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Una investigación que desnudó un sinnúmero de irregularidades en Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia

Luego que el Concejo Deliberante aprobara la Ordenanza Emergencia climática facultando al intendente a hacer contrataciones directas para hacer trabajos de remediación, el Ejecutivo municipal delegó las tareas en sus secretarios de entonces, Boyero y Palomeque. A los diez días comenzaron los trabajos y se dictó un memorándum para controlar los trabajos.

El 5 de octubre, el Concejo, por ordenanza, incorporó los requisitos del memorándum para facturar trabajos. Llamativamente, el Ejecutivo de entonces la vetó. Los trabajos en un principio eran “solidarios” y posteriormente surgió que se iban a abonar. “Había un fin colectivo con beneficio propio”, continuó el fiscal. Seguidamente, el Estado nacional, que había realizado adelantos del Tesoro por $62 millones, advirtió inconsistencias. Fernando Alvarez de Celis, en ese momento funcionario nacional, solicitó que no se adelantaran más fondos para Comodoro Rivadavia, porque los números “no cerraban”. A su vez, el Tribunal de Cuentas municipal advirtió y observó irregularidades que presentaban los expedientes. Había personas que certificaban trabajos por 24 horas, lo cual “es imposible”, apuntó el fiscal. Y agregó que “alguien falsificó la firma de los trabajadores en los partes diarios, por ejemplo, una persona jubilada que dejó de percibir su salario porque figuraba que trabajaba en Brother Truck”.

Fuente: EC