Un intento anterior del Gobierno tropezó contra los procesos largos con los que las compañías fabrican las etiquetas. En qué estado están las negociaciones para los productos con precio establecido para contener la remarcación
Quizás por la necesidad de anunciar algo vinculado al bolsillo en momentos en que la inflación cabalga a una velocidad de más de 6% mensual y no da indicios de freno, el ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó un programa que buscará congelar precios de varios productos de consumo masivo durante varios meses y que tendrá los valores impresos en las etiquetas.
Sin embargo, las conversaciones con las empresas recién comenzarán esta semana y la experiencia previa del Gobierno marca que iniciativas similares tardaron meses en aplicarse y terminaron en la nada.
Mientras Economía desmentía rumores de congelamiento por la fuerza en el coloquio de IDEA, en Mar del Plata, la Secretaría de Comercio enviaba convocatorias a grandes empresas de consumo masivo para iniciar conversaciones esta semana. “Los congelamientos no funcionan”, dijo Massa a radio Rivadavia.
“Me parece clave sentarnos con las empresas y que haya un trabajo no solo mes a mes, como Precios Cuidados, sino un poco más de largo plazo, intentando arribar a un programa que llamamos de Precios Justos, que dé certezas a lo largo de varios meses, en la etiqueta del paquete”, agregó.
el antecedente de super cerca
Rápidamente, negociadores del sector privado recordaron el programa Súper Cerca, que la exsecretaria de Comercio Paula Español intentó implementar para acercar a los comercios de cercanía una canasta de 70 productos con el precio impreso en la etiqueta, que permanecería invariable durante seis meses.
Luego de semanas de negociaciones, el Gobierno y las compañías acordaron los ítems y el anuncio se hizo a comienzos de junio de 2021. Pero las empresas afirmaron que necesitaban unos 60 días para fabricar los nuevos envases y etiquetas, con los precios impresos en ellos. En ese tiempo, Español dejó Comercio Interior y su sucesor, Roberto Feletti, discontinuó el programa.
Esos mismos tiempos son los que manejan las empresas para negociar con el Gobierno, con el agravante de que la inflación se duplicó. En Comercio Interior admitieron que las gestiones todavía no comenzaron, ya que, hasta la semana pasada, estaban abocados a Precios Cuidados. “Recién se está conversando, esperamos que durante noviembre haya novedades”, indicaron fuentes oficiales.
El tic tac de los precios
Los tiempos de negociación son mucho más largos que las urgencias de los anuncios, en momentos en que la consultora MAP le pone un rango de entre 6,5 y 7,5% “por el aumento de los precios regulados (ajuste en las tarifas de luz, gas y agua, pero también prepagas y servicios de telefonía e internet), el fuerte impulso de los alimentos y otras subas previstas como alquileres, servicio doméstico y combustibles”, indicó Juan Pablo Ronderos, socio de esa firma.
Las empresas de consumo masivo tienen, por ahora, vía libre para aumentar los precios que no están regulados, según coinciden fuentes de las grandes alimenticias y de los supermercados. En la Coordinadora de Fábricas Alimenticias (Copal) llevan una estadística desde marzo de 2020, cuando el Gobierno dictó el congelamiento total de precios. Desde entonces, la inflación del Indec sumó 228% y solo dos productos procesados subieron más que el promedio: el aceite de girasol (320%) y el azúcar (273%). En cambio, frutas y verduras aumentaron hasta 330% y el asado y el pollo, más de 240%.
La puja por la rentabilidad
Traducido: las alimenticias creen que todavía no recuperaron el terreno perdido, aunque estudios del Cifra, el Centro de Investigaciones de la CTA, y el CEPA, afín al kirchnerismo, muestran, basados en balances públicos, que sus tasas de ganancias aumentaron en términos reales. Hasta el propio secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, sostuvo, en el Congreso, que las empresas tienen ganancias “más altas que las normales”.
En paralelo, Massa afirmó, en IDEA, que los empresarios también “tienen que ceder” y apuntó, luego, a un sector de “insumos difundidos” que no identificó y que, relató, vende en Chile a plazos de 60 y 90 días el mismo producto que entrega en la Argentina a u$s 1200 por tonelada, al contado. Costó encontrar, en el Gobierno, alguna referencia concreta, en momentos en que las ganancias de todas las firmas de insumos aumentan. Una fuente oficial apuntó a la industria petroquímica, que incide prácticamente toda la producción.
Por Esteban Rafaele – Cronista