Alberto Abad dejó varios escenarios de conflicto abiertos antes de abandonar la dirección de la AFIP, pero el que lo decidió a alejarse de la función pública después de cuarenta años fue el escándalo de las offshore que golpea a Luis Caputo.
Abad, que atravesó varias gestiones, no se quiso someter a esa decisión por temor a ser juzgado al final de su carrera por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y prefirió irse.
En declaraciones a El Trece, el presidente Mauricio Macri subrayó que “una offshore no es ilegal como quiere instalar el kirchnerismo”, sino que “es ilegal sino la declaraste y no pagaste impuestos”.
Justamente, Caputo fue denunciado por no haber incluido la empresa off-shore en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. “Él va la semana a explicar al Congreso, yo estoy tranquilo”, se sinceró Macri.
Según datos de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), que luego fueron confirmados por el fondo Noctua Partners, Caputo fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar fondos en paraísos fiscales, Sin embargo, el ministro no informó esas participaciones en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina que encabeza Laura Alonso, cuando tuvo que detallar su capital de 2014 y 2015.
De acuerdo con la información de La Política Online, en la Oficina Anticorrupción aseguran qu el dictamen sobre el accionar de Caputo sigue avanzando, y que se está esperando que llegue la documentación que se pidió al SEC respecto de las sociedades donde supuestamente Toto tendría participación.
El peor panorama para el funcionario, es que el conflicto le estalle en Estados Unidos, donde, aseguran, el primo del mejor amigo del presidente no se cubrió “como debía”; esto es, con los mejores buffets de abogados, aquellos que se dedican a legitimar cada paso que hace un empresario cuando se mete en el mundo de las guaridas fiscales.
En cuanto a los impuestos, ya en noviembre el fiscal Carlos Rívolo le solicitó al juez federal Julián Ercolini que le requiera a la AFIP las declaraciones juradas del ministro de Finanzas como contribuyente, y el juez dio lugar al requerimiento.
La orden del Gobierno, sin embargo, sigue siendo que el informe de la AFIP no salga nunca.