Primereado en el debate público por los ultras del regreso al aula, el ministro reprobó primer año. Docentes agotados y deuda con los pibes sin conexión.
Ungido por el presidente Alberto Fernández como ministro de Educación al frente de un dream team de expertos, Nicolás Trotta termina su primer año de gestión a la defensiva y con muchas materias pendientes. Con las escuelas cerradas hace nueve meses, abiertas a cuentagotas en algunos distritos según el nivel de avance del covid-19, el desgaste de la comunidad educativa es tan grande como la incógnita sobre lo que viene.
A esto se suma la presión mediática y de los halcones de la oposición, que le coparon el centro del ring en la discusión pública con un reclamo por el retorno a las aulas que solo declinará con el fin del ciclo lectivo.
En ese clima, se inscribe la promesa ministerial de que las clases presenciales serán el ordenador del calendario escolar 2021 a nivel nacional; una arriesgada apuesta a plazo fijo que puede poner en crisis la paz alcanzada con los gremios, uno de los principales activos de Trotta.
En cualquier caso, la brecha social y digital que condiciona el futuro de millones de pibes quedó expuesta en carne viva y deja al descubierto las limitaciones y problemas de timing de la cartera educativa.
A fines de febrero, el Gobierno resucitó la paritaria nacional docente derogada por el expresidente Mauricio Macri. Parecía el inicio soñado de un año promisorio, adornado por un intenso gacetilleo del ministro difundiendo sus reuniones con otros funcionarios y otras funcionarias. No obstante, a mitad de marzo llegó la pandemia, cerró las escuelas y desnudó la precariedad en que se desarrolla la actividad pedagógica.
El ASPO crispó los nervios de las familias conectadas y muteó al alumnado más vulnerable. La persistencia del virus detonó la hipótesis del regreso de la escolaridad luego de las vacaciones de julio y rompió los diques de contención del primer semestre, atados al temor colectivo al contagio. Entonces, la educación se hundió en la grieta.
En agosto, la viceministra Adriana Puiggrós pegó el portazo ante la negativa sistemática de Trotta a escuchar sus advertencias sobre el agotamiento del plantel docente, obligado por la pandemia a reconvertirse, a equiparse y a destinar más horas a la complejidad inédita de la virtualidad con salarios comidos por la inflación.
Fue el episodio final de una serie de discrepancias políticas e ideológicas. Además, los pergaminos académicos de la pedagoga ahondaban las diferencias con el ministro, a quien en el ámbito educativo le siguen cuestionando, por lo bajo, la designación de Laura Sirotzky, su mano derecha en la UMET, en la Subsecretaría de Educación Social y Cultural.
En ese caldo de cultivo, las alertas de Puiggrós sobre la profundización del abismo social entre quienes tienen o no acceso a las herramientas tecnológicas para cursar las clases virtuales explotó en los medios. Una furibunda carta abierta del referente de la organización villera La garganta poderosa, Ignacio Levy, denunció que el Palacio Pizzurno se había vuelto “un sucio ring de egos que no tiene una sola respuesta para los intubados de la desigualdad, cuya única vacuna probable se volvió un privilegio: el derecho inalienable al colegio”.
“Hoy, Trotta nos clava el visto”, lanzó Levy. Días después, era recibido por el Presidente en Olivos para encauzar el desmadre, pero, en términos políticos, ya era tarde. Con su plan para recibir en las escuelas a la población offline, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, metió una cuña y marcó la cancha del sentido común: es la Nación la que se opone al regreso a las aulas.
A partir de allí, Trotta corrió de atrás. Su decisión de vetar la iniciativa porteña aplacó los ánimos de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) por la eyección de Puiggrós, cuyo cargo aún sigue vacante, pero reforzó los argumentos de la oposición dura. “Nadie desconoce la gravedad de la pandemia, pero, claramente, la prioridad oficial fue responder a intereses político-sindicales y abandonó lo único importante: los alumnos”, disparó Alejandro Finocchiaro, el último ministro de Macri.
La coyuntura dio pie a la titular de la cartera educativa porteña, Soledad Acuña, a desplegar un menú de opciones para intentar destrabar la postura de la Nación y garantizarle una victoria política a Larreta. Su pico de protagonismo llegó con la viralización del video en el que tuvo palabras que la comunidad educativa consideró ofensivas y estigmatizantes, pero en el que también afirmó que “Ctera está gobernando el Ministerio de Educación y está tomando las decisiones de política educativa”.
“Nicolás se vio condicionado en el momento en que los sindicatos vieron que nosotros queríamos volver (a las aulas) y que él estaba generando algunos espacios para habilitarnos; entiendo que lo han presionado”, añadió Acuña.
Trotta respondió sin hacer mucho ruido. “Vemos que algunas personas están cuestionando a nuestros docentes y quiero decirles que nosotros cuestionamos a quien le da la espalda a la escuela cuando la desfinancia”, dijo horas después, durante un acto de entrega de netbooks en Florencio Varela. Sus detractores le critican no haber confrontado en primer plano con la funcionaria. Los más ácidos ponen la lupa en la familiaridad del trato dispensado por la ministra porteña, esposa de Diego Kravetz, el actual jefe de gabinete del intendente de Lanús, Néstor Grindetti (PRO). Trotta y Kravetz compartieron los albores del kirchnerismo cuando el primero lideraba la agrupación Jóvenes K y el otro atendía a las diferentes tribus del peronismo porteño como delegado del entonces jefe de gabinete, Alberto Fernández.
En su balance anual, el Ministerio de Educación de la Nación evaluó que “alrededor del 10% de las y los estudiantes matriculados en marzo 2020” mantuvieron “bajo o nulo intercambio con su escuela”, lo que “representa aproximadamente un millón de estudiantes”. Estimaciones privadas juzgan que las cifras oficiales se quedan cortas. Un informe de Cippec sostiene que apenas 127.000 alumnos terminarán el año asistiendo a clases presenciales, además de una cantidad difusa de pibes que desde octubre concurre a actividades recreativas de revinculación una o dos veces por semana.
Con estos números y con la curva descendente de contagios, Trotta se juega a una presencialidad full full en el inicio del ciclo lectivo 2021.
“No hay margen para otra cosa”, aseguran en el Palacio Pizzurno en estricto off the record. Sin embargo, nadie puede poner las manos en el fuego. Algunos cuadros técnicos sostienen que hasta agosto regirá un sistema bimodal de enseñanza que combinará clases virtuales y presenciales.
Un referente de peso en el gremio docente dijo a Letra P que “está muy bien poner una fecha”, pero advirtió que la presencialidad requiere que se “garanticen las condiciones para el cumplimiento de los protocolos sanitarios y del mantenimiento edilicio”.
Con años de lucha encima, en un distrito donde asegura que “el gobierno provincial no ha hecho nada que permita volver a las aulas”, el dirigente señala que, “sin condiciones de infraestructura y sin igualdad de oportunidades, va a ser difícil” cumplir el objetivo fijado por la cartera nacional.
Mientras, Trotta seguirá apostando a los programas que abarcan conectividad, equipamiento, formación docente y una plataforma federal educativa gratuita. Estas acciones fueron ponderadas por el Consejo Nacional de Calidad de la Educación, que reúne autoridades de todos los ámbitos y académicos tan disímiles como Guillermo Jaim Etcheverry (Academia Nacional de Educación), Mariano Narodowski (Universidad Di Tella), Axel Rivas (San Andrés) y Flavia Terigi (UNGS). El asunto es que lleguen a tiempo para detener el dramático proceso de desescolarización.
Por Adrián D’Amore – Letra P