En una entrevista con FM Sol Esquel, el Procurador General Jorge Luis Miquelarena destacó la aprobación del presupuesto 2018 y manifestó la necesidad de que se realicen las transferencias correspondientes para regularizar el pago a proveedores. Planteó la necesidad de avanzar en la concreción de más juicios rápidos, como el llevado a cabo recientemente en Esquel y de la reforma procesal para mejorar la efectividad del sistema de justicia.
Presupuesto para la Justicia
En relación al presupuesto del Ministerio Público Fiscal para este ejercicio, el Procurador destacó que su formulación fue absolutamente medida “según y conforme la situación financiera que atraviesa la provincia”. Añadió que es fundamental que se realicen las transferencias correspondientes para poner al día el pago con proveedores. “Estamos absolutamente preocupados con la deuda a proveedores que arrastramos los últimos años”, dijo.
“No existe ninguna posibilidad de investigar un ilícito penal sin dinero… se debe pagar el traslado de testigos, los muletos (parecidos al imputado) convocados para la realización de ruedas de reconocimiento, los distintos tipos de pericias… nada se puede hacer sin dinero de por medio”, añadió Miquelarena.
Tiempos
En otro tramo de la entrevista se refirió a la necesidad de bajar aún más el tiempo en el que se logra una respuesta judicial y citó como ejemplo la sentencia condenatoria obtenida en Esquel, once días después de ocurrido el hecho de arrebato. En este sentido sostuvo que la solución no está en incrementar las prisiones preventivas, sino en terminar más rápidamente las investigaciones simples, como lo son los casos de flagrancia. Señaló que debería haber más Juicios Rápidos, que están previstos en el Código Procesal Penal, pero que se dificulta su efectivización por oposición de la defensa y, a criterio del jefe de los fiscales, porque no hay jueces específicamente dedicados a este instituto. Propuso que, así como rotativamente un juez al año es juez de ejecución, se piense en la implementación de juez dedicado los casos flagrantes.
Desburocratizar
Consultado sobre los delitos vinculados al tráfico de drogas, Miquelarena opinó que sería deseable alcanzar algún día un sistema similar al de EEUU. Allí, la Justicia Federal y la de los Estados se complementan. Investigaciones que comienzan en la justicia estatal, cuando excede los recursos de que esta dispone, interviene la Justicia Federal. Se trabaja de modo colaborativo.
También se le preguntó al Procurador en relación a las conversaciones de los Ejecutivos, provincial y nacional, sobre le RAM. Miquelarena indicó que, independientemente de lo que hayan acordado los Poderes Ejecutivos, hay preocupación en la justicia. Se refirió a los hechos que encuadran en tipos penales y que, por los bienes afectados entiende que la competencia es federal. Luego diferenció al pueblo Mapuche de los sectores identificados como RAM, “el pueblo Mapuche es un pueblo trabajador, que legítimamente lucha por sus derechos… no tiene nada que ver con el RAM”, sostuvo.
Condena a los 11 días
El 28 de diciembre de 2017, aproximadamente a las 20 horas, Bruno Silvestre Pereyra le arrebató la cartera a una mujer que caminaba por 9 de Julio casi Alberdi de la ciudad de Esquel. Lo persiguieron otros transeúntes, arrojó la cartera y lo aprehendió la policía. Once días después fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional. No registraba antecedentes condenatorios.
La causa
El hecho ocurrió el jueves 28 de diciembre, el viernes 29 la Fiscalía presentó un pedido de audiencia urgente para formalizar la investigación. La audiencia se fijó para el lunes 8 de enero. Fernando Rivarola comunicó al imputado el hecho por el que se inició investigación en su contra y pidió al juez que se habilite el trámite de Juicio Rápido. En la misma audiencia el magistrado informó la posibilidad de salidas alternativas al juicio y se arribó a un acuerdo de Juicio Abreviado. El imputado renunció a una probation, aceptó su responsabilidad y la condena a tres años de prisión, la que por ser su primera condena es de cumplimiento condicional.
Si cometiera un nuevo delito, la condena que se le imponga será de cumplimiento efectivo, debiendo cumplir ambas penas (la nueva y la actual) en prisión.

