La firma del contrato está prevista para dentro de un plazo máximo de 30 días y, de acuerdo con el anuncio oficial, posibilitará una reducción del 13,5% en los costos logísticos. Jan de Nul-Servimagnus operarán la Hidrovía por los próximos 25 años.
El Gobierno nacional completó la adjudicación de la Vía Navegable Troncal con la selección de la firma Jan de Nul-Servimagnus como ganadora de la licitación pública, en el último paso del proceso de privatización de la estratégica vía por la que circula el 80% del comercio exterior argentino.
La adjudicación quedó formalizada mediante la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que dio por concluidas las evaluaciones correspondientes y cerró el proceso licitatorio. Jan de Nul y Servimagnus operarán la Hidrovía por los próximos 25 años.
La firma del contrato está prevista para dentro de un plazo máximo de 30 días y, de acuerdo con lo informado oficialmente, activará una reducción del 13,5% en los costos logísticos.
Según informó el Gobierno, la empresa adjudicataria presentó la mejor oferta y el cierre del procedimiento no registró impugnaciones por parte de las compañías participantes, que convalidaron los dictámenes técnicos emitidos por la Comisión Evaluadora durante las distintas etapas de la licitación.
Esta histórica decisión cierra definitivamente la etapa estatal en la administración directa de la ruta, devolviendo la gestión operativa al sector privado. El objetivo, según el Gobierno de Javier Milei, es “potenciar” la matriz productiva del país mediante la incorporación de tecnología de punta, el control estricto del tráfico naval y el combate frontal contra el narcotráfico en una zona caliente, aunque desligando al Estado de su administración.
En términos geográficos, el proyecto engloba el dragado y balizamiento desde el kilómetro 1238 del Río Paraná, a la altura de la zona conocida como Confluencia, hasta el kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, alcanzando las profundidades naturales del Océano Atlántico. Las futuras obras permitirán que los buques oceánicos carguen a tope en sus puertos de origen.
Respaldo institucional y auditoría global
Para resguardar la legalidad de esta licitación clave, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación firmó un memorando de entendimiento con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Este organismo auditó de cerca todas las fases del trámite para garantizar que la cesión de la infraestructura se ajustara a los más altos estándares de transparencia y a las mejores prácticas internacionales.
El proceso contó con la creación de Mesas de Diálogo Interdisciplinarias y una activa Audiencia Pública Informativa. En esos espacios, una amplia diversidad de actores, que incluyó universidades, sindicatos y referentes portuarios, aportó sugerencias concretas que robustecieron la viabilidad técnica y ambiental del proyecto fluvial.
A su vez, gobernadores de seis provincias (Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones), la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario y diversas cámaras portuarias celebraron la adjudicación.
Junto a los operadores de la vía navegable también compitieron la experimentada firma belga Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME NV) y la empresa brasileña DTA Engenharia Ltda.
El rechazo a las quejas de la competencia
El camino hacia la decisión final tuvo sus tropiezos administrativos. La primera en quedar afuera de la carrera fue DTA Engenharia Ltda: la empresa brasileña fue descalificada rápido por la Comisión Evaluadora porque falló en un requisito básico y excluyente: no presentó bien la garantía para mantener su oferta.
Por su lado, la firma belga DEME NV intentó “embarrar la cancha” para frenar la movida. Presentó recursos acusando a la Comisión de no medir sus antecedentes técnicos con la misma vara que al resto. Pero la jugada quedó en la nada: omitieron pagar la garantía obligatoria para poder quejarse, lo que dejó su reclamo sin ninguna validez legal.
El punto final a la novela lo puso el Ministerio de Economía con la Resolución 844, que le cerró la puerta en la cara a las apelaciones de la empresa belga. Con el aval de la Procuración del Tesoro, el Gobierno concluyó que no hubo ninguna arbitrariedad ni trato injusto, el consorcio europeo simplemente no entregó los papeles que pedía el pliego.
Fuente: Perfil