El actual proceso de reforma educativa encaminado por el macrismo con el Plan Maestro y la “Secundaria del Futuro” es una profundización de lineamientos que ya tienen décadas de aplicación por parte de los partidos patronales: la UCR, el PJ, la Alianza, el Kirchnerismo y ahora Cambiemos.
En los 80’, Alfonsín convocó un Congreso Pedagógico que finalizó sus deliberaciones en 1988 y que terminó siendo copado por la iglesia y los sectores privatistas. Sus deliberaciones no tuvieron una resultante en forma de Ley, pero sí arrojaron un supuesto “consenso” entre sus actores que daba luz verde a la educación privada a coexistir con la pública.
En 1992, y como parte de lo que fue conocido como el “Plan Brady”, a cambio de financiamiento externo una de las medidas que hizo el gobierno menemista fue la Ley de Transferencia de Escuelas Medias (24.049/1991), que comenzó a transferir la responsabilidad del financiamiento de las escuelas desde el Estado Nacional hacia las provincias. Un camino que se terminó de implementar con la Ley Federal de Educación (24.195/1993) que culminó la desarticulación del sistema educativo nacional. El complemento de estas leyes fue la Ley de Educación Superior que orientó un proceso de avance de la privatización de la universidad pública, entre otras cosas, por la vía de la generación de “recursos propios”.
El ahora candidato de Unidad Porteña, Daniel Filmus, recientemente editó un libro llamado “Educar para el mercado” donde hace un racconto crítico de las políticas menemistas obviando dos pequeños detalles que lo transforman en un libro de ficción: 1) que él fue asesor de la ministra de educación menemista Susana Decibe, o sea, estuvo en la cocina de todo; 2) que la CTERA de Mary Sanchez, Yasky y Maldonado, y los diputados peronistas, avalaron las reformas.
Los doce años de gobierno kirchnerista, por un lado, sostuvieron a rajatabla la LES para el sistema universitario, impulsando la generación de “recursos propios” en detrimento del financiamiento estatal; y por otro sancionaron una nueva Ley de Educación Nacional (26.206/2006) que mantuvo la descentralización del sistema educativo. Algo que se plasmaría en una Ley de Financiamiento (26.075/2006) que tuvo como objetivo llegar al 6% del PBI para presupuesto educativo, pero con la particularidad de que la nación pone solo el 1,5 (esencialmente para las universidades) y el resto (todas las escuelas y sus salarios) las provincias. De ahí las grandes desigualdades salariales y de infraestructura escolar. De esa nueva Ley surgió la Nueva Escuela Secundaria que recortó orientaciones y enfrentó una fuerte resistencia de los estudiantes secundarios en la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, y entre otras cosas, de la LEN se tipificó una bifurcación de la carrera docente entre quienes dan clases y quienes “gestionan” los colegios, se impulsó la “evaluación docente” y se dio luz verde a los sistemas de pasantías.
¿No les suenan estos tópicos de lo que hoy dice diariamente la ministra porteña Acuña y que son latiguillos de Esteban Bullrich? ¿Quién redactó esas leyes? Daniel Filmus. ¿Quién las avaló? La burocracia de CTERA. La “secundaria del futuro” punta de lanza porteña del Plan Maestro busca inconsultamente pegar un salto en calidad sobre estos lineamientos. Las “reformas Filmus” dejaron huérfanas a las escuelas del financiamiento del Estado Nacional. La reforma Cambiemos buscan la vuelta de tuerca de que cada escuela se preocupe por venderse en el mercado al mejor postor de convenios para pasantías y convenios para formación de “tutores”, además de profundizar la desigualdad por la vía “puntajes” para sus docenes y estudiantes. Sumado a una desigualdad central: los chicos del Cardenal Newman (el colegio al que fue la logia macrista) no van a ir a hacer ninguna “práctica profesionalizante” a un McDonalds. La “secundaria sin futuro” es para los que “caen” en la educación pública.
La crisis actual del sistema educativo es el fracaso de las políticas educativas regresivas que impulsaron los gobiernos de las últimas décadas. Una nueva escuela secundaria debería partir de renacionalizar el sistema educativo, llevar al 25% el presupuesto educativo, terminar con el financiamiento de la educación privada, dar a los docentes un salario digno, y convocar a un gran debate nacional sobre los recursos pedagógicos, tecnológicos e institucionales que se requieren para construir un futuro, en particular, para el 47% de los menores de edad de la argentina que se encuentran debajo de la línea de la pobreza.
*Comisión Directiva de la FUA y Candidato a Legislador Porteño por Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda