Recientemente Chubut adhirió al Programa Nacional de Restitución de Derechos para las Víctimas de Trata, un programa creado por el Ministerio de Capital Humano el año pasado tras eliminar otras iniciativas destinadas a protección y reinserción de las víctimas. Sin embargo, la referente de la RATT (Red Alto al Tráfico y la Trata) Miriam Vázquez, subraya que persisten múltiples problemáticas como las falencias de la justicia y la dificultad de las organizaciones para acompañar a las víctimas en un contexto de desfinanciamiento de las políticas contra la trata. “Estamos realmente preocupados porque sabemos que cuando hay situaciones económicas críticas como la que vemos hoy en el país es donde más emerge la explotación”, señaló y advirtió la presencia latente de la corrupción, lo que complejiza aún más la tarea.
Desguace de las políticas contra la trata
Según la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) entre diciembre 2024 y noviembre 2025 se recibieron 2182 denuncias en todo el país, la mayoría mediante la Línea 145. De ese total, 441 fueron remitidas para intervención directa de la PROTEX, 636 se enviaron en copia luego de la intervención de una fuerza de seguridad y 105 se registraron como orientaciones. En cuanto a las derivaciones judiciales, 874 denuncias fueron remitidas al fuero federal y 420 al fuero ordinario, sumando 1294 casos.
La modalidad que más aparece es la explotación sexual (792 casos), seguida de la explotación laboral (588), desapariciones (188) y reducción a la servidumbre (173). El 64,3% de las denuncias fueron anónimas. Un dato no menor -que se repite en los últimos años-, es que en 88 de las denuncias se manifestó algún tipo de connivencia, especialmente policial.
En relación con los individuos, se contabilizaron 1103 denunciados, de los cuales el 65,5% fueron varones, el 34,1% mujeres y un porcentaje menor personas trans. En cuanto a las víctimas, se registraron 1118 personas, con una distribución de 51,9% varones, 47,8% mujeres y un porcentaje menor trans.
Miriam Vázquez, referente provincial de la RATT (Red Alto al Tráfico y la Trata) advirtió que las organizaciones no cuentan con estadísticas precisas de Chubut, más allá de las que sistematiza la PROTEX. Y lo relaciona con un escenario nacional de desarticulación de las políticas públicas contra la explotación y la trata.
Si bien el área nacional destinada a la lucha contra la trata no desapareció formalmente, sufrió diversos cambios que afectan la capacidad de brindar respuesta en los territorios. A principios del 2024, los 24 delegados y delegadas provinciales del Comité de Lucha Contra la Trata y la Explotación de Personas fueron despedidos mediante una notificación por teléfono. En su lugar, asumió la dirección la periodista Verónica Toller.
En este marco, el Gobierno nacional dispuso la transferencia del Comité y del Consejo Federal Contra la Trata desde la Jefatura de Gabinete a la órbita del Ministerio de Seguridad, lo que conlleva un abordaje totalmente distinto.
Bajo la Jefatura del Gabinete, el Comité tenía autonomía funcional y trabajaba en base a un plan bienal elaborado conjuntamente con los tres poderes del Estado y los gobiernos nacional, provincial y municipal, en línea con los parámetros dispuestos por la Ley de Trata de Personas N°26.364 (sancionada en 2008). Además trabajaba de manera coordinada con diversos ministerios como el de Justicia, Trabajo, Desarrollo Social, Seguridad y Mujeres, Géneros y Diversidad.
En paralelo, se desfinanciaron o eliminaron programas clave como Programa Nacional de Reparación y Fortalecimiento de las Competencias Laborales para las Personas Afectadas por los Delitos de Trata y Explotación, el Programa de Acompañamiento Terapéutico Especializado, el Programa de Soluciones Habitacionales para las Personas Damnificadas y sus Familias y el Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata, todas iniciativas que trabajan con aspectos fundamentales en la reinserción de las víctimas que no se agotan en la instancia judicial y la condena.
En la misma línea, para programas como el Potenciar o el Acompañar, que estaban incluidos en el Plan Bienal, se redujeron drásticamente las partidas. La línea 145, destinada a recibir denuncias de trata, fue llevada al 50% de su capacidad operativa. Asimismo, se redujeron las acciones de difusión y capacitación.
En cuanto a la política federal, además del despido de los delegados provinciales, se desarticularon las agencias territoriales del Ministerio de Trabajo, que tenían por objetivo inspeccionar situaciones de trabajo informal y explotación.
Chubut, sin embargo, se mantiene como punto focal, es decir que están vigentes organismos y áreas gubernamentales destinadas a articular las estrategias de prevención y abordaje para la asistencia de víctimas.
“Desarticularon absolutamente todas las políticas públicas”, advierte Vázquez. “Está todo muy mezclado. Retrocedimos un montón. Las que realmente trabajamos en territorio, las organizaciones, sentimos que retrocedimos bastante, no podemos brindar acciones de respaldo, nada más que el acompañamiento y la orientación. No nos están dejando salidas”, agrega.
Por otro lado señala que tras la desarticulación del Comité perdió contacto con las autoridades del punto focal y que no ha habido diálogos con el Gobierno provincial.
Vázquez indica que referentes de todas las provincias comparten el diagnóstico: “Estamos realmente preocupados porque sabemos que cuando hay situaciones económicas críticas como la que vemos hoy en el país es donde más emerge la explotación”.
“Hablo de explotación en general, no solamente sexual sino también laboral, tanto en el Norte cómo en el Sur, acá también lo tenemos, aunque hagan caso omiso u oído sordo”, enfatizó. Si bien señaló que desde las organizaciones desconocen de qué manera está trabajando el Gobierno provincial “las políticas están desfinanciadas”.
“Los delegados provinciales ya no existen. Yo tengo contacto directo con Verónica Toller, quien tiene a cargo la Dirección, que antes correspondía al Comité de Lucha, y con ella articulamos bastante. Hay un equipo formado con la parte que quedó, pero desarticulado y sin muchas políticas”, señala.
Chubut adhiere al Programa de Restitución de Derechos
A mediados del año pasado, el Ministerio de Capital Humano eliminó formalmente programas nacionales orientados a brindar asistencia a víctimas de trata y creó, a su vez, Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas de Delitos para la Trata de Personas, mediante la resolución 246/2025.
Bajo el argumento de que funcionaban varios programas con los mismos objetivos, generando “superposición de funciones, duplicación de recursos y dispersión operativa”, el Gobierno nacional eliminó el Programa Restituir y el Programa Nacional de Reparación de Derechos y de Fortalecimiento de las Competencias Laborales para las Afectadas y Afectados por los Delitos de Trata y Explotación de Personas.
“Resulta necesario unificar dichos dispositivos en un programa integral de carácter nacional que garantice la asistencia y la reinserción laboral de las víctimas del delito de trata de personas haciendo énfasis en la eficacia de las prestaciones, la eficiencia administrativa y la articulación federal”, argumenta el Ministerio en los fundamentos de la resolución.
El Programa incluye dos líneas de subsidios. La primera, de asistencia para víctimas, comprende una prestación económica de fomento que complemente la asistencia brindada en cada jurisdicción. La segunda, de acompañamiento en la reinserción social y laboral, comprende un conjunto de acciones integrales y una prestación otorgada temporalmente, complementada por trayectos de formación, capacitación laboral, orientación para el empleo y articulación con dispositivos sociales y comunitarios.
El subsidio de asistencia económica a las víctimas es de carácter personal, intransferible, no reintegrable, equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil por un período de tres meses, con opción a una única prórroga por el mismo plazo en caso de ser debidamente justificado. En el caso de asistencia para la reinserción, es con los mismos plazos con un monto de medio Salario Mínimo, Vital y Móvil.
La medida también busca generar convenios con organismos públicos, privados y asociaciones de la sociedad civil con el fin de poseer un único registro de víctimas.
A principios de mayo, el Gobierno de Chubut anunció su adhesión al Programa nacional. La firma se concretó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de una reunión encabezada por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y contó con la participación de la ministra de Desarrollo Humano del Chubut, Florencia Papaiani.
De esta manera, Chubut quedó constituida formalmente como Punto Focal Provincial, es decir, tendrá la responsabilidad de articular, coordinar y garantizar asistencia directa a las víctimas identificadas en el territorio provincial.
El programa tiene carácter federal y está destinado a personas identificadas formalmente como víctimas del delito de trata en el marco de una causa judicial y asistidas por el Programa Nacional de Rescate. En el caso de niñas, niños y adolescentes, las intervenciones contemplan la participación inmediata de los organismos competentes en materia de niñez.
Vázquez remarca que todavía no hay precisiones de qué manera se llevará adelante el Programa, pero enfatiza que la asistencia será otorgada ante una denuncia con causa judicializada. La referente subrayó que esto podría representar un obstáculo, debido a las falencias de la justicia en el abordaje de los casos de trata y explotación: “Nosotros a veces ni siquiera tenemos causas”.
“Es difícil no solo denunciar, sino sostenerse, mantenerse en lo que es un proceso y más cuando está todo este desequilibrio económico, donde hemos encontrado víctimas de trata durmiendo en refugio de mujeres, una víctima de trata rescatada no debe ir ahí, debe ir a un lugar de mediación u otro refugio”, detalla. “Consideramos que hemos retrocedido, hay muchas áreas pero poco trabajo territorial”, subraya.
“A nosotros no nos interesa si un caso está judicializado o no. Si hay un hecho, hay una víctima; si hay una víctima, hay un flagelo. Para eso está la justicia después, para ver qué curso va a tomar”, remarca.
Las víctimas, sin resguardo
Según describe Vázquez, el desguace de políticas públicas y la desarticulación federal inciden directamente en la capacidad de acompañamiento y resguardo de las víctimas.
“No podés hacer un rescate si realmente no tenés una política pública activa, dónde resguardarla, dónde acompañarla y dónde volverla a insertar. No se está trabajando en la inserción. Las organizaciones desconocemos en qué se está trabajando porque jamás nos llamaron para un rescate”, señala.
“A algunas víctimas tuvimos que sacarlas nosotras de la provincia. Por eso digo que hemos retrocedido, por más que digan que tenemos la Dirección de Trata. Pueden tener muchas áreas, pero a las víctimas las volvemos a encontrar nosotras, es muy difícil”, agrega.
La asistencia posterior a la denuncia es clave para garantizar la seguridad de las víctimas: “Es fundamental tener recursos, porque si no es imposible mantener en el tiempo. A veces una investigación dura, como mínimo, 6 meses. Si no tenés a la víctima resguardada, ¿dónde va a parar? A la calle. Huyendo de la misma justicia o del mismo captador que la está buscando a la vuelta de la esquina. No hay medidas de protección para las víctimas”.
La referente indica que en lo que va del año hubo más de 300 llamadas a la Línea 145 en Chubut. Sin embargo, no saben con exactitud cuáles tuvieron curso judicial: “La llamada está, la alerta está, y uno tiene que accionar”.
Indica que en la provincia son múltiples los casos que involucran la vulneración de derechos de adultos mayores y los delitos de trata y explotación en pueblos rurales. Lo ejemplifica con la condena reciente que se dictaminó en el caso Caucaman, en el que una mujer y su hijo fueron condenados en Paso de Indios por reducción a la servidumbre a un adulto mayor.
“Nosotros recorremos bastante la provincia. Tratamos de andar, de ver cómo está el tema, salimos a veces con charlas, con ferias, con convocatorias, de distintas maneras a los distintos lugares donde sabemos que puede llegar a haber casos, que en todos los lugares hay, porque realmente en los pueblos están pasando cosas que quedan en el pueblo, y nadie va a decir nada por la complicidad de las partes”, enfatiza. “Con los adultos mayores sucede muchísimo, no la están pasando bien, los dejan sin nada en el cuarto del fondo o en un ranchito, en un asentamiento”.
Adelantó que junto a organizaciones y referentes de todo el país se está trabajando en un nuevo protocolo de actuación, “para volver a ser totalmente autónomas como siempre lo fuimos y generar nuestro propio recurso, volver al resguardo de las víctimas como viene trabajando cada una en su lugar, con lo que poco que tenemos”.
“Nos gustaría mucho poder sentarnos con el gobierno de turno y aportar con lo que podamos, a veces es bastante o es suficiente, pero si no se trabaja en red es muy difícil”, sintetiza.
La connivencia político-judicial
Vázquez señaló uno de los obstáculos centrales, y quizás menos evidentes, en la lucha contra la trata, tiene que ver con las falencias estructurales del sistema judicial y político.
“Lamentablemente en Chubut nos caracterizamos por eso. Teníamos un secretario de Derechos Humanos involucrado en la captación de menores que quedó libre de culpa porque así lo dictaminó la Justicia. Para mí no quiere decir que haya sido justa, porque las víctimas estaban y eran captadas en ese lugar. Tenemos un fiscal de ciberdelito denunciado, con un pedido de juicio político. El sistema está totalmente corrupto, ¿en quién vamos a confiar?”, cuestiona.
Respecto al último punto, se refirió a la dificultad de implementar mejoras en el sistema judicial, vinculadas sobre todo a las nuevas modalidades digitales de captación, cuando el titular del área fue denunciado por incumplimiento al deber de funcionario público en un caso de explotación de menores.
“Es un poco ilógico hablar de la captación que viene por la vía informática si seguimos teniendo al mismo fiscal a cargo”, señaló, “Hay que saber que fiscales tenemos en algunos lugares para saber cómo está el Poder Judicial en la provincia”.
Vázquez finaliza subrayando que el único diálogo que tienen las organizaciones es con Verónica Toller y con las autoridades de la PROTEX, pero queda pendiente el contacto con el Gobierno provincial: “No hemos podido encontrar ni el momento ni el lugar ni la ocasión para ponernos en contacto, las veces que pedimos una reunión no tuvimos respuesta y, bueno, nosotros tuvimos que seguir caminando y nunca nos enteramos de que hayan llamado a las organizaciones”.
“No son tantas las organizaciones que trabajamos en la temática en Chubut. Espero que pueda haber un diálogo y trabajar en conjunto, porque lo que nos interesa es la problemática”, concluye.
Por Lola Sánchez-El Extremo Sur de la Patagonia