El gobierno de Donald Trump lo calificó como un desperdicio de recursos. Cancillería evalúa los pasos a seguir en un momento de tensión con Londres por la explotación petrolera en el Atlántico Sur
El gobierno de Estados Unidos pidió poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, el foro en el que la Argentina reivindica cada año la Cuestión Malvinas instando al Reino Unido a reanudar las negociaciones por la soberanía.
La iniciativa de Donald Trump quedó asentada en una comunicación oficial del organismo multilateral ocurrió en un momento de tensión geopolítica en el Atlántico sur, en el marco de la presentación del gobierno de Javier Milei ante el Tribunal del Mar para intentar frenar el inicio del proyecto petrolero León Marino/Sea Lion en Malvinas, pautado para enero de 2027.
Publicado el 15 de octubre en el marco de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU, el documento recogió los cuestionamientos de Washington al funcionamiento del Comité Especial. Según el argumento, "dejó de cumplir su propósito original" mientras que cuestiona que la comisión continúe revisando los mismos textos año tras año, pese a que más de 80 antiguas colonias ya se incorporaron a Naciones Unidas como Estados miembros.
Además, critica los viajes que realiza el organismo al Caribe y al Pacífico Sur, que consideró un desperdicio de tiempo y recursos, en un contexto de retirada de Estados Unidos como principal aportante del organismo internacional, en función de una de las promesas electorales del líder del MAGA.
La iniciativa estadounidense coincidió con el día en que Casa Rosada ordenó a la delegación argentina en Nueva York abstenerse -es decir no acompañar- de votar un proyecto de resolución impulsado por Rusia sobre las "formas contemporáneas de colonialismo", que fue aprobado con 85 votos a favor, 49 en contra y 23 abstenciones. Entre los países que respaldaron el texto estuvieron Brasil, Uruguay, México, Sudáfrica y la India. Fue una de las pocas veces que el gobierno libertario no votó igual que EE.UU. (quien votó en contra), algo que venía sosteniendo en función del alineamiento que dispuso Milei, lo que incluyó votaciones que enojaron a delegaciones que históricamente respaldaron la reivindicación argentina en Malvinas.
El primer punto de fricción del "alineamiento automático" de Milei con Estados Unidos
El documento, identificado como GA/SPD/841, no menciona de manera específica la disputa por Malvinas, considerada un "caso particular de descolonización" según la Resolución 2065. Sin embargo, supuso un elemento de tensión en la relación entre Javier Milei y su principal aliado internacional, a medida que Cancillería evalúa los pasos a seguir para contener el embate estadounidense al Comité de Descolonización, una pieza angular de la reivindicación argentina por Malvinas.
El pedido estadounidense no implica la disolución automática del mandato del Comité, ya que eso sería una decisión de la Asamblea General, pero sirve de llamado de atención a la diplomacia argentina en un momento delicado en torno a la histórica estrategia diplomática sobre Malvinas.
El Gobierno presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, una solicitud para frenar temporalmente el avance del proyecto petrolero Sea Lion hasta que se conforme un tribunal que se expida sobre el caso. En paralelo, referentes de todo el arco político de Reino Unido cuestionaron al gobierno argentino, al que tildaron de "socio no confiable", blindaron las empresas involucradas en la actividad insistió con bloquear la candidatura de Argentina a organismos como OCDE o TIPAT.
La discusión también expone los límites de una política exterior basada en el alineamiento con Estados Unidos. La administración Trump cuestiona el funcionamiento de distintos organismos multilaterales y busca reducir los costos de la participación estadounidense en Naciones Unidas. Sin embargo, para la Argentina, el Comité de Descolonización conserva un valor diplomático específico: permite sostener la reivindicación ante la comunidad internacional y reiterar el llamado a negociar con Londres.
De la cooperación con Londres a la ofensiva por el petróleo
La política de Javier Milei sobre Malvinas atravesó distintas etapas desde su llegada a la Casa Rosada. En los primeros meses de gestión, la Cancillería de Diana Mondino buscó abrir una nueva etapa de diálogo con el Reino Unido, con una agenda de cooperación que incluyó vuelos, pesca y asuntos humanitarios. La estrategia generó cuestionamientos internos por el riesgo de que los avances prácticos con Londres se impusieran sobre el reclamo de soberanía.
En febrero de 2024, después de la reunión que Milei había mantenido con David Cameron en Davos, Mondino se encontró con el entonces canciller británico durante la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Río de Janeiro. La funcionaria reiteró los derechos soberanos argentinos, pero ambas partes acordaron avanzar en áreas de interés común. La visita de Cameron a las islas y sus declaraciones en favor de la permanencia británica habían generado malestar en Buenos Aires.
La tensión volvió a escalar en septiembre de ese año, cuando Mondino acordó con su par británico, David Lammy, retomar las negociaciones sobre el plan humanitario para identificar a los soldados argentinos, organizar una nueva visita de familiares y avanzar en la conectividad aérea y la conservación de los recursos pesqueros. El entendimiento provocó el rechazo de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien cuestionó que se ofrecieran concesiones concretas a Londres sin avances equivalentes en materia de soberanía. El Gobierno defendió el acuerdo bajo la fórmula de salvaguardia de soberanía, que permite desarrollar iniciativas de cooperación sin modificar las respectivas posiciones sobre la disputa.
La "cercanía inicial" con Londres fue respaldada por el presidente Milei, quien se enfocó en mejorar la relación bilteral e incluso se barajó la posibilidad de un viaje en carácter oficial al estilo Carlos Menem, el único presidente en ejercicio que visitó Londres después de la guerra de Malvinas. Bajo la gestión de Gerardo Werthein, y ante el avance de Sea Lion en Puerto Argentino, Malvinas "no era una prioridad" para la gestión de la política exterior argentina, según constató PERFIL, algo que continuó incluso después de que la administración británica de Puerto Argentino anunciara el inicio de la primera explotación petrolera de las Malvinas en agosto de 2025.
Pero el cambio fuerte de tono frente a Malvinas ocurrió en 2026, cuando una amenaza de Trump a Londres y el avance del proyecto petrolero Sea Lion llevaron al Gobierno a colocar la explotación de los recursos naturales en el centro de su estrategia. En septiembre, anunció medidas para endurecer las sanciones contra las empresas que operen sin autorización argentina en las aguas en disputa. En esa línea, Cancillería inició procedimientos para sancionar a 45 personas y empresas; el 17 de septiembre, el Presidente envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para ampliar las sanciones y coordinar las herramientas diplomáticas, económicas, jurídicas y de defensa.
El 23 de septiembre, ante la Asamblea General de la ONU, Milei advirtió que la Argentina no esperaría indefinidamente una respuesta de la comunidad internacional y reclamó que las resoluciones sobre Malvinas tuvieran consecuencias concretas. Cinco días después, anunció el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para intentar frenar el desarrollo del multimillonario proyecto offshore al norte de la Isla Soledad, en la plataforma continental argentina.
El foro donde la Argentina sostiene la reivindicación por Malvinas
Creado en 1961, el Comité Especial de Descolonización (conocido como C-24) es un órgano subsidiario de la Asamblea General de la ONU encargado de examinar la aplicación de la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. En sus reuniones, la Argentina reclama que el Reino Unido reanude las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la controversia de soberanía.
La posición argentina se apoya, entre otros antecedentes, en la resolución 2065 de la Asamblea General, aprobada en 1965, que reconoció la existencia de una disputa entre ambos países e invitó a los gobiernos a negociar una solución pacífica, teniendo en cuenta el modo de vida de la población de las islas (mas no sus "deseos").
El Reino Unido administra diez de los 17 territorios no autónomos que forman parte de la agenda del organismo. Entre ellos se encuentran las Malvinas, cuya soberanía es reivindicada por Argentina desde que el Reino Unido las ocupó por la fuerza en 1833, echando a las autoridades argentinas y parte de su población, una postura que reiteró ininterrumpidamente desde entonces en distintos foros multilaterales, incluida una solicitud de arbitraje en 1884. Londres, por su parte, sostiene la posición de que los habitantes de las islas tienen derecho a la libre determinación, una interpretación que Buenos Aires rechaza.
La última presentación argentina ante el C-24 tuvo lugar en junio, cuando el canciller Pablo Quirno denunció la militarización británica del Atlántico Sur y la explotación unilateral de los recursos naturales en el área en disputa. En octubre, durante el plenario, se trató la Cuestión Malvinas en medio de la tensión en torno a la explotación hidrocarburífera del archipiélago, cuando Argentina reiteró su posición y fue respaldada nuevamente por las delegaciones de países que históricamente denunciaron el colonialismo británico en el Atlántico sur, como China y Brasil.
Por Cecilia Degl'Innocenti - Perfil