El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1 a cargo del juez Ernesto Marinelli rechazó un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que buscaba impugnar el Decreto 70/2017, impulsado por el Gobierno para acelerar la expulsión de extranjeros acusados de cometer delitos. Desde que se inició la administración de Macri, las deportaciones aumentaron 3150%.
Según publicó Infobae, en su dictamen Marinelli apunta que, precisamente, el DNU firmado por el presidente se encuentra “a consideración del Congreso, que no tiene plazo previsto en la Constitución para expedirse” y que se debe tener en cuenta “que no ha transcurrido el corriente período de sesiones ordinarias, por lo que no es posible predicar la existencia de mora en el tratamiento”.
Por su parte, el CELS, en un escrito, adujo que el decreto “es un nuevo mecanismo para la expulsión de personas migrantes del territorio argentino sustancialmente distinto al diseñado por el legislador en la Ley de Migraciones N° 25.871. Entre las modificaciones que realiza, el DNU altera el régimen de recursos administrativos ante órdenes de expulsión, limita las vías de impugnación judicial y el acceso a la justicia de personas migrantes ante esas decisiones”.
El decreto firmado por el presidente Macri y respaldado por su Gabinete de ministros no solo prevé deportaciones para inmigrantes con pedidos de captura internacionales y acusados de delitos graves, como narcotráfico o trata de personas: apunta a cualquier inmigrante con tan solo un procesamiento firme o su equivalente en las Justicias provinciales, es decir, sin siquiera una condena firme.
No obstante, a pesar de la iniciativa del oficialismo, el incremento del número de extranjeros alojados en las cárceles del país no es significativo. En 2008 había en los penales del Servicio unos 1946 internos de otros países. Hasta 2014, el número era de 2046; al año siguiente, ascendió a 2319.
En este contexto, en 2015 solo hubo dos inmigrantes deportados del país, pero al año siguiente, el primero en la gestión de Cambiemos, el número escaló a 33. Hoy, en 2017, ya son 65 los extranjeros expulsados de la Argentina en cuestiones ligadas a la comisión de delitos, es decir, un aumento del 3150% en dos años.