La Cámara Federal no sólo ratificó que Lázaro Báez continuará preso, sino que también comenzó a impulsar el intento por devolver al Estado los millones de dólares que habrían sido robados en la causa que investiga al empresario y por la que fue imputada la ex presidente Cristina Kirchner.
Así, el tribunal de alzada le pidió al juez de la causa, Sebastián Casanello, la realización de un rastreo de la suma desviada por Báez, en busca de una devolución a las arcas nacionales de donde salieron.
Los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Horacio Cattani señalaron a Casanello que el delito que hay que investigar “comprende la expatriación de una suma de dinero muchas veces mayor a la que puntualmente se alude”, en referencia a los 55 millones de euros que mencionó el ex dueño de la SGI Federico Eláskar.
Sin embargo, seguir la pista de los bienes malversados no será fácil. “Se investiga si pudo haber sido depositada (la plata) en entidades bancarias de otros países a través de un engorroso entramado de sociedades y/o se especula que parte de ella pueda encontrarse oculta en alguna de sus numerosas propiedades en la vasta extensión del sur del país”, describieron.
Báez y Daniel Pérez Gadín llevan ya dos semanas encarcelados en el Penal de Ezeiza. En caso de que Casanello los procese, quedarán tras las rejas durante varios meses en concepto de prisión preventiva.
Si bien el retorno del dinero no suele ocurrir luego de disposiciones legales, en los últimos días la Justicia embargó 10 millones de pesos a ejecutivos de las empresas involucradas en la causa del “plan Qunita” y fueron devueltos al Estado.