Luis Caputo se reunirá mañana con los fondos carroñeros para iniciar una negociación formal. Será ante el mediador Pollack, a quien el gobierno anterior había desconocido por parcial. A los buitres el macrismo los llama “tenedores de bonos” en default.
Los fondos buitre y el gobierno argentino volverán a verse las caras en Nueva York. El primer paso en la negociación con la que las nuevas autoridades buscan cerrar la prolongada disputa tendrá lugar mañana por la tarde en las oficinas del abogado Daniel Pollack, el mediador impuesto por la justicia estadounidense. La representación oficial estará encabezada por el secretario de Finanzas, Luis Caputo. El funcionario arribó ayer a Manhattan. La mesa de discusión será solo con la porción más agresiva del 7,6 por ciento de los tenedores de bonos argentinos todavía en default. Se trata de buitres como Elliott, Aurelius y Blue Angel que fueron favorecidos por las sentencias y órdenes del magistrado Thomas Griesa. El gobierno busca cancelar las sentencias emitiendo nueva deuda externa. En paralelo a esas conversaciones, el Ministerio de Hacienda y Finanzas encabezado por Alfonso Prat-Gay está terminando de definir la contratación de un nuevo estudio de abogados para representar al país en la causa.
La última vez que funcionarios argentinos y abogados de los fondos buitre mantuvieron una conversación formal fue en julio de 2014, semanas después de que el bloqueo al mecanismo de pago de la deuda quedó firme. Ese canal de diálogo, narró entonces el ex ministro Axel Kicillof, fracasó ante la negativa de los litigantes carroñeros para solicitarle al juez que suspendiera el retén a los vencimientos de los bonos reestructurados. En ese momento, excediéndose en sus atribuciones, Pollack consideró públicamente que Argentina había entrado en default, lo que valió el cierre definitivo de esa vía.
El gobierno de Mauricio Macri no precisó cómo será el intercambio con los buitres pero es probable que intente obtener algún guiño formal que le permita rehabilitar el acceso al mercado financiero internacional. Los reclamos de los “tenedores de bonos”, la nueva denominación elegida por el Gobierno para los buitres, que tienen sentencias firmes suman aproximadamente 10.000 millones de dólares gracias a la fórmula convalidada por el magistrado neoyorquino. Hasta ayer, Prat-Gay desconocía quiénes serán sus interlocutores. El ministro ya anticipó que Argentina no cuestionará más la sentencia pero sí pretende discutir el cálculo de los intereses.
Prat-Gay no estará presente en la reunión de mañana pero no se descarta que asista el vicejefe de Gabinete y ex titular de Farmacity, Mario Quintana, como sucedió a mediados de diciembre. Caputo estará acompañado en la mesa de negociación por el abogado Lee Buchheit de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton. Prat-Gay afirmó que ese estudio será desplazado de las negociaciones principales en los próximos días. Como todavía no se decidió su reemplazo, el letrado se sumará a la comitiva argentina. Durante su última visita al país, Buchheit consideró que “la decisión de Griesa es aberrante puesto que los fondos especulativos encontraron un arma que nadie había imaginado que iban a tener a su disposición”, y advirtió que “los fondos buitre seguirán estorbando en el sistema financiero internacional durante los próximos diez años”.
Los inversores carroñeros cobijados por Griesa –buitres originales y me too– representan solo una porción del 7,6 por ciento de los bonistas que rechazaron las ofertas de canje de 2005 y 2010. Para clausurar definitivamente la disputa se deberá lograr un arreglo con la mayor parte del heterogéneo y disperso universo de inversores carroñeros. El equipo económico pretende clausurar la disputa entregando nuevos títulos en moneda extranjera, un canal facilitado por el bajo nivel de endeudamiento heredado del kirchnerismo.
Los buitres no tienen ningún interés en quedarse con esos bonos que seguramente liquidarán en el mercado internacional en una operación coordinada con bancos extranjeros. Para poner en marcha un acuerdo de esas características, el Palacio de Hacienda deberá impulsar cambios en el plexo normativo que impide ofrecer mejores condiciones financieras a las entregadas durante la reestructuración. En el equipo económico precisaron que la rubricación de los términos en el Congreso llegará recién a partir de marzo y, según reconocen, requerirá una ardua negociación política.