El aprovisionamiento de alimentos para los detenidos de Comodoro Rivadavia comenzó a resentirse luego de las denuncias que se presentaron por supuestos sobreprecios. Al respecto, el Ministerio Público Fiscal inició una causa que aún no fue formalizada porque no existen imputados, pero de todos modos se llevaron a cabo las averiguaciones preliminares.
En la audiencia de ayer, el propio fiscal Héctor Iturrioz se refirió a la investigación que lleva adelante y sostuvo que la presentación que se hizo fue “desprolija y de escasa seriedad”, debido a que los datos que se pusieron como ejemplo no coincidían con la realidad.
Al respecto indicó que la denuncia apuntaba a la compra de verduras y huevos, donde se consignaba más del 2.000 por ciento de diferencia en el precio de la acelga, aclarándose que se cotejaba con la compra de Trelew, donde se hacía por atados, mientras que en Comodoro Rivadavia -debido a que hay un número mayor de detenidos- se hacía por fardos, por lo que no existía tal sobreprecio.
De todas maneras, el fiscal reconoció que sí se notó una exagerada diferencia en el valor de los huevos, llegando a pagarse la docena a 100 pesos.
SUSPENSION DE PAGOS
Si bien la denuncia se refería a la compra de verduras, a partir de esa situación se resolvió desde el Ministerio de Gobierno la suspensión de todos los pagos, incluso el del resto de los alimentos. En tanto, en agosto se radicó otra denuncia, esta vez fue por el retiro de 300 kilos de carne un día sábado, alimento que nunca llegó al freezer de la alcaidía.
A partir del Habeas Corpus presentado el 5 de enero por la Defensa Pública, en compañía de representantes de ese Ministerio Público la juez de Ejecución subrogante, Alejandra Arcuri, visitó el depósito de alimentos de la alcaidía para verificar que se hubiera materializado la solución requerida al Ministerio de Gobierno en un plazo de 24 horas. En dicho recorrido se comprobó que existe comida para los próximos 8 días.
Hay que saber que en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly existe un promedio de 170 presos, a quienes se les debe brindar ración de alimento dos veces por día, además de desayuno y merienda. Al menos las dos comidas diarias significan 340 raciones, todas las cuales son elaboradas en la cocina de la alcaidía y desde cada una de las comisarías que tienen presos alojados se envía personal a retirar dicho racionamiento.
En la audiencia de ayer, en representación de la Defensa Pública, actuaron la defensora jefa, Iris Moreira; la defensora pública, Lucía Pettinari, y el abogado adjunto, Ricardo Amado. También asistió el subcomisario a cargo de la alcaidía, Orlando Martínez, y como representante del Ministerio de Gobierno fue enviada la abogada Anabela Carrillo.
En ese acto, y ante el conocimiento de que se encontraban en la ciudad los jefes provinciales de Policía que deben responder sobre la metodología de compra, se declaró un cuarto intermedio con el fin de localizarlos y convocarlos a la audiencia, a fin de que allí expliquen al encargado de la alcaidía cómo será de ahora en adelante el proceso de adquisición de alimentos, puesto que existen contradicciones. Es que desde el 30 de octubre todas las compras estaban a cargo del área de Finanzas de la Unidad Regional.