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Sospechan que parte de los fondos sciolistas habrían pagado las campañas de De Narváez

Mientras la política nacional esta más bien aletargada, en Buenos Aires se combate a sangre y fuego. En un abrir y cerrar de ojos, Daniel Scioli pasó de su habitual perfil gris a convertirse en el eje de un escándalo de múltiples denuncias. Una es la relacionada con la impugnación de su meteórico sobreseimiento por las sospechas de enriquecimiento ilícito. Otra es el retiro en efectivo de más de $ 20.000 millones de las cuentas públicas durante 2014 y 2015, en época electoral.

El fiscal Álvaro Garganta acusa a Scioli de lavado de dinero, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acusación se extiende al ex jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, y al ex titular de Aguas Bonaerenses, Guillermo Scarcella. Una fuente de la fiscalía sintetizó que: “Como ya había detectado irregularidades e inconsistencias en las extracciones de fondos en efectivo de las cuentas extrapresupuestarias de la Jefatura de Gabinete, se pidió a las actuales autoridades del Banco Provincia un registro de todas las extracciones de fondos durante los años 2014 y 2015. Mi equipo discriminó las privadas de las públicas y determinamos que durante esos dos años, en plena campaña política, se retiraron más de $ 20.000 millones, en efectivo”. Durante los últimos meses del año pasado, una fiscalía platense ordenó que se siguieran los pasos de una misteriosa dama que todas las semanas concurría sola a la sede central del Banco Provincia en La Plata y, mediante cheques, aparentemente autorizados por el entonces presidente de la entidad Gustavo Marangoni, retiraba sacas con cifras multimillonarias de algunas de las cuentas que hoy se investigan. Llenaba el baúl de su auto y se iba sola, aunque habría contado con una custodia que la seguía a distancia.

No deja de ser sugestivo que, ni bien trascendió la denuncia del retiro de fondos, el ex ministro de infraestructura de Scioli Alejandro Arlía se suicidara en Maryland (EEUU) en circunstancias misteriosas.

Una versión inquietante señala que buena parte de los fondos en cuestión habrían sido para el pago de las campañas de Francisco de Narváez en el 2011 y el 2013, cuando era el aliado no oficial de Scioli. Por ejemplo, una parte de la recaudación habría provenido de los peajes de las autopistas bonaerenses.

Lo que viene

De prosperar esta tesis, el actual Ministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari, ex mano derecha y socio de De Narváez, estaría en el ojo de la tormenta. El vidalismo, como ya se llama al núcleo que rodea a la gobernadora y que tiene planes que trascienden a Mauricio Macri, tiene una relación conflictiva con el grupo Angelici, que respalda a Ferrari y que intenta copar el gobierno provincial ante el clima de crisis que envuelve al gabinete bonaerense.

Hasta ahora, los funcionarios de Vidal se cuidaron de atacar la gestión de Scioli, que conserva muchos funcionarios en sus cargos.

A la inversa de lo ocurrido a nivel provincial con las auditorías sobre las distintas áreas del gobierno de CFK, en Buenos Aires nada de esto ocurrió.

Que la justicia ponga la mira sobre Scioli parece favorecer -o atenuar- la situación de CFK, cuyas causas pasaron estos días a segundo plano. Esto le interesaría al entorno de Macri, que la quiere a la ex presidente dando batalla el año que viene por la senaduría nacional bonaerense, dividiendo así el voto peronista.

A todo esto, Vidal estaría jugando cada vez más fuerte y le habría ofrecido a Margarita Stolbizer subirse al tren del PRO como Ministro de Justicia de Buenos Aires, el cargo que ocupa Ferrari. De este modo habría un antídoto contra los embates de Carrió por la corrupción policial y otros temas. Claramente, el vidalismo ya apunta a desguazar el esquema massista, obligando al tigrense a pactar con el PRO o seguir adelante con una estructura desfinanciada y muchos de sus intendentes jugando a dos puntas.

Massa se mira hoy en el espejo de Scioli. Si sigue siendo un peligro electoral grave para el PRO, en cualquier momento comenzarían las denuncias sobre ciertas contrataciones cuando él era intendente de Tigre, Jefe de Gabinete o Director del PAMI.

Por Carlos Tórtora para Informador Público