “Eso pasó por un problema cambiario, no de la AFIP”, dice. Sin embargo, las operaciones sí podrían disparar indicadores de procesos de fiscalización tributaria por parte del organismo recaudador.
Servicio doméstico
Aunque el proceso de formalización quedó estancado, Abad destaca que hoy hay casi 500.000 personas que trabajan en casas particulares y que están debidamente registradas, por la instrumentación de un sistema más simple, que se conjugó con la posibilidad de deducir de Ganancias un monto por el pago de los salarios y los aportes. Con los cambios ahora anunciados, el tope para la deducción será por todo este año de 42.318 pesos, cifra que prácticamente duplica la que estaba vigente hasta ahora.
Federalismo fiscal
El titular de la AFIP cree que hay prioridades en el debate entre la Nación y las provincias por el tema del reparto de los recursos y considera que una de ellas es lograr equidad en la distribución. “Se debe potenciar la capacidad recaudatoria de cada provincia, un tema en el que hay muchas desigualdades”, plantea. Un proyecto tendiente a ayudar en esa tarea y a simplificar trámites es el de una declaración jurada conjunta para el IVA e Ingresos Públicos. Según Abad, están avanzadas las conversaciones para hacerlo con Jujuy y Mendoza, en tanto que ya se empezó a hablar con la ciudad y la provincia de Buenos Aires y con Córdoba. Además, se trabaja en lograr que pueda haber más información compartida entre jurisdicciones, por ejemplo en materia de propiedad inmueble.