La flota de teléfonos a prueba de pinchaduras que el gobierno macrista entregó a funcionarios nacionales, bonaerenses y amigos.
Las facturas de Edmar Technologies, de Washington Boudlevar 301, en Roseville, California -exhibidas por primera vez por Página/12– confirman la trama de armado de causas y persecución a la oposición. Es que queda claro que se compraron celulares encriptados para que nadie pudiera interceptar las comunicaciones, pero lo categórico es que no sólo los tenían miembros del Poder Ejecutivo Nacional, sino protagonistas de las maniobras judiciales como el procurador Julio Conte Grand, que era de otro poder y de otra jurisdicción.
También el operador Daniel Angelici, que no tenía cargo alguno; el amigo de la vida de Macri, Nicolás Caputo y el abogado de Mauricio Macri, que tampoco tenía cargo en el gobierno, Alejandro Pérez Chada. Es evidente que el vínculo no era institucional, porque en la Provincia de Buenos Aires correspondía tenerlo con la Suprema Corte, no con el procurador. Pero es sabido que Conte Grand -fotografiado con Mauricio Macri en un restaurante hace dos semanas- encabezaba las operaciones contra dirigentes sindicales y políticos.
Los celulares encriptados comprados por la AFI en Estados Unidos fueron pagados por la central de espías y lo mismo ocurría con las comunicaciones posteriores. Es decir que funcionarios como María Eugenia Vidal recibieron y utilizaban un celular provisto y pagado por la AFI. Como, en general, había mucha desconfianza entre ellos mismos, el uso era limitado, porque sabían que las claves para desencriptar las conversaciones las tenían los hombres de Gustavo Arribas y sospechaban que el macrismo los espiaba. Aún así, hubo maniobras pactadas entre los macristas nacionales y bonaerenses, que eran para las que se usaban esos aparatos.
El sistema permitía dialogar por internet y chatear, pero no se podían cargar otras aplicaciones. De manera que el uso fundamental era el de comunicar directamente y de forma encriptada a los 120 tenedores de los aparatos (100 que figuran en la factura que se exhibe y 20 comprados después), que eran de la marca Huawei, modelo Nexus 6P H1.
Era como un sistema de voz y chat, como un whatsapp privado, que excluía a terceros. Que no se pudieran subir otras aplicaciones se debía, precisamente, a la necesidad de impedir intrusiones que vulneren el sistema. En realidad, es bueno que un gobierno preserve la confidencialidad con conversaciones encriptadas, pero el dato en este caso es que la AFI repartía los aparatos entre quienes no eran parte del gobierno nacional, pero que tenían un encriptado justamente por las operaciones de inteligencia ilegal.
Las facturas de compra están firmadas por el director administrativo, Juan José Gallea, y tienen el visto bueno del director de Reunión sobre Ciberinteligencia, Marcos Juliani. Toda la documentación, incluyendo el listado de quienes recibieron los aparatos, se entregó a la justicia de Lomas de Zamora, que investigaba todas las operaciones de espionaje ilegal. Por eso, se le enviaron a la fiscal que instruía esa causa, Cecilia Incardona.
Como era previsible, el macrismo dio la pelea para que la causa recayera en Comodoro Py, donde Juntos por el Cambio juega de local. Incluso los espiados del macrismo, como Vidal, Santilli, Rodríguez Larreta, jugaron a favor de llevar la causa al edificio de Retiro.
Por Raúl Kollmann – Página/12