La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) impugnó la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Puso nuevamente en discusión una investigación que, a su criterio, todavía tiene demasiados interrogantes abiertos.
La causa $LIBRA volvió a moverse en los tribunales. Cuando el expediente parecía haber llegado a un punto de cierre después de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyera a Javier Milei , a Karina Milei y otros nueve investigados , la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) se presentó formalmente y apeló la decisión.
Además de intervenir en causas vinculadas con delitos de corrupción y la función pública, demostró el ejercicio de la acción penal que había dejado de impulsar el fiscal Eduardo Taiano medidas y reclamó que se profundicen las de prueba pendientes. Cuestionó que distintos indicios se hayan evaluado por separado, en lugar de analizarse en conjunto.
La formulación apunta directamente a la resolución que Martínez de Giorgi adoptó el viernes 23 de octubre, cuando dispuso el sobreseimiento de los una vez investigados a pedido de Taiano. El juez encuadró su decisión en el artículo 336, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación, que contempla el cierre de una causa cuando el hecho investigado no constituye delito. En su fallo sostuvo que “ los sucesos denunciados no se encuadran en una figura legal ”.
A la hora de fundamentar el fallo, el magistrado demostró que no se había acreditado un engaño penalmente relevante ni un acuerdo entre Milei y Hayden Davis , uno de los impulsores del proyecto. También descartó que existían elementos suficientes para sostener que Karina Milei hubiera recibido dinero o pagos solicitados a cambio de organizar encuentros con el Presidente.
Sin embargo, el fallo reconoció que la intervención del mandatario pudo haber tenido consecuencias sobre el comportamiento de los compradores . Milei había difundido el proyecto en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025, a las 19.01, junto con la dirección del contrato del token. Después de esa publicación, el precio pasó de alrededor de un centavo de dólar a casi cinco dólares , antes de desplomarse.
Martínez de Giorgi escribió que la publicación presidencial “ pudo conferir una repercusión y una visibilidad particulares y, eventualmente, incidir en la confianza que algunos adquirentes depositaron en él ”. No obstante, marcó una diferencia: “Una cosa es reconocer esa posible influencia y otra, distinta, concluye que de ella se desprendió necesariamente una representación falsa de la realidad ”.
Luego, el juez también tomó en cuenta un informe de la Oficina Anticorrupción , que demostró que el mensaje de Milei había sido un acto “individual o privado” , sin utilización de recursos públicos ni intervención institucional. Con esos elementos, conclusiones que la exposición que obtuvo el criptoactivo por la publicación del Presidente no alcanzaba, por sí sola, para demostrar la comisión de un delito.
Ahora, la PIA cuestionó que las pistas reunidas se hayan valorado de manera aislada, en lugar de analizarlas en conjunto. Para el organismo, todavía es necesario reconstruir la trazabilidad de los fondos , recuperar y examinar comunicaciones , investigar posibles acuerdos comerciales y establecer qué movimientos de dinero estuvieron relacionados con el lanzamiento y el posterior derrumbe de $LIBRA .
Las pruebas que la PIA considera pendientes
La procuraduría cuestionó que distintos indicios se hayan evaluado por separado, en lugar de analizarse en conjunto.
A juzgar por el organismo, las dificultades técnicas para acceder a determinada información o las respuestas incompletas de algunas plataformas no justifican cerrar la investigación. Por el contrario, sostuvo que esas limitaciones deberían impulsar nuevas medidas para reconstruir los movimientos financieros.
Uno de los puntos que todavía genera interrogantes son los contactos entre Milei y Novelli . Durante el análisis del teléfono del empresario se encontraron dos conversaciones eliminadas con el contacto identificado como “ Karina Milei RRPP ”, además de registros de llamadas con el Presidente . Sin embargo, el contenido de esos intercambios no pudo establecerse. También quedaron documentos y comunicaciones que podrían aportar información sobre acuerdos comerciales, comisiones y la relación entre los participantes del proyecto.
Tampoco, la investigación no consiguió reconstruir por completo el recorrido del dinero. Entre las solicitadas figuraba el congelamiento de 44.593.888,562 USDC , una criptomoneda estable medidas vinculadas al dólar. Los pedidos de cooperación judicial internacional tampoco permitieron obtener toda la información requerida a Estados Unidos.
A eso se sumaron movimientos en cajas de seguridad que quedaron vacías después de registrados depósitos y retiros, además de cuestionamientos sobre el tratamiento de la evidencia digital y la cadena de custodia.