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Masacre de la calle Corro: Seis represores a juicio por el operativo en el que murió Victoria Walsh

Cuarenta y seis años después de la matanza, el Tribunal Oral Federal 7 deberá juzgar a los exintegrantes del GADA 101, que fueron procesados y elevados a juicio por el juez federal Daniel Rafecas.

El operativo del 29 de septiembre de 1976 fue descomunal. Decenas de hombres armados del Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal Argentina (PFA) e incluso tanquetas se apostaron en las calles del barrio de Villa Luro. En la casa de Corro al 105 estaban reunidos los integrantes del secretariado político de Montoneros. Entre ellos, se encontraba María Victoria “Vicki” Walsh, la hija del periodista Rodolfo Walsh, que había acudido al encuentro con su hijita de poco más de un año. La balacera duró cerca de una hora y terminó con los cinco oficiales montoneros muertos. La dueña de casa, sus dos hijos y su yerno terminaron secuestrados. Cuarenta y seis años después, la masacre de la calle Corro irá a juicio.

Vicki había llegado a la casa de la calle Corro el día anterior –cuando cumplía 26 años–. Entró con Victoria, su hijita, en brazos porque no había encontrado con quien dejarla. El padre de la beba, Emiliano Costa, había caído preso a principios de 1975 –antes de que ella naciera–. Por entonces, Vicki era responsable de Prensa Sindical de Montoneros. En la vivienda estaban cuatro integrantes de la Secretaría Política de la organización: Alberto Molina Benuzzi, Ignacio José Bertrán, Ismael Salame y José Carlos Coronel.

El 29 de septiembre fueron sorprendidos por el operativo desmedido. Ofrecieron resistencia. Según reconstruyó Rodolfo Walsh gracias al testimonio de un conscripto, en un momento, Vicki se asomó y dijo con voz firme: “Ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir”. Se disparó ante lo que sabía que sería una muerte segura. Una muerte cruenta. Sus compañeros cayeron asesinados.

Después, los militares entraron a la casa y secuestraron a Lucy Matilde Gómez de Mainer, a sus hijos Juan Cristóbal y Maricel y a su yerno Ramón Alcides Baravalle. Ellos desfilaron por varios centros clandestinos hasta que finalmente recuperaron la libertad. Los represores se llevaron también a la menor de los Mainer, Milagros –que estaba en la escuela–, y a Victoria Costa, hasta que las entregaron a sus familias. Días antes del operativo de la calle Corro, había sido secuestrada María Magdalena Mainer en San Juan y llevada al centro clandestino de detención La Perla, de Córdoba. 

Por estos hechos, el juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio a seis exintegrantes del Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 101 que fueron parte de la cacería de la calle Corro: Carlos Alberto Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Guillermo César Viola, Héctor Eduardo Godoy y Danilo Antonio González Ramos. De todos, Viola es el más notorio porque presidió durante un tiempo la Unión de Promociones, que agrupa a militares que se oponen al avance de los juicios por delitos de lesa humanidad.

El juicio estará en manos del Tribunal Oral Federal 7 de Comodoro Py, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. El Tribunal deberá fijar fecha para el inicio del proceso. Habrá que ver si sucede el año próximo.

Inicialmente Rafecas había procesado a diez militares del GADA. Sin embargo, la Cámara Federal dejó fuera del proceso a cuatro: Hugo Eduardo Pochón fue sobreseído mientras que Domingo Giordano, Gustavo Gilberto Tadeo Juárez Matorras y Abel Enrique Re recibieron faltas de mérito. En el caso de Giordano, Juárez Matorras y Ré, el juzgado debe profundizar la investigación. Re integraba la Plana Mayor del GADA 101 como oficial de inteligencia (S2). Para el juzgado, es claro que él participó de la planificación de tamaño operativo. Sin embargo, los camaristas le piden a Rafecas que lo sitúe a Ré en el lugar –lo que desvirtúa el rol que tenía la inteligencia a la hora de fijar los blancos, no de llevar adelante las operaciones–.

La querella de Patricia Walsh –hermana de “Vicki”– y de Lucía Coronel –una de las hijas de José Carlos Coronel– viene reclamando que se analice la participación que tuvieron otros sectores del Ejército, entre los que se destaca el Batallón de Inteligencia 601. “En este primer tramo del juicio, nos vamos a enfocar en demostrar que el genocidio buscó destruir un grupo familiar como el de los Walsh”, dijo a Página/12 el abogado Matías Aufieri.

Más datos sobre los represores

La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) aportó nueva información sobre Godoy, uno de los más activos a la hora de intentar zafar de la acusación. Tanto que consiguió que un integrante de un grupo llamado República Unida –que se referencia en los halcones del PRO– declarara en su favor diciendo que lo había conocido ese día en un retén y que lo había reencontrado 40 años después por casualidad. La maniobra intentaba ubicarlo en la zona, pero lejos de la balacera.

Sin embargo, los conscriptos que declararon en la causa lo habían descrito como un “sanguinario” y como quien ejecutó de un disparo en la cabeza a uno de los integrantes de Montoneros.

La SDH encontró un testimonio de un conscripto que contó cómo Godoy lo hostigaba –con días en el calabozo– para que dijera que pertenecía a alguna organización guerrillera. También figura en un legajo Conadep que un exdetenido-desaparecido relató que al ser trasladado desde la cárcel de Azul lo recibió en un regimiento de Ciudadela –que sería el GADA 101– un teniente de apellido Godoy. Como bienvenida, sufrió un simulacro de fusilamiento. Godoy, entre noviembre de 1982 y noviembre de 1983, siguió su carrera en el Batallón de Inteligencia 601.

Por Luciana Bertoia-Página/12