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Legislativas en México 2021

Las elecciones legislativas y subnacionales mexicanas son las más grandes en toda la historia, con más de 21 mil cargos en juego. Los comicios constituyen una prueba de validación para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para la que los partidos tradicionales de México se coaligaron contra el oficialismo. Mientras, el crimen organizado ha aprovechado para buscar mayor presencia mediática y capacidad de chantaje.

El 6 de junio México celebra elecciones legislativas federales y subnacionales en las que se disputarán más de 21 mil cargos. Más de 93 millones de ciudadanos y ciudadanas están convocados a las urnas en un sistema de voto obligatorio, pero sin controles ni sanciones para quienes lo incumplen.

Desde su campaña para presidente, Andrés Manuel López Obrador (67) sintetiza su proyecto político como la “Cuarta Transformación” de México. Luego de la independencia hace 200 años, la reforma liberal cincuenta años más tarde y la revolución social a comienzos del siglo pasado, “AMLO” propone un cambio institucional y colectivo de enormes proporciones.

El electorado mexicano depositó en 2018 en este candidato anti-establishment sus esperanzas en una nueva fuerza política progresista que rompiera el ciclo de decadencia institucional, corrupción público-privada e inseguridad y criminalidad, todas íntimamente relacionadas.

México es la 15° economía mundial y pieza del entramado comercial y financiero de América del Norte que se reforzó con la entrada en vigor del T-MEC con Estados Unidos y Canadá. Pero, al mismo tiempo, su peso específico lo convierte en el peor país de Centroamérica y el Caribe en términos del Índice de Paz Global (2020), con preocupantes cifras de violencia urbana y homicidios per cápita.

Una elección polarizada

Estas elecciones renovarán el Congreso de la Unión, legislativo bicameral. En la Cámara Baja, 300 de las 500 bancas se asignarán por criterio de mayoría relativa según los distritos del país mientras que las 200 restantes por representación proporcional a partir de listas regionales.

Para ocupar los escaños, 10 partidos políticos compiten en varias regiones, mientras que casi 650 candidaturas independientes denotan la búsqueda de figuras nuevas por fuera de las fuerzas tradicionales. Hoy, el oficialismo de López Obrador tiene 253 de esas 500 bancas.

Si bien en las elecciones legislativas la concurrencia es siempre menor a la de las generales, en los últimos veinte años creció sostenidamente. Así, una participación en torno al 50% sería un mensaje simbólico muy positivo para la institucionalidad mexicana.

Estas elecciones de medio término implican para el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) un examen de aprobación y la marca de límites para los nuevos proyectos legislativos y constitucionales que AMLO promueve. Desde el punto de vista procedimental, debutan innovaciones tales como la paridad de género en todos los cargos y cupos para minorías y un empoderado voto de la diáspora mexicana (de casi 12 millones de ciudadanos, 95% de los cuales reside en Estados Unidos) gracias al sistema electrónico.

En esta oportunidad se presentan dos grandes coaliciones. Por un lado, “Va por México”, compuesta por los históricos partidos PRD, PRI y PAN: es la respuesta de una oposición fragmentada frente a la posibilidad de unas elecciones legislativas que reafirmen la aplastante victoria que López Obrador consiguió en 2018.

Por el otro, la izquierdista “Juntos haremos historia” está compuesta por los partidos MORENA, PT y PVEM, en una retaliación del oficialismo para intentar encauzar todos los votos posibles por fuera de la coalición opositora. Se estima que el oficialismo y sus aliados obtendrán entre el 40 y el 45% de los votos, aunque los opositores podrían arrebatar puestos legislativos y gubernativos clave.

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pronto cumplirá tres años en el cargo, la batalla por miles de puestos en diversos niveles del Estado mexicano es una prueba de su proclamada misión de librar al país de las “élites corruptas y neoliberales”. Los opositores, por su parte, denuncian la postura descuidada del gobierno ante la pandemia del COVID-19, su retórica divisoria y sus supuestos planes para establecer un control central y autoritario sobre el aparato estatal.

Política y violencia

Sin embargo, mientras los contendientes se disputan el apoyo de los votantes, los grupos criminales siguen también atentamente a los potenciales funcionarios electos, independientemente de su afiliación. La competencia entre estos grupos por la influencia sobre el Estado es la base de una ola de violencia electoral, que cobró en la carrera 2021 unas 89 vidas.

Desde hace varios ciclos, las elecciones en México se han visto empañadas por oleadas de asesinatos, principalmente de candidatos y funcionarios estatales: 371 funcionarios y 152 políticos, incluidos 48 candidatos, fueron asesinados en el período previo a las últimas elecciones importantes de hace tres años.

La complicidad entre los funcionarios y los grupos ilegales perpetúa la corrupción sistémica y la impunidad, que han llevado a comunidades y centros urbanos completos a la desesperanza total. Organizaciones independientes de México y el exterior reconocen que esto constituye el mayor impedimento para reducir los altísimos índices de violencia e inseguridad en el país.

A su turno, la violencia impone una carga financiera considerable a la sociedad mexicana. El costo de la inestabilidad interna prolongada ha implicado que los recursos que de otra manera se destinarían a fines más productivos sean permanentemente drenados por las consecuencias no productivas de la violencia organizada.

Las estimaciones del Índice de Paz México (IPM) muestran que el impacto económico de la violencia en México era de USD 249 mil millones anuales a la llegada de AMLO al poder, equivalente al 21% del PIB del país. Para poner esta cifra en perspectiva, es ocho veces mayor que las inversiones públicas realizadas en salud y siete veces mayor que las realizadas en educación en el período 2017-2018.