Un número alarmante de ambientalistas y defensores de la tierra fueron asesinados en todo el mundo en 2020, algunos en sus casas, según un reporte publicado por la organización de derechos ambientales Global Witness. Colombia fue el país con el mayor número de homicidios de este tipo por segundo año consecutivo.
Crisis climática, incendios forestales, sequías, inundaciones, intereses comerciales, hidroeléctricas, explotación de recursos, minería, agroindustria a gran escala. Son muchas las razones por las que los defensores del medio ambiente luchan cada día mientras la situación de seguridad empeora para muchos de ellos.
En 2020, 227 ambientalistas fueron asesinados en el mundo. Colombia fue el país donde más casos se registraron, según un informe publicado este 13 de septiembre por la organización Global Witness.
La cifra, sin embargo, podría ser superior ya que, como dice la organización, “nuestros datos sobre asesinatos no reflejan la verdadera dimensión del problema. En algunos países la situación a la que se enfrentan las personas defensoras es difícil de medir. Las restricciones a la libertad de prensa así como la ausencia de registros independientes de ataques contra las personas defensoras pueden dar lugar a un subregistro. Las disputas por la tierra y el daño ambiental –dos de las principales causas subyacentes detrás del activismo de las comunidades– también pueden ser muy difíciles de monitorear en las zonas del mundo afectadas por los conflictos”.
Muchos activistas y comunidades experimentan intentos de silenciarlos a través de amenazas de muerte, vigilancia, violencia sexual o arrestos, según el informe de la ONG.
Después de Colombia (con 65 asesinatos), siguen en la lista México (30), Filipinas (29), Brasil (20), Honduras (17), República Democrática del Congo (15), Guatemala (13), Nicaragua (12), Perú (6) e India (4).
Chris Madden, responsable de las campañas de Global Witness, dijo que le gustaría “algún día” informar del fin de la violencia contra quienes defienden el planeta, pero que continuarán denunciándolo si los gobiernos siguen sin tomarse en serio la protección de los ecologistas.
Colombia, México y Filipinas registran más de la mitad de los asesinatos
Según Global Witness, un promedio de cuatro defensores del medio ambiente han sido asesinados cada semana desde la firma en 2015 del Acuerdo de París sobre cambio climático.
Además, la ONG dice que los gobiernos represivos en varios países utilizaron la pandemia de coronavirus en 2020 “como una oportunidad para tomar medidas drásticas contra la sociedad civil mientras las empresas avanzaban con proyectos destructivos”.
En el caso de Colombia, país que encabeza la lista de asesinatos de defensores del medio ambiente, los 65 homicidios en 2020 “tuvieron lugar en un contexto de ataques generalizados contra personas defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios de todo el país, a pesar de la esperanza generada por el acuerdo de paz de 2016”, resalta Global Witness.
Pero esa esperanza se esfumó y ni la pandemia de Covid-19 hizo que los asesinatos se redujeran. Pueblos indígenas se vieron particularmente afectados y el confinamiento impuesto por el Gobierno en 2020 llevó a que los defensores fueran atacados en sus propios hogares y a que perdieran las medidas de protección del Gobierno.
Por otro lado, Global Witness registró 30 ataques letales en México contra defensores del medio ambiente, lo que representa un aumento del 67 por ciento respecto a 2019. “La explotación forestal estuvo vinculada a casi un tercio de estos ataques y la mitad de todos los ataques en el país fueron dirigidos contra comunidades indígenas”, expone la organización.
En Filipinas, el tercer país en la lista, las continuas violaciones a los derechos humanos han sido condenadas en repetidas ocasiones por la comunidad internacional. Según datos de la ONG denunciante, “más de la mitad de los ataques letales estuvieron directamente relacionados con la oposición de las personas defensoras a proyectos de minería, tala y represas”.
Ganancias por encima de los derechos
Las grandes empresas que se involucran en un modelo económico extractivo le dan prioridad a las ganancias económicas sobre los derechos humanos y la naturaleza, según la organización.
Su metodología y objetivos son los que han llevado al planeta a caer en una crisis climática y a la desaparición de cientos de defensores medioambientales.
Para Global Witness, “las empresas se han beneficiado de los abusos contra los derechos humanos y el daño ambiental con relativa impunidad durante demasiado tiempo”, y agrega que, con tal de producir ganancias, muchos gobiernos están dispuestos a hacerse los de “la vista gorda”.
Fuente: France24