Una de las actitudes mejor recibidas del discurso de Nacho Torres al asumir su flamante mandato fue la promesa de “contarles la verdad a los chubutenses”. Una de las verdades hasta ahora ocultas por el gobierno es saber qué acciones tiene pensadas para el déficit histórico de la Caja jubilatoria provincial, conocida como el Instituto, creado en 1958, que junto al endeudamiento de la provincia y al fuerte déficit fiscal constituyen tal vez los tres problemas más importantes de toda su futura gestión de gobierno. Si bien Torres no es responsable de ninguno de ellos el gobierno no viene con beneficio de inventario.
Dejaremos para otro momento la deuda y el déficit fiscal para centrarnos en una discusión que todo chubutense sabe pero que insistimos en barrerlo bajo la alfombra. Lo grave de mentirnos durante tanto tiempo es que lamentablemente terminaremos en una crisis terminal o la aparición de algún Milei que nos prometa motosierra. Sin embargo, la planificación de medidas claras y a tiempo pueden palear el apocalipsis. Torres es joven, ambicioso y seguramente sabe el enorme desafío por delante.
Iniciaría nuestro análisis con las propias declaraciones del Ministro de Economía saliente, Oscar Antonena, que meses antes de finalizar el pésimo mandato de Arcioni, en una rueda de prensa sobre la situación de déficit previsional en el sector pasivo de la provincia expresó que «mensualmente estamos entre 800 y 900 millones de pesos. Es muy alto«. Y agregó: «la cantidad de personal activo no alcanza para dar cobertura a los jubilados» y “va a seguir siendo así por los próximos años. No hay manera de poder corregirlo«. De esas palabras podemos extraer una primera conclusión: el Instituto tiene un déficit anual de cerca 12 mil millones de pesos al año o de más de 24 mil millones si proyectamos inflación y aumentos salariales, que el gobierno debe asistir con rentas generales según lo establece el art. 86 de la Ley XVIII Nro. 32 (ex ley 3923). Si le agregamos el déficit fiscal general y le agregamos el pesado endeudamiento a pagar en los próximos años es evidente que el apocalipsis está a la vuelta de la esquina.
Si existe algún éxito de los gremios estatales provinciales, uno de ellos ha sido la total resistencia para que las cajas de jubilaciones provinciales sean absorbidas por el sistema nacional, que cuenta con el total apoyo de empleados y jubilados provinciales que consideran inadmisible ser incluidos en el régimen de la Anses. Y realmente tienen razón. Sin embargo, tener razón no es que está bien y menos aún si el sistema no tiene solución posible en la realidad inmediata. El déficit histórico de las cajas solo tendría solución con deuda y ésta ya se transformó en el problema más serio de las cuentas provinciales. Es una cuestión de tiempo. O eliminan el déficit o emiten cuasi moneda para pagar las prestaciones.
Decía un amigo “la verdad no ofende, pero molesta” y seguramente estas líneas molestarán a todo el colectivo estatal provincial, no solo de Chubut, sino de todas aquellas provincias que tomaron la decisión de no transferir las cajas jubilatorias a nación. Tampoco escapa a este análisis que una medida de esta naturaleza se encuentra en el tope de la “impopularidad” para cualquier gobernador que la intente, y más en el caso específico de Chubut, donde el contexto no ayuda en lo más mínimo. Torres recibió la peor herencia de la historia provincial en materia económica provocada por la gestión de Arcioni que también será recordado como una de las peores gestiones de Chubut. Es una de las provincias con mayor porcentaje de sus ingresos destinados a salarios públicos, posee un déficit fiscal importantísimo más allá del Instituto y tiene compromisos de deuda que la asfixian en los próximos dos años impidiendo tomar nueva deuda para seguir financiando el déficit. Sin embargo, aquí no terminan los problemas. Torres debe convivir con un gobierno federal que tiene entre sus planes reducir al máximo las transferencias de recursos obligando la misma política de ajuste en los gobiernos provinciales. En este contexto, el pobre Nacho Torres tuvo la enorme desgracia de triunfar en las elecciones en el 2023 y ya desperdició sus mejores días que son precisamente los primeros de cada gestión. En fin, nada para envidiar.
Para ser serios en nuestro análisis debemos hacer un poco de historia para entender dónde radica el problema que es común a todas las provincias que todavía retienen sus cajas jubilatorias provinciales, situación que demuestra que la solución está lejos de posturas unilaterales de cada estado provincial. La ley jubilatoria de Chubut tiene más de 60 años, pensada para otra época, desde una edad jubilatoria que sigue siendo de 58 años para las mujeres y 62 años para los hombres, impensable en nuestros tiempos, que hayan llegado en ambos casos a los 30 años de servicio (art. 30). A ello le sumamos una movilidad que traslada en forma automática cada acuerdo paritario que cobran los activos que, según la ley, el ISSyS tiene hasta 60 días para trasladarlo a los pasivos (art. 86). Completa el combo la inexistencia de un tope en los haberes jubilatorios como tiene la Nación.
Todo comenzó en 1992, cuando se decidió la privatización del sistema jubilatorio. Las provincias aceptaron entonces resignar el 15% de los recursos coparticipables para financiar el déficit de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Un año más tarde se estableció el compromiso de la Nación de “aceptar la transferencia al Sistema Nacional de Previsión Social de las Cajas de Jubilaciones Provinciales”, por lo cual entre los años 1994 y 1996 fueron transferidas a la Nación las Cajas correspondientes a once provincias.
Años después, en 1999, se firmó el Compromiso Federal (ratificado por las leyes 25.235 y 25.400) en el que la Nación se comprometió a financiar los déficits de los sistemas provinciales no transferidos pero las provincias debían armonizar en un plazo de 180 días sus sistemas “en función de las pautas nacionales en cuanto al régimen de aportes y contribuciones, así como de los requisitos para acceder a beneficios en el futuro”. Es decir, ajustar su sistema jubilatorio al esquema nacional. Esta normativa general fue complementada con convenios particulares entre cada provincia y la ANSES, a los que accedieron 10 de las 13 jurisdicciones que mantuvieron el sistema previsional en su poder.
En la práctica, cada vez que una provincia reclama los fondos para su caja, la Nación denuncia que la provincia no armonizó su sistema y por lo tanto no cumplió su parte del acuerdo. La consecuencia en la nueva era del presidente Milei sería la respuesta “no hay plata”.
¿Qué significa armonizar el sistema?
Si bien el concepto es vago, las cuestiones más importantes transitan por la forma de cálculo del haber jubilatorio, la edad jubilatoria y la cantidad de años de servicio con aportes junto a la movilidad de las prestaciones, precisamente todo lo que no hizo la provincia de Chubut.
¿Y que sucede sino se armoniza?
El acuerdo establece que “toda vez que el proceso de armonización se contraponga con derechos conferidos por la Constitución Provincial, y/o leyes provinciales, los mismos serán respetados y sus mayores costos serán financiados exclusivamente por la Provincia “. Y finaliza con esta advertencia: “en caso de verificarse incumplimiento de los compromisos asumidos por la Provincia, las obligaciones reconocidas por el Estado Nacional … perderán eficacia y exigibilidad”.
El famoso 82% móvil.
Si bien siempre ha sido un emblemático reclamo, ese nivel solo corresponde al haber jubilatorio inicial medido en relación con el último salario cobrado. Fue la ley 14.499, de 1958, la que fijó esa «tasa de sustitución«. Sin embargo, esa garantía no se dispuso para todos, sino solo para quienes menos cobraban. Si el 82% de la remuneración superaba una cifra establecida por la ley, el monto a cobrar se determinaba usando una escala. Y la tasa de sustitución era más baja cuando más elevado era el ingreso. Esa ley fue derogada en 1969 aunque la persistencia en la memoria colectiva se debe a que hay cajas previsionales provinciales que, para sus empleados públicos, mantienen esa relación del 82%.
Algo similar ocurrió en Chubut donde el art. 80 fija ese porcentaje en el 72% de las remuneraciones actualizada, pero con dos consecuencias letales. Una, la movilidad automática con los aumentos sucesivos que sufran los activos y otra, la inexistencia de un tope máximo de haber jubilatorio como tiene el sistema nacional.
Lo único cierto es que desde la década del 70 la fuente de recursos para pagar las prestaciones nacionales es una combinación de aportes y contribuciones con ingresos tributarios. En los últimos años, en los que hubo un crecimiento de los beneficios por las moratorias, los aportes y contribuciones tuvieron una participación de alrededor de 50% en el financiamiento del universo de prestaciones. Dicho de otro modo, la recaudación no solo no alcanza para ese ambicioso 82% móvil, sino que ni siquiera llega al 50% de lo que se paga a lo que se agrega que el sistema nacional posee tope de haber máximo, que en el caso de diciembre del 2023 ascendió a $ 711.345,76.
Lo cierto es que hoy trece provincias no transfirieron sus cajas previsionales a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en el proceso que se fue llevando a cabo en la década de los 90: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego, con variaciones importantes en la relación de aportantes sobre cada beneficio pago. La Caja de Misiones tiene casi 4 aportantes por cada beneficio al pago, la de Tierra del Fuego más de 3 y el resto de las patagónicas (Chubut, Neuquén y Santa Cruz) casi 3″, mientras que Buenos Aires y Chaco cuentan con 2,5 aportantes por cada beneficio al pago, las de Corrientes y La Pampa con más de 2 y las de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Formosa poseen menos de 2.
Es cierto que las provincias grandes, Santa Fe y Córdoba ya hicieron las reformas paramétricas, tal como aumentar las edades de retiro conforme el régimen nacional, garantizando poder acceder al 82% de la remuneración promedio de los últimos 10 años. En el caso de Buenos Aires es la principal provincia que aún posee un régimen muy benevolente, con edades de retiro de 60 años y con tasas de sustitución mayor al 70%, tomando como base la mejor remuneración obtenida durante 3 años seguidos o 5 discontinuos. Por el contrario, Tierra del Fuego y Santa Cruz presentan parámetros exageradamente benevolentes, con edades de retiro que van entre los 50 y 55 años con haberes del 82% del promedio en ese periodo. A ellas le sigue Chubut como uno de los regímenes más benevolentes en tercer lugar.
De todo este análisis solo podemos concluir que todos los sistemas previsionales provinciales son estructuralmente deficitarios, basados en el otorgamiento de beneficios más laxos respecto del régimen nacional. La necesidad de una reforma surge a partir de la magnitud del déficit, que de forma proyectada sería más profundo para los próximos años.
¿Y cuál es la solución? Dos caminos que conducen a la misma llegada. La primera es la transferencia al Anses. La segunda, la armonización con el régimen nacional. Ambas soluciones son desagradables a los oídos de empleados y jubilados estatales y ni hablemos del costo político electoral. Sin embargo, el futuro solo asegura que los desequilibrios proyectados podrían comprometer cada vez más a los presupuestos provinciales. La ecuación negativa va a ir en aumento y es imposible que se revierta. Esto obedece a que el número de trabajadores activos se va a mantener estable en el tiempo, porque la planta de empleados del estado ya está explotada. Si a ello le agregamos que la expectativa de vida de la gente sigue aumentando estamos frente a la tormenta perfecta.
La Injusticia del sostenimiento de un privilegio.
Ahora que está de moda la idea impuesta por el presidente Milei de ir paulatinamente eliminando los privilegios, intentemos por un instante analizar la problemática del déficit en el Instituto bajo estos parámetros.
Todos aquellos que vivimos o trabajamos en la provincia de Chubut y no tenemos la posibilidad de pertenecer a la planta de funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado, o a sus entes autárquicos o a las municipalidades, si o si deberemos jubilarnos por el sistema nacional. Dicho de otra manera, sufriremos un tope en el haber máximo jubilatorio y deberemos cumplir con requisitos de edad y aportes más gravosos y lo peor, nuestro haber jubilatorio jamás se actualizará por los aumentos que conquisten los trabajadores activos y el haber jubilatorio tampoco se calculará por el 82% de lo que cobrábamos en actividad. Ignoro los porcentuales, pero estoy seguro de que la mayor parte del empleo que se genera en la provincia no es precisamente empleo público sino empleo privado mayoritariamente. Si no fuera así, el problema adicional sería más grave aún.
Sin embargo, esa mayoría de ciudadanos de Chubut que se desempeñan en la actividad privada, pagan impuestos provinciales que además de sostener el funcionamiento del Estado, por imperio del art. 86 de la Ley 3923, debe sostener el déficit del sistema jubilatorio provincial, imponiendo que sea cubierto con Rentas Generales de la Provincia.
Lo expuesto implica en la práctica una transferencia insólita de los impuestos que pagan los trabajadores privados del Chubut en favor del sistema jubilatorio provincial simplemente para mantener un privilegio que ellos no gozan ni gozarán. Visto así, ¿Quién puede dudar que estamos frente a un privilegio que debería ser corregido?
En conclusión, todos aplaudimos las conquistas sociales y por ese motivo comprendo la resistencia de los gremios estatales en negarse a resignar un sistema jubilatorio que claramente es más favorable. Del mismo modo comprendo y aplaudo la resistencia de todos los trabajadores estatales en el sostenimiento de uno de los sistemas más favorables existentes en la Argentina, junto a Santa Cruz y Tierra del Fuego. Sin embargo, ¿Cuál es el límite entre conquista social y privilegio? En nuestro caso llegamos al contra sentido de que la inmensa mayoría de los trabajadores privados en Chubut sostienen con sus impuestos a un sector privilegiado sobre la media de todo el país. Tal vez llegó la hora de pensar con más solidaridad en contra de un privilegio que resulta incompatible con la realidad del sistema previsional argentino.
Evidentemente la solución es irreversible en el tiempo y es irreversible en el resultado: el apocalipsis. Solo queda por definir la oportunidad política y su costo, pero eso ya es ajeno a este editorial y pertenece exclusivamente al Gobernador y propuesta de gobierno.
Por Sergio Marcelo Mammarelli para infosurenlinea.com.ar