El Tribunal Colegiado integrado por la Sra. Jueza Dra. Marcela Pérez Bogado, como presidenta, y los vocales Dres. José Luis Ennis y Carlos Richeri, emitió un veredicto de culpabilidad tras el juicio que involucró a la ex Ministra de Desarrollo Humano y Familia, Cecilia Torres Otarola, y otros cuatro imputados, quienes enfrentaron acusaciones por fraude a la administración pública y exacciones ilegales.
De un total de ocho hechos imputados por la Fiscalía, Torres Otarola fue hallada culpable en siete. Fue declarada responsable de cuatro hechos relacionados con fraude a la administración pública y tres por exacciones ilegales, en los cuales se la acusó de haber solicitado a sus asesores la entrega de parte de su salario para la creación de una caja política.
Los primeros cuatro hechos de fraude involucraron su propuesta para el nombramiento de funcionarios públicos, tres en el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia, y uno en la Legislatura. Estos funcionarios, aunque fueron asignados a cargos oficiales, no desempeñaron ninguna tarea y siguieron cobrando salarios provenientes del Estado Provincial.
Por otro lado, los tres hechos de exacciones ilegales se referían a la solicitud de Torres Otarola a sus asesores legislativos para que le depositaran la mitad de su sueldo, con el fin de financiar la caja política que la ex Ministra había creado.
Además de Torres Otarola, otras personas fueron declaradas culpables por el mismo tribunal. Silvia Cañumil, quien había sido nombrada asesora en la Legislatura, fue condenada por cumplir tareas domésticas y de cuidado de los hijos de la ex Ministra, en lugar de las funciones para las cuales fue contratada. Asimismo, Mara Rodera, Facundo Solari Rodera y Reto Trelles, domiciliados en Buenos Aires, fueron hallados culpables de aceptar puestos de Directores en el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia, sabiendo que no realizarían ninguna contraprestación.
En cuanto a los imputados Branco Rodera Neira y Jaquelina Rodera, la Fiscalía no logró probar que no realizaron tareas por los contratos de locación de servicios gestionados por Torres Otarola, por lo que ambos fueron absueltos.
El Tribunal convocó a las partes involucradas para el juicio sobre la pena, que se llevará a cabo el próximo lunes 6 de enero de 2025.
Fuente: El Chubut