La expresión «guerra híbrida» aparece en noticieros, discursos presidenciales y comunicados militares, casi siempre sin explicación. Para unos es una categoría seria que describe cómo se disputa el poder en el siglo XXI. Para otros es una etiqueta tan elástica que sirve para nombrar cualquier cosa que moleste. Conviene empezar por el principio: de dónde viene, qué le reprochan sus críticos y por qué, en esta serie, la empleamos en un sentido más amplio que el de los manuales.
De dónde viene
El término se popularizó en 2007, cuando el analista estadounidense Frank Hoffman, vinculado al Cuerpo de Marines, lo usó para describir un fenómeno de los conflictos recientes: adversarios que ya no elegían entre combatir como un ejército regular o como una guerrilla, sino que mezclaban ambas formas y sumaban terrorismo, criminalidad y propaganda. Su ejemplo favorito fue la guerra de 2006 entre Israel y Hezbolá, donde una milicia con disciplina militar, misiles antitanque y manejo de la imagen puso en aprietos a una fuerza muy superior en armamento.
La idea de ampliar el campo de batalla era, sin embargo, anterior. En 1999, dos coroneles chinos, Qiao Liang y Wang Xiangsui, publicaron Guerra sin restricciones, donde sostenían que los conflictos del futuro se librarían con medios que ya no eran armas: finanzas, comercio, derecho, medios de comunicación, tecnología. Después de 2014, la OTAN y la Unión Europea incorporaron el término a su vocabulario oficial y lo extendieron a los ciberataques, la desinformación, la presión económica y el uso de fuerzas no identificadas.
Lo que dicen los críticos
El concepto tiene detractores serios, y conviene escucharlos. El primer reproche es la vaguedad: si todo es guerra híbrida, la expresión no explica nada. El segundo es la novedad: combinar fuerzas regulares e irregulares, propaganda y presión económica es tan viejo como la guerra misma, y llamarlo «híbrido» sería vino viejo en botella nueva. El tercero es el más político: el término se volvió un arma retórica. Cuando un gobierno lo usa para denunciar a otro, suele callar sus propias sanciones, financiamientos y operaciones encubiertas. Y cuando lo usan gobiernos autoritarios, a menudo sirve para presentar cualquier protesta interna como un complot extranjero.
El caso de la llamada «doctrina Gerasimov» es ilustrativo. Un artículo de 2013 de un general, que describía su visión de la guerra moderna, fue convertido en Occidente en el supuesto plan maestro de un adversario. Años después, el analista que había popularizado esa etiqueta, Mark Galeotti, pidió disculpas por la confusión. Tomamos estas objeciones como advertencias metodológicas, no como razones para abandonar el concepto.
Por qué lo ampliamos
Hay una frase célebre de Carl von Clausewitz, escrita hace dos siglos: la guerra es la continuación de la política por otros medios. En los años setenta, el filósofo francés Michel Foucault propuso darla vuelta: la política sería la continuación de la guerra por otros medios. Las dos versiones son verdaderas a la vez, y juntas explican por qué la frontera entre paz y guerra se volvió borrosa. Si el combate es política con otros instrumentos, y la política es combate con otras reglas, cualquier recurso capaz de doblegar a un adversario es un arma potencial.
En América Latina eso no es una novedad teórica. Cuba soporta desde 1962 un embargo pensado para asfixiar su economía. En 1970, cuando Salvador Allende ganó las elecciones en Chile, las notas manuscritas del director de la CIA, Richard Helms, registraron la orden del presidente Nixon de hacer «chillar» a la economía chilena, según documentó después una comisión del Senado estadounidense, que también reveló el financiamiento de medios opositores. Nuestra región vivió la guerra híbrida mucho antes de que existiera la palabra.
Por eso, en estas columnas empleamos una definición amplia: llamamos guerra híbrida al conjunto de acciones coordinadas, o convergentes, que combinan medios militares y no militares para doblegar la voluntad, la autonomía o los recursos de un Estado o de una población, generalmente por debajo del umbral de una guerra declarada y con alto grado de negación.
Un arsenal sin límites
La lista de herramientas es larga, y en cada una hay hechos documentados.
Finanzas y deuda. La deuda es una forma de poder. En 1825 Francia obligó a Haití a pagar una indemnización por haber conquistado su independencia, una carga que el país terminó de saldar en 1947. En 2018 Argentina recibió del FMI el mayor préstamo de la historia del organismo, unos 57.000 millones de dólares comprometidos. En octubre de 2025, a pocas semanas de las elecciones legislativas, el Tesoro de Estados Unidos anunció un swap de monedas por 20.000 millones de dólares. Para algunos analistas fue una operación de estabilidad financiera; para otros, un respaldo político a un gobierno aliado. Ambas lecturas coinciden en lo esencial: las finanzas ya forman parte del tablero.
Recursos y agua. En 2000, la concesión del agua de Cochabamba, Bolivia, a un consorcio integrado por la corporación estadounidense Bechtel desató protestas masivas y terminó con la cancelación del contrato. Hoy la disputa se repite con el litio, del que Argentina, Bolivia y Chile concentran más de la mitad de las reservas conocidas del mundo.
Sentido y datos. En 2018 se supo que la consultora Cambridge Analytica había obtenido sin consentimiento datos de decenas de millones de usuarios de Facebook para perfilar votantes. Las plataformas, además, deciden qué se ve y qué no. Controlar el relato es controlar lo que se puede pensar.
Justicia. Existe también la guerra jurídica (lawfare): el uso de procesos judiciales como arma política. En Brasil, la Corte Suprema anuló en 2021 las condenas a Lula da Silva por considerar parcial al juez que las dictó. El caso sigue siendo materia de disputa política, pero ilustra cómo un tribunal puede convertirse en un campo de batalla.
Ya no son solo los Estados
El siglo XX nos acostumbró a pensar la guerra como un asunto entre Estados. La historia, sin embargo, ofrece precedentes de empresas con poder soberano: la Compañía Británica de las Indias Orientales tuvo ejército propio y gobernó subcontinentes. En 1954, la United Fruit Company, con sus intereses amenazados por una reforma agraria, fue una de las impulsoras del golpe contra Jacobo Árbenz en Guatemala. Y en Chile, la empresa ITT ofreció dinero a la CIA para impedir la asunción de Allende, según documentos del Senado estadounidense.
Hoy el fenómeno se agrava. Varias empresas tecnológicas superan los tres billones de dólares de valor de mercado, más que el PIB de la gran mayoría de los países. Controlan la infraestructura de la que dependen los gobiernos: nubes de datos, satélites, redes sociales, sistemas de pago. En la guerra de Ucrania, la decisión de una empresa privada sobre la cobertura de su red satelital pesó sobre operaciones militares. Y las corporaciones usan también herramientas jurídicas: el consorcio de Próspera, en Honduras, reclama más de 10.000 millones de dólares al Estado hondureño ante un tribunal de arbitraje por haber derogado el régimen que lo amparaba. Los Estados ya no solo compiten entre sí: compiten, negocian o se subordinan a actores privados con más recursos que ellos. Lo que describimos en entregas anteriores como tecnofeudalismo es una de las formas de esa disputa.
Cómo no perderse
Ampliar el concepto tiene un riesgo: creer que detrás de todo hay un plan. No siempre lo hay. Muchas veces no hay orquestación, sino convergencia de intereses. Por eso proponemos cuatro preguntas para decidir si una situación encaja.
- ¿Hay un objetivo de dominio sobre un territorio, un recurso o una población?
- ¿Quién se beneficia y quién paga el costo?
- ¿Se emplean medios no militares con un efecto equivalente a la coerción?
- ¿Existe negación plausible, es decir, la posibilidad de que quien actúa diga que no hizo nada?
Si varias respuestas son afirmativas, estamos ante algo que merece el nombre. Si no, es una disputa política, comercial o social ordinaria, y llamarla guerra empobrece el análisis.
La utilidad del concepto no es dramatizar, sino hacer visible lo que se presenta como neutral: una deuda, un algoritmo, un contrato de concesión, una sanción. Cuando esas cosas se miran como piezas de un conflicto por el control, cambia la pregunta ciudadana. Ya no se trata solo de qué pasa, sino de a quién le sirve que pase.
Por Ignacio Stankewitsch