El proyecto ya tiene dictamen. Se debatirá el próximo martes en Diputados
Llamadas frenéticas, apiñamientos asamblearios en los laterales de la sala, cargadas de un bloque al otro cuando se avanzaba con alguna modificación: luego de un frenesí de negociaciones a contrarreloj, el Frente de Todos logró emitir dictamen del Presupuesto 2023 con el acompañamiento de bloques clave. Si bien Juntos por el Cambio no terminó firmando el dictamen de mayoría del oficialismo, sí se mostró conforme con los numerosos cambios que fueron siendo introducidos al proyecto original que presentó Sergio Massa y que se debatirá –y probablemente aprobará– el próximo martes en el recinto.
“No nos podemos quejar”, repetían legisladores misioneros, riojanos, cordobeses, fueguinos –oficialistas y opositores– que, en las últimas 48 horas, habían logrado inyectar más partidas al fondo compensador del transporte del interior y a obras en sus provincias, así como nuevos regímenes impositivos. Una de las grandes sorpresas, sin embargo, fue la decisión de incluir en el Presupuesto un artículo que obliga a todes les empleades del Poder Judicial –jueces incluidos– a pagar el impuesto a las Ganancias.
Un dictamen clave para la aprobación
“Hoy tenemos un dictamen que es superador que el enviado por el Ejecutivo”, celebró Germán Martínez al cierre de la reunión de comisión de Presupuesto que, gracias al acompañamiento de dos diputados clave, terminó dictaminando el Presupuesto 2023. Habían sido cuatros horas de intensas negociaciones –a las cuales había que sumarle las horas y horas de conversaciones entre Martínez y Heller con diputades oficialistas y opositores del día anterior–, pero finalmente el oficialismo logró sumar la firma del cordobés Ignacio García Aresca y el misionero Diego Sartori. El primero representa al interbloque Federal y el segundo al interbloque de Provincias Unidas: un apoyo que, en la práctica, allana el camino para que el FdT pueda aprobar el Presupuesto la semana que viene.
El Presupuesto recibió numerosas modificaciones a pedido incluso de diputades del propio FdT. El cambio más sorpresivo fue el artículo que elimina la exención al impuesto a las Ganancias para jueces y empleades del Poder Judicial. “Con tantas necesidades que tiene la Argentina, tenemos que ver quiénes son los que tienen capacidad contributiva. Si hay gente que gana 2 millones de pesos y no pagan Ganancias, tienen que empezar a pagar. A esta altura del partido esto es un privilegio inaceptable”, afirmó Marcelo Casaretto (FdT), al momento de presentar la propuesta (la cual terminó teniendo el respaldo de la mayoría de los bloques de la oposición).
Esta modificación implica que todes les jueces, independientemente de cuándo hayan sido nombrados, tendrán que pagar el impuesto a las Ganancias, lo que podría representar un importante ahorro para el Estado (se calcula que la exención impositiva tiene un costo fiscal de 0,16 punto del PBI).
Los cambios acordados en el debate
El presidente de la comisión, Carlos Heller, arrancó la reunión dando cuenta de los diferentes cambios que se habían incluido en el proyecto como resultado de las primeras conversaciones. El más importante fue el anuncio del incremento del fondo al transporte público del interior, un histórico reclamo de las provincias que denuncian una desigualdad en la distribución de subsidios entre el AMBA y el resto del país. Los gobernadores –radicales y peronistas– habían reclamado subir el monto de 66 mil millones a 110 mil millones y, a modo de punto medio, se terminó acordando un “piso” de 85 mil millones.
En la previa de un nuevo paro de la UTA en el interior del país, los gobernadores –principalmente Juan Schiaretti– habían estado reclamando también un incremento del fondo de emergencia para este año, un punto que, al cierre de esta edición, continuaba siendo negociado con Sergio Massa. La firma (en disidencia) de García Aresca, sin embargo, fue señal de que las conversaciones habían llegado a buen puerto.
Se modificó, a su vez, el artículo que resolvía la deuda de algunas provincias con Cammesa (mayorista de energía eléctrica) quitándoles puntos de coparticipación. Ante las críticas de varios legisladores –muchos del propio oficialismo– se terminó estableciendo un sistema de regularización de la deuda de hasta 96 cuotas mensuales.
Mientras Heller continuaba punteando modificaciones –como la suba de los fondos para la Ley de Bosques o el incremento de partidas a La Rioja– y algunes diputades discurseaban, Germán Martínez iba de una punta a la otra de la sala, cuchicheando y negociando en voz baja con García Aresca, Hugo Romero (UCR), Danya Tavela (Evolución), Ricardo Buryaile y Sartori. Unas de las negociaciones más arduas fue con Sartori, diputado misionero que suele actuar como aliado del oficialismo pero que, en esta ocasión, había sido mandatado para exigir la inclusión de una zona franca para la provincia. Con cara de sufrimiento, Sartori salía constantemente de la sala para hablar por teléfono con el gobernador Oscar Herrera Ahuad, Carlos Rovira (verdadero mandamás de la provincia) y el propio Massa. Finalmente, se terminó acordando la inclusión de un artículo que facultaba al Ejecutivo a crear nuevas zonas aduaneras y Sartori pudo respirar con tranquilidad.
La cláusula gatillo
Juntos por el Cambio, mientras tanto, logró anotarse un tanto al lograr incorporar en el Presupuesto la “cláusula gatillo” que compromete al Ejecutivo a enviar una ampliación del Presupuesto en el caso de que la inflación termine superando los 60 puntos. El artículo sostiene que si, al 31 de agosto del 2023 la tasa de inflación supera en un 10 por ciento a la proyectada, se deberá enviar una ley complementaria durante el mes de septiembre que determine el nuevo cálculo de recursos (como resultado del incremento de la recaudación). El oficialismo, a su vez, le concedió también el pedido de incluir un artículo que habilite a deducir del impuesto a las Ganancias los “gastos educativos” que tengan las familias. No hubo acuerdo, sin embargo, para modificar el artículo que faculta al Ejecutivo a aumentar las retenciones: el FdT se puso firme respecto a este punto y se espera que, cuando llegue el momento de la votación en particular, reciba varios rechazos en el recinto.
El dictamen final, a su vez, reforzó las partidas de numerosos programas educativos y sociales que, en el texto original, habían quedado por debajo de la inflación. Este fue el caso de las políticas alimentarias, asignaciones familiares, el Fondo de Integración Sociourbana, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, entre otros.
De esta manera, Martínez logró, por un lado, cerrar filas dentro de su propia bancada y, por el otro, terminar de allanar el camino con los bloques de la oposición. No había un solo diputado o diputada que, al cierre de la reunión, dudase de la posibilidad de que el proyecto se aprobase: con mayor o menor énfasis, todes coincidían en que el 2023 tendría su Presupuesto.
Por María Cafferata-Página/12