El Municipio de Comodoro Rivadavia avanza en el relevamiento de los 1.700 pozos inactivos que permanecen dentro del ejido urbano, una situación que no está permitida por la normativa vigente, que sólo admite pozos activos o abandonados conforme a los procedimientos de seguridad de la Resolución 5/96.
El subsecretario de Ambiente, Nicolás Coluccio, informó que ya se inspeccionó el 83% de los pozos heredados de YPF, con 765 instalaciones verificadas, aunque alrededor de 150 aún no pueden ser localizadas. El trabajo abarca Campamento Central, Cañadón Perdido, Bella Vista y parte del área Escalante-Trébol, priorizando los sectores con mayor densidad de pozos.
La cantidad de perforaciones relevadas forma parte de un universo más amplio: hay 6.000 pozos dentro de la urbe de Comodoro Rivadavia. De ellos, 3.700 ya están abandonados (aunque en su gran mayoría, con técnicas antiguas, lo que abre dudas sobre su real grado de seguridad).
Una vez relevados todos los pozos inactivos, o abandonados con técnicas antiguas, se buscará apuntar a un plan de remediación basado en la Resolución 05/96 de la Secretaría de Energía de la Nación.
Según ha explicado el subsecretario Coluccio, la Resolución 5/96 estableció una “metodología específica para el abandono y sellado de pozos en forma definitiva”, con especificaciones de seguridad que garantizan que los pozos abandonados bajo esta norma tengan un “radio de seguridad de cero”, en lugar de los 60 metros exigidos por las técnicas más antiguas.
Su objetivo principal es evitar que el pozo se convierta en un potencial canal de migración de fluidos (gas, petróleo o agua) a la superficie, impidiendo las surgencias. Además, la aplicación de este técnica permite eliminar el radio de seguridad, para recuperar tierras urbanizables.
El riesgo técnico
Según Coluccio, un pozo inactivo “es un pozo abierto”, con presión del reservorio en contacto con la superficie. Esto implica riesgo de surgencias de gas o petróleo, particularmente en 12 pozos ubicados en terrenos donde viven familias. La localización incompleta -por variaciones de hasta 50 o 100 metros entre sistemas de referencia usados históricamente- agrava el problema.
El informe municipal derivará en un pedido formal a Pecom, operadora entrante en las áreas, y a la Provincia, para la presentación de un plan de eliminación de riesgos. Eventualmente, esa responsabilidad podría demandarse a YPF, una vez aprobada la ordenanza que impulsa el municipio para este tipo de saneamiento. En ese nuevo proyecto, se considera al “pasivo” como un “daño”, en el marco de normas nacionales e internacionales que posibilitarían esa acción futura.
El reclamo apuntará a que los pozos inactivos sean puestos en producción o abandonados de forma segura, con las técnicas legales vigentes. Se estima que la aplicación de esas técnicas requiere una inversión del orden de los 200.000 dólares por pozo.
Una vez finalizada la etapa YPF, el relevamiento continuará sobre instalaciones de CRI Holding, Petrolera Patagonia y CAPSA.
El foco en Restinga Alí y el pasivo ambiental con cláusula de remediación en 25 millones de dólares
Otra de las áreas que dejó en evidencia la consecuencia ambiental para la actividad petrolera es el área Restinga Alí, recientemente revertida por YPF a la provincia de Chubut.
En este caso, se hizo un convenio en el que quedaron establecidos los pozos que deberán ser sellados por la operadora y también la situación de otros pasivos existentes en la zona marítima, los que por recomendaciones técnicas no serán intervenidos.
La novedad en este caso la configuró el acuerdo de un pago por parte de la operadora a la provincia, por un monto de 25 millones de dólares, como garantía para el caso de que se detecte algún pasivo oculto.
Nuevo proyecto de ordenanza de pasivos ambientales
El municipio también trabaja en un nuevo proyecto de ordenanza de pasivos ambientales, elaborado desde la Subsecretaría de Ambiente y que busca el aportes de la Universidad y escuelas secundarias en instancias participativas.
Aún sin fecha de ingreso al Concejo, la norma buscará integrar esos aportes junto a las observaciones técnicas que surgen del relevamiento en curso, apuntando a que el daño ambiental que dejan 118 años de explotación petrolera, pueda empezar a encuadrarse en planes de remediación concretos, con plazos que no deban esperar a otros 100 años para su ejecución.
Fuente: ADNSUR