Mauricio Macri quiere golpear sobre caliente. Apenas la sociedad asimiló la dimensión del triunfo electoral de Cambiemos (y la oposición contabilizó sus bajas y mensuró su repliegue), el Presidente comenzó a dar una vuelta de tuerca: lanzó una convocatoria a acordar “consensos básicos”, formuló los primeros rasgos desarrollados de un programa y desplegó líneas de un relato propio, basado en una, digamos, teoría (“la reforma permanente”, un placebo insípido que evoca la “revolución permanente” de León Trotsky y procura confirmar la conjetura de Jaime Durán Barba de que “el Pro es el único partido de izquierda que hay en la Argentina”). Esa visión propone un “sujeto histórico” que no es ni un partido político ni una clase social, sino “nuestra generación” ; y tiene una meta movilizadora o, si se quiere, una utopía: “cambiar la Argentina para siempre”. Lo formuló Macri el lunes último en el CCK y lo repiten sin cesar sus voceros: ”somos la generación que está cambiando la Argentina para siempre”.
El Presidente habló el lunes ante gobernadores, sindicalistas, empresarios y líderes judiciales y legislativos; el sector parlamentario que responde a Cristina Kirchner fue el único que decidió rechazar la invitación y autoexcluirse. Los que sí asistieron dibujan el croquis del nuevo sistema político y la base de las nuevas discusiones y consensos.
“Tenemos que avanzar en reformas donde cada uno ceda un poco, empezando por los que tienen poder”, señaló Macri. Los aplausos que cerraron su discurso probablemente disimulan el hecho de que la mayoría de los presentes considera que el verbo ceder debería ser conjugado principalmente por los otros.
La propuesta de Macri, aunque elocuente, se mantuvo en el plano de las prescripciones generales, encarnadas en algunos ejemplos fuertes sobre temas a modificar enérgicamente (por caso, cuando cuestionó el número de empleados de la Biblioteca del Congreso o la cantidad de empleados asignados a legisladores en algunas provincias).
Los consensos que el Ejecutivo motoriza ahora tienen fundamentalmente que ver con el recorte del gasto público, empezando por los rubros más arbitrarios e improductivos, así como con la disminución de las cargas que afectan la competitividad de las empresas. La excesiva carga fiscal motoriza el crecimiento de la economía en negro y desalienta la inversión.
Si bien el Presidente señaló que los primeros que tienen que ceder un poco son “los que tienen más poder”, cuando su mensaje comenzó a desagregarse y desarrollarse a través de ministros, funcionarios y voceros formales e informales, quedó claro que la principal fuente de disminución del gasto fiscal a la que apunta el gobierno es el sistema jubilatorio. Una fuerte expectativa de ahorro (100.000 millones de pesos) estaría depositada sobre los cambios que el gobierno propicia en el criterio de movilidad de los haberes jubilatorios.
En el año 2008 se estableció (por Ley 26.417) la fórmula de actualización de haberes que está en vigencia: dos veces al año ( en marzo y septiembre) se incrementan los ingresos de jubilados y pensionados, así como las asignaciones familiares y la APH, de acuerdo a una combinación entre la evolución de los recursos tributarios de Anses y la de los salarios. Independiente de la variable inflación, el criterio hoy vigente puede resultar en un retraso de los haberes si los precios aumentan más que el índice o en una recuperación cuando la inflación desciende.
En el balance de los últimos dos años, los ingresos jubilatorios registran un retraso de 6 por ciento en relación con los niveles de 2015. Como la inflación está cayendo en estos meses, si el criterio actual se mantuviera los jubilados podrían recuperar en 2018 ese rezago. Sin embargo, el ahorro de 100.000 millones que el gobierno quiere producir en este rubro implica cambiar la fórmula actual por otra de aplicación trimestral basada en la tasa de inflación del período (que, como se señaló, está a la baja). El ahorro fiscal más sustancioso que se propone el gobierno se produciría a costa de los jubilados y pensionados. En ese punto no parece cumplirse el enunciado presidencial de que deben ceder sobre todo “los que tienen poder”.
La propuesta en este punto implica, para los jubilados, retroceder y congelar la situación en el retroceso. Los ingresos de los jubilados quizás no perderían en relación con la inflación, pero seguirían distanciados de los niveles salariales de los activos, lejos del principio del 82 por ciento móvil.
Por cierto, este tema debe pasar por el tira y afloja de la discusión parlamentaria y, en general, de las negociaciones que suponen “los consensos básicos” propuestos por el gobierno.
Los consensos se forjan discutiendo.