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Paolo Rocca logró evitar una condena de la Justicia italiana por corrupción

La defensa del dueño de Techint logró que un juzgado de Milán considere que no tenía jurisdicción para juzgar un caso de sobornos. La fiscal había pedido 4 años y medio de prisión.

Paolo Rocca logró eludir una condena de la Justicia de Italia en un caso de supuestos sobornos a un funcionario de Petrobras para que Techint se quede con millonarios contratos.

El empresario ítalo-argentino era juzgado junto a su hermano Gianfelice y Roberto Bonatti, directivo del holding y primo de los Rocca. La fiscal había pedido cuatro años y medio de prisión para el titular de Techint.

Pero Rocca pudo evitar una condena que hubiese sido un terremoto para los negocios del grupo Techint y para varias obras clave en Argentina, como el gasoducto Néstor Kirchner.

Rocca fue absuelto en Italia gracias a un formalismo. El tribunal de Milán que llevó adelante el juicio consideró que no tenía jurisdicción para emitir juzgar el hecho, como sostenía la defensa de los empresarios.

Es decir que los jueces no consideraron inocente a Rocca, sino que sostuvieron que el presunto hecho de corrupción nunca debió investigarse en Italia porque los hechos ocurrieron en Brasil, Argentina y Suiza.

En el juicio se investigó el pago ilegal de más de 6,5 millones de euros a un ex gerente de Petrobras para que Techint se quede con contratos para venderle tubos de acero sin costura a la petrolera brasileña por más de 1400 millones de euros. 

La acusación contra los directivos de Techint estaba sostenida en la declaración del ex gerente de Servicio de Petrobras, Renato Duque, quien admitió durante el juicio haber recibido las coimas y fue condenado en Brasil por estos hechos.

La fiscal italiana también había pedido multar San Faustin, la sociedad que controla a todas las empresas del grupo Techint, con 1.239.200 euros y que ordenen el decomiso de 6.592.891 euros, el equivalente al soborno al funcionario brasileño.

Según informó ElDiarioAr, la fiscalía había sostenido que los empresarios debían ser juzgados en Italia porque son italianos y San Faustin es gestionada “de facto” desde Milán. Además, consideraba que la ley italiana aplica a quienes cometieron delitos de corrupción en el extranjero. 

Fuente: LPO