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La verónica de la Corte Suprema y los costos del gobierno

El fallo de la Corte Suprema sobre el tema tarifario introduce un haz de luz en la bruma en que se venían desplazando el gobierno, las empresas y los usuarios.

El alto tribunal le impuso al Estado una obligación a la que, en parte, el gobierno venía resignándose: el cambio del marco tarifario debe someterse a una audiencia pública. El poder había eludido este paso, ofreciendo de ese modo un flanco legal por el que colaron los recursos judiciales que paralizaron el aumento.

En cualquier caso, aunque llegó al momento de la definición de la Corte preparado para postergar el aumento hasta atravesar la audiencia (prevista para el mes de octubre), el gobierno tenía otro foco de atención. Pretendía que la audiencia sólo fuera obligatoria para dos tramos componentes de la tarifa (transporte y distribución), pero no para el referido al precio en boca de pozo (que incide en  más de un 50 por ciento del costo final); de ese modo aspiraba a que quedara confirmada al menos esa proporción del incremento ya aplicado.

Para esa pretensión el gobierno esgrimía un argumento jurídico y otro político. En el primer rubro, sostenía que la audiencia tenía el sentido de compensar el hecho de que en los tramos de transporte y distribución los usuarios enfrentan una situación de “monopolio natural”: tienen un proveedor obligado, el que atienden a su zona de residencia, y no pueden cambiarlo por otro. En cambio, proseguía el argumento, el precio en boca de pozo responde a las reglas del mercado.

En cuanto al punto político: el gobierno presionó con el razonamiento de que en un  sector como el energético, donde el país cuenta con recursos enterrados pero necesita fuertes inversiones para pasar de la potencia al acto, esa inversión  sería ahuyentada si en cambio de la lógica del mercado debía someterse a la menos previsible de la política, implícita en el régimen de las audiencias.

La Corte, con una verónica, decepcionó parcialmente al gobierno. Si bien restringió el principio de la obligatoriedad de las audiencias a los tramos de proveedor único (transporte y distribución), para el tramo de la generación, tomando el mismo argumento del gobierno,  señaló que en este caso también sería obligatorio ya que no está actualmente sometido a la lógica de mercado, sino que está determinado por la intervención estatal.

En efecto, una de las primeras decisiones del actual gobierno fue mantener el subsidio a las empresas petroleras, fijando precios que les garantizan valores muy por encima de los de mercado al barril de petróleo y también al gas natural, que llega a triplicar el precio por millón de BTU (unidad de energía, equivalente a 257 calorías) de Estados Unidos.

Ese sobreprecio supone una transferencia de los usuarios a las empresas de más de 5.000 millones de dólares. El sobreprecio intervenido incide sustancialmente en el cálculo final de las tarifas. Ese “precio sostén”  fue establecido en tiempos en que Energía dependía del kirchnerista Julio De Vido, pero fue confirmada por el ministro de Energía de este gobierno, Juan José Aranguren.

La Corte puso la situación blanco sobre negro: “El precio del gas pasó de un contexto de libre negociación de las partes a uno de intervención estatal (…) Específicamente a partir del Decreto 181/2004el Poder Ejecutivo intervino en su fijación, dejando de lado al mercado”.

En consecuencia –señala el Alto Tribunal- hasta el momento en que efectivamente el precio de generación del gas se determine por el juego libre de la oferta y la demanda, “es razonable que su análisis se efectúe conjuntamente con la revisión de tarifas para la cual es necesaria, como ya se dijo, la celebración de una audiencia pública”.

La Corte se encarga de señalar que, tan pronto funcione libremente el mercado (y esto depende de una decisión gubernamental, del cese de la intervención y el “precio sostén”) ese tramo de la tarifa deja de requerir audiencia pública.

La Corte, ya  con cuatro integrantes (la semana próxima jura el quinto), exhibió precisión jurídica y sagacidad política. Atendió al argumento de fondo (no perturbar a los inversores), pero le devolvió la pelota al gobierno: son ustedes, con su intervención destinada a subsidiar a las petroleras a través del precio que pagan los usuarios,  los que obligan a que haya audiencia pública sobre todos los componentes de la tarifa.

Para sacar la generación de ese destino, el gobierno tendrá que discutir con las empresas. Y también con aquellas provincias petroleras  (y hasta con los gremios) que son socios menores, aunque influyentes, del precio intervenido.

Es un costo político. Pero no hay poder sin costo.

Por Jorge Raventos